Queda la impresión de que las normas relacionadas con el pueblo mapuche, propuestas por la Convención, pasaron por alto la trama histórica del mismo, porque hay contextos que explican realidades diferentes que deben distinguirse.

Lo que sucedió durante los enfrentamientos entre españoles y mapuches tiene un desarrollo que puede dividirse en diferentes etapas: con enfrentamientos de magnitudes disímiles, hasta llegar a establecerse “relaciones fronterizas” también de distintas maneras, destacando los “parlamentos”, que fueron evolucionando y permiten apreciar que existió voluntad en ambas partes para terminar con la lucha y lograr un entendimiento. Hacia la independencia de Chile, varias personalidades de diferentes ámbitos —los próceres, claramente— exteriorizaron un sentimiento nacional, animados por un espíritu fundacional e inspirado en la admiración por el nativo araucano, al punto de idealizarlo. Fue hacia mediados del siglo XIX que se manifestó la aspiración de colonizar la región de Los Lagos, La Araucanía y Magallanes, pasando a ser un interés geopolítico.

Se promulgó una ley (1866) que estableció la fundación de poblaciones, dictaminando a su vez las normas para la enajenación de propiedades. Se asignaron a comunidades indígenas reducciones que abarcaron tierras que permitieran subsistencias dignas, claro que bajo criterios occidentales modernos, ignorados entre los mapuches, como también les fueron incomprensibles los conceptos del derecho de esa raigambre. Por cierto, sufrieron engaños “legales” por parte de funcionarios corrompidos, y diversos abusos. No en todos los casos hubo abogados que defendieran los intereses indígenas. También se subastaron de manera pública terrenos fiscales mediante una serie de modalidades que estipulaban el número de hectáreas para chilenos y extranjeros según los integrantes del grupo familiar, y para empresas de colonización. Hubo casos de compras ilegales y otras irregularidades. Con todo, corriendo las décadas, la región tuvo un duradero avance agrícola; fue el granero de Chile. En 1910, producía más del 40% del trigo nacional y otro rubro importante era la ganadería.

Todo esto generó el problema que hoy se trae a colación, sin tener en cuenta su profundidad. ¿Cuál fue la tierra efectivamente habitada por el pueblo? ¿La totalidad? ¿Cómo distinguir ahora la correspondiente a cada comunidad y las reducciones objeto de engaño? En fin, ¿cómo restablecer el dominio territorial de la etnia expropiando los terrenos que son propiedad de particulares, de sociedades o de empresas? ¿Parece razonable demandar autonomía sobre la región de La Araucanía sin considerar su impacto? Para qué decir, el régimen jurídico propuesto. La verdad es que la gran mayoría de la población mapuche se siente integrada a la nación chilena. Además, se puede entender la lógica estatal que impulsó la ocupación de La Araucanía, pero su ejecución pudo ser diferente. Mas, lo que debe restablecerse por todo lo alto —aunque tardíamente por cierto— es el valor de la cultura mapuche, reconocer su relevancia. En eso el Estado decimonónico cometió el mayor de los perjuicios. No le asignó ninguna significación.