Mientras continúan las rondas de reuniones organizadas por el Gobierno para socializar y buscar apoyos a la largamente anunciada reforma de pensiones, no se observan mayores correcciones en los temas de fondo de esta, a pesar de la evidente demanda ciudadana para que los trabajadores mantengan la propiedad de sus aportes al sistema. Hoy el trabajador es dueño de sus fondos ahorrados y no quiere que la política pueda redirigir esos ahorros a bolsillos de otros.

Existe bastante consenso en cuanto a elevar la tasa de cotización desde el actual 10% a probablemente un 16%, pero lo que claramente no está zanjado es el destino de esta mayor cotización. Se ha planteado que el actual 10% se mantendrá como aporte a las cuentas de ahorro individuales de los trabajadores, siguiendo bajo su propiedad, pero que el nuevo 6% financiará un componente de ahorro colectivo —fondo común al cual todos aportan, pero del cual algunos reciben más que otros— y mayores pensiones de los actuales jubilados, esto es, reparto puro y duro. Así, el 6% adicional iría a financiar mayoritariamente pensiones de otros jubilados, no de los mismos trabajadores que con su trabajo lo aportan. El Gobierno ha argumentado que ese nuevo 6% será de cargo del empleador y por ende no corresponde que el trabajador lo reciba en su cuenta de ahorro de individual, ya que no es dueño de ese nuevo aporte.

Si bien la ley puede definir que ese nuevo 6% es de cargo del empleador y en consecuencia no es parte de la remuneración del trabajador, en realidad si es de él. La empresa debe pagar ese 6% adicional solo porque existe ese trabajador, de no estar contratado no tendría que pagar esa cotización nueva. Se genera y paga únicamente porque esa persona está trabajando. Este juego de palabras que se ha buscado instalar pareciera más bien una estrategia para hacer frente a la innegable realidad que los trabajadores quieren que sus cotizaciones previsionales sean destinadas íntegramente al pago de sus propias pensiones. Buscar instalar que la nueva cotización corresponde a recursos del empleador y no del trabajador, y a partir de ello no son los propietarios de esos recursos, es subestimar su inteligencia.

También se ha argumentado que este nuevo 6% debe financiar beneficios de la seguridad social con una lógica de un sistema de seguros. Bajo esta lógica, todos aportan para protegerse ante una eventualidad no deseada —enfermedad o accidente—, pero solo algunos reciben más de lo que aportan en caso de deber enfrentar esa contingencia. Con ello en mente, se ha tratado de comparar nuestro sistema de seguro de cesantía al sistema de pensiones que se busca adoptar.

Si bien en el seguro de cesantía hay un aporte del empleador que financia un fondo solidario, este seguro se creó para proteger al trabajador ante situaciones de pérdida de empleo, que es una situación que se espera que no ocurra. En el caso de un sistema de pensiones, la llegada a la vejez es un dato esperado y en consecuencia, el aporte que se hace a partir del trabajo durante la etapa laboral activa corresponde a un sistema de ahorro forzoso.

Para quienes, por distintas realidades, no ahorraron lo suficiente para la vejez, debe ser el Estado, financiado mediante impuestos generales, el llamado a apoyar a quienes durante la tercera edad viven en condiciones de pobreza. Adicionalmente, mientras el foco está puesto en el destino del 6% adicional de cotización, poco se ha dicho sobre que si no elevamos la tasa de participación en el mercado laboral formal, el aumento de la tasa de cotización no cambiará mayormente nuestra realidad en el mediano plazo.

En efecto, hoy en Chile de la población en edad de trabajar solo un 37% cotiza para su jubilación, en parte debido a que se encuentran trabajando de manera informal y la otra simplemente porque no se encuentran trabajando.

Difícilmente podremos elevar las pensiones del conjunto de la población si la inmensa mayoría no ahorra para ella. Mientras no haya una agenda concreta que apoye una mayor formalización y creación de trabajos, incluso este aumento de la tasa de cotización no generará los efectos planteados.

La seguidilla de aplazamientos por parte del Gobierno de la anunciada reforma de pensiones permite suponer que ha asumido la impopularidad del diseño original. La demanda por mantener la propiedad de los ahorros por parte de los trabajadores es contraria a la propuesta inicial del Gobierno con componentes de ahorro colectivo y de reparto.

Así como todo trabajador entendió, a partir del retiro de los fondos de pensiones durante la pandemia, que los recursos aportados por su trabajo eran propios, difícilmente los podrán convencer de que ahora por simplemente denominarlos “aportes del empleador” dejen de ser recursos que se han generado como fruto de su trabajo.

Mejor sería que el Gobierno no insista en pretender engañarlos a ellos, ni hacerse el leso respecto de lo urgente que es elevar el número de personas que efectivamente ahorran para su vejez.