Cual más, cual menos, llegamos a este punto saturados de debate político y constitucional. Con todo, me temo, no hemos culminado el proceso, por lo que deberemos prepararnos a retomarlo. Nada indica que mañana termine la función.

No se trata solo de la posibilidad de que gane el Rechazo y se retome el proceso constituyente, con una nueva Convención, elección de convencionales, proceso de discusión al interior de ella y debate público, antes de un nuevo plebiscito ratificatorio. Si esos fueran los siguientes actos, todo indica que esa película sería distinta a la anterior. Con un electorado con expectativas diversas; con una Convención de un número más acotado, probablemente electa por listas nacionales o regionales, sin listas de independientes, con menor plazo y con otro quorum para adoptar acuerdos. Probablemente su quehacer resulte algo más parecido al del Senado que a aquel de la Convención disuelta.

El debate constitucional será probablemente más intenso y extenso si gana el Apruebo. No se trata solo de que se lleven a cabo las cinco reformas comprometidas por los partidos de gobierno y el o los consiguientes plebiscitos ratificatorios de esos cambios. ¿Es que habrá otras reformas? Parece improbable en el corto plazo, pues los partidos de gobierno comprometieron solo esas cinco, luego de ardua negociación y difícilmente ellos querrán tensionar la coalición abriéndose a otras modificaciones constitucionales. Eso no significa que la oposición no vaya a presentar iniciativas de reformas y no se verifique debate al interior del Congreso y fuera de él. Pero aun así es improbable que se aprueben otras reformas en los próximos 3 años, en que volverá a barajarse el naipe político.

De ganar el Apruebo, el debate más intenso y extenso estará en el proceso de implementación de la Carta Fundamental. Estamos ante un texto refundacional; uno que rompe con la tradición constitucional chilena y que instala una serie de nuevos principios y puntos de partida del orden público, de una envergadura como no hemos conocido desde 1828. Esos nuevos puntos de partida obligarán a replantearse prácticamente toda la legislación de derecho público existente y a dictar nuevos y sustantivos cuerpos jurídicos. Expertos han calculado que se necesitaría dictar o reformar sustantivamente no menos de 60 leyes, buena parte de las cuales son de vital importancia para la vida en sociedad. Piénsese tan solo en el desafío de modificar todo el sistema de seguridad social, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de Educación Pública, el Código de Aguas, adecuar toda la legislación de vivienda y urbanismo y laboral a las nuevas exigencias y requerimientos constitucionales, reformar la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios. La aprobación de la Constitución no determina el contenido preciso de esas leyes, las que, ciertamente, serán objeto de intenso y extenso debate parlamentario. No conozco gobierno en la historia de Chile que haya pretendido tamaña empresa y ninguno que haya logrado aprobar más de dos o tres proyectos de esa envergadura durante su mandato. Piénsese que la tramitación del Código de Aguas demoró quince años en despacharse. Ahora, ese esfuerzo deberá reiniciarse.

De ganar el Apruebo, el quehacer legislativo y de los gobiernos quedará pauteado al menos por un decenio. Por ello, el proyecto que se vota mañana es, probablemente, el más ambicioso y pretencioso de los intentos de dirigismo político de la historia de Chile.

Pero allí no termina el debate constitucional si gana el apruebo. La Constitución de 1980, otra que, en base a un parámetro ideológico, pretendió dirigir el orden social y económico de la Nación, no logró aceptación social; experimentó, en oleadas sucesivas, intentos por reemplazarla y fue objeto de más de 60 reformas, casi dos por año, probablemente un récord a nivel mundial. Así les ocurre a las Constituciones que pretenden más de lo que razonablemente les cabe ambicionar.

El proceso será largo y lleno de incertezas, más de lo que muchos hubieran querido o previsto. Así suele ocurrirnos cuando entramos en crisis constitucionales. En la del 25 pasamos casi un decenio sumidos en crisis. Ahora llevamos apenas tres años. Es importante la velocidad a la que salgamos, pero más importante aún es que salgamos bien. Dependerá, de manera significativa, de los resultados de mañana.