En política, el peso relativo de cada argumento es subjetivo. Personas que estimo y admiro concluyen lo opuesto a mí con, prácticamente, la misma información. A diferencia de ellos, considero que es mejor para Chile rechazar la propuesta constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre.

Contenidos problemáticos Es evidente que la propuesta tiene elementos valiosos; sin embargo, también hay temas de alta complejidad que no serán fáciles de reparar y que dificultarán nuestro desarrollo.

Entre lo positivo está convertir a Chile en un Estado social, democrático y de derecho (aunque me parece, que en las dos últimas ya lo es) y otorgar reconocimiento y derechos a distintos grupos que hemos postergado por demasiado tiempo. Son paradigmas ya cristalizados y que, con seguridad, estarán en la próxima Constitución que organice nuestra convivencia.

Los problemas, no obstante, también son varios. Algunos ya fueron identificados en el acuerdo de reforma de los partidos del oficialismo. Por ejemplo, la importancia de restablecer la iniciativa exclusiva del Presidente, eliminar la reelección presidencial inmediata y precisar el rol del consentimiento indígena. Son cambios que reducen la probabilidad de que extraviemos el rumbo.

Pero hay otros problemas que serán muy difíciles de cambiar y que, en mi opinión, producirán grandes inconvenientes. Por ejemplo, más allá de su composición, el Consejo de Justicia concentra un poder excesivo y arriesga politizar el sistema. Más allá del tema del endeudamiento local, el modelo de descentralización deja muchos cabos sueltos. La imposibilidad de comercializar las autorizaciones de uso de agua generará un grave costo de eficiencia. Y que la ley no pueda restringir la huelga (excepto en casos excepcionalísimos) abrirá una caja de Pandora.

Por otro lado, hay asuntos que, aunque puedan ser del agrado de unos, no deberían ser parte de la Constitución. Parecen, más bien, amarres ideológicos (como los muchos que dejó la dictadura). Como un péndulo, pasaremos de un régimen en que la titularidad sindical es inconstitucional a uno en que es inconstitucional no tenerla. Lo mismo con el 7% de las cotizaciones de salud y un fondo común. La manera en que la nueva Constitución trata estos asuntos trasluce desconfianza en la capacidad de la democracia para encontrar las mejores políticas públicas.

Ausencia crítica

El mayor problema de la propuesta constitucional quizás sea aquello que no logró plasmar: el sistema político será tanto o más disfuncional que el actual.

Las causas de este error, me parece, son tres: escasa reflexión previa; cierto desprecio por el rol de los partidos y la política tradicional; y un diagnóstico incompleto, o derechamente incorrecto, sobre el “exceso de presidencialismo”.

Si el poder del Presidente fuera tan grande, como se sostiene, habríamos visto a los últimos gobiernos implementando sendos programas. Pero pasó lo contrario: fricción e inacción. El problema, más bien, parece ser la fragmentación, la abundancia de partidos y las dificultades para formar mayorías sólidas. La propuesta constitucional no ofrece nada para solucionar esto. Y el acuerdo de reformas solo se compromete a “analizar” el sistema político para “lograr un mejor equilibrio”.

Incluso si se lograran acuerdos significativos para fortalecer el sistema político, las dificultades de llevarlos a la práctica son enormes, pues se necesitará del voto de los incumbentes. ¿Qué incentivo podría tener un parlamentario para modificar el sistema bajo el cual fue electo pudiendo reducir sus chances? ¿O múltiples partidos en firmar reglas que llevarían a su desaparición? La oportunidad real de hacer cambios al sistema político la tiene un grupo externo al sistema, es decir, una Convención. Lamentablemente, esta no la aprovechó.

Aprender y mejorar

En octubre de 2015, en un encuentro anual de un gremio empresarial, señalé, con convicción, que “si una nueva Constitución deja a la centroderecha, al empresariado, u otro grupo amplio con un sabor como el que la centroizquierda ha sentido bajo la Constitución actual, habremos fracasado”. Lamentablemente, a pesar de los valiosos esfuerzos de algunos, eso es lo que ha sucedido.

Así, la última razón que tengo para rechazar la nueva Constitución no guarda relación con la idea de reformar la actual, sino con la convicción de que Chile necesita una nueva Constitución y de que somos capaces de elaborar una que pueda ser aprobada ampliamente en un plebiscito de salida.

Necesitamos una nueva Convención, paritaria, quizás menos numerosa, con representación indígena, elegida popularmente con reglas que faciliten acuerdos; y que trabaje alrededor de seis meses, sobre una nueva hoja en blanco y con dos tercios de quorum de aprobación. Un sistema de listas nacionales bloqueadas y cerradas podría dar cabida a más expertos y ofrecer más transparencia respecto de qué ideas hay detrás de cada plataforma.

También necesitamos que la derecha no se parapete a partir del 5 de septiembre. Espero no pecar de ingenuo al confiar en que colaborarán para que tengamos una nueva Convención.

En economía se enseña que una opción tiene un valor intrínseco que se pierde una vez que se decide no usarla. Si se aprueba la propuesta constitucional perdemos la opción de escribir una que sea la piedra angular de un nuevo y amplio pacto social.