Cada cuatro años, cada vez que asume un nuevo gobierno, el sistema de la Alta Dirección Pública es puesto a prueba en una de sus dimensiones fundamentales. ¿Son capaces de sobrevivir en sus cargos personas nombradas durante el gobierno anterior?

A partir de la crisis política que se generó a comienzos del gobierno de Ricardo Lagos, más conocida como el escándalo de los “sobresueldos”, se aprobó en el Congreso la última gran reforma en materia de modernización del Estado en nuestro país. En esos años se conoció que un número importante de altos funcionarios públicos recibían adicionalmente a su sueldo formal un sobre con dinero en efectivo. Lo aparentemente extendida de la práctica se atribuía a la dificultad del Estado para atraer profesionales competentes al no poder competir en materia de salarios con el sector privado.

Con buen sentido, la reforma que se emprendió no consistió simplemente en aumentar los salarios legales, sino también en la creación del Servicio Civil y del Sistema de Alta Dirección Pública, reduciéndose el número de cargos de designación directa del Presidente de la República. Por esa vía se pretendía, entre otras cosas, abordar las continuas denuncias de captura del Estado por parte de “operadores políticos”, pero sobre todo, procurar garantizar niveles estables de calidad y gestión profesional en los cargos más relevantes de la administración del Estado, entregando un mayor blindaje a dicha gestión respecto de los ciclos políticos.

A partir de esta reforma, los jefes de servicio por ejemplo, si bien siguen siendo nombrados por el Presidente de la República, lo son a partir de una terna o cuaterna que le propone el Consejo de Alta Dirección Pública, luego de un concurso transparente y competitivo que procura colocar el mérito en el centro del proceso. Mecanismo similar también fue implementado para los cargos directivos de segundo nivel en los servicios, en cuyo caso es el propio jefe del servicio quien realiza el nombramiento, un espacio de autonomía concebido intentando poner algo de distancia entre la política y lo técnico.

Sin embargo, si bien para el nombramiento en los cargos se crearon instancias de filtro en base al mérito, para desvincular a las personas nombradas por esa vía no se estableció un mecanismo de la misma naturaleza, permitiéndose que las desvinculaciones se puedan realizar sin ningún tipo de restricciones. No se requiere una evaluación en base al mérito y desempeño de los funcionarios al momento de desvincularlos.

Eso puede explicar una realidad reveladora. Este año, por ejemplo, a la fecha, de los 100 cargos de jefes de servicio que heredó la actual administración en marzo, y que pudieron haber seguido en sus funciones, ya han salido 77. Pero esto no es algo que se haya visto solo en este gobierno. En efecto, el anterior a igual fecha registraba la salida de un 65% de los jefes de servicios heredados del gobierno anterior y que pudieron haber continuado su gestión. Si bien es una cifra más baja que la registrada este año, sigue siendo alta.

De modo positivo, desde su implementación el año 2004, el sistema se ha ido expandiendo a cada vez un mayor número de cargos: de 93 jefes de servicios y 595 cargos de segundo nivel a 143 servicios y 1.175 cargos de segundo nivel. También se ha expandido a cargos que no son parte de la administración central y directorios de empresas públicas. En total estos suman hoy 434 cargos. Recientemente, el sistema también se expandió al ámbito de la educación pública.

Esta progresiva expansión de los ámbitos de acción estatal en que se intenta poner distancia entre el ciclo político y la estabilidad profesional en la gestión, es un signo en sí muy positivo, de validación en nuestra cultura política de uno de los criterios centrales con que se pensó el sistema.

Pero la experiencia nos muestra también que respecto del objetivo de asegurar continuidad profesional en la dirección pública independiente de los ciclos políticos, los avances son limitados. Por cierto, existirán distintas opiniones en cuanto a si ello es algo deseable o no, pero me parece importante que se tenga claridad respecto de que ello hoy no es así. Transcurridos casi 20 años desde la concepción del sistema, sería valioso reflexionar sobre la experiencia adquirida y evaluar posibles reformas que le den un nuevo impulso a los saludables objetivos públicos con que se creó.

Bettina Horst es miembro del Consejo de Alta Dirección Pública.