Una Constitución debiera facilitar y garantizar la democracia, la que puede entenderse como aquel sistema en el que, tratándonos como iguales, resolvemos de modo pacífico nuestras diferencias. En una sociedad pluralista, nuestras legítimas diferencias ante disyuntivas complejas no pueden ser solucionadas por la mera invocación simplista de un principio, menos argumentando superioridad moral; pues típicamente exigen invocar varios principios tensionados entre sí, sopesarlos y, además, hacer cálculos de costos y de efectos no deseados de los caminos alternativos. La Constitución debiera facilitar además gobiernos eficientes, capaces de atender las necesidades económicas y sociales de la población, pero no tan fuertes como para amenazar las libertades.

Votaré Rechazo. He llegado a la convicción de que el texto que nos propone la Convención no facilita la resolución pacífica de nuestras legítimas diferencias. Y no lo hace, en primer lugar, porque el texto no es, él mismo, neutro en aquellas posiciones que nos dividen entre posturas igualmente legítimas. Escoger entre esas posturas discrepantes no es tarea de un texto constitucional. El proyecto toma partido y petrifica opciones legítimas, pero partisanas. Las constituciones no deben ser cartas de triunfo para derrotar a los adversarios políticos. Su carácter supramayoritario no está para propinar esas derrotas, sino para establecer el modo de procesar nuestras legítimas diferencias. Esta es otra Constitución partisana, como lo fue la de 1980. Si se aprueba, es improbable que alcance legitimidad y estabilidad. Ya antes de aprobarla, sus partidarios anuncian cambiarla, mientras la otra mitad del país la execra.

Votaré Rechazo, en segundo lugar, por cuanto el texto augura gobiernos ineficientes. La falta de normas sobre sistema electoral y partidos políticos mantendrá la fragmentación y atomización de partidos con representación parlamentaria que existe hoy y que hace muy difícil lograr eficacia legislativa. La dispersión de partidos pequeños incentiva también las conductas oportunistas de sus parlamentarios. El hecho de que la ley pueda ahora tratar cualquier materia y que los parlamentarios tengan iniciativa en todas ellas, incluyendo gastos, tributos y seguridad social, hace muy probable que se repitan las propuestas populistas e inflacionarias que tanto daño hicieron a la democracia bajo la vigencia de la Constitución del 25.

Votaré Rechazo, en tercer lugar, porque tengo la convicción de que gobiernos ineficientes, como los que facilita la propuesta, no son capaces de garantizar el goce de derechos económico-sociales. No entiendo cómo ni por qué la consagración de estos en la Carta Fundamental permitiría pronosticar su goce universal. Por el contrario, el hecho de que tengan acción de tutela para reclamarlos, sin que medie un acto ilegal o arbitrario, amenaza la responsabilidad política de las políticas públicas. Que los jueces aseguren la provisión de estos derechos, resolviendo casos individuales, sin más criterios universales que el orden de llegada de los reclamantes, solo augura injusticias.

Votaré Rechazo, en cuarto lugar, porque el proyecto amenaza la independencia judicial, al encargar a un solo órgano ad hoc, de composición político-judicial, un conjunto de tareas de tal trascendencia para los jueces, que hará a estos fuertemente dependientes de ese Consejo. La dependencia de los jueces arriesga la imparcialidad de sus decisiones y amenaza la libertad de todos.

Quinto: La democracia es, por definición, una sociedad de iguales. Que los pueblos originarios tengan el privilegio, sin necesidad siquiera de dar razones, a otorgar o negar su consentimiento a medidas que afecten sus derechos, cualquiera sea la justificación de estas y del apoyo que tengan en el resto de la comunidad, es contrario a un principio esencial de la democracia.

Sexto: Me parece que el régimen de las aguas y algunas otras normas en el ámbito económico afectarán el desarrollo y, con ello, el bienestar general.

Por último, y en séptimo lugar, porque no veo probable que la propuesta de la Convención sea un punto de partida cuyos defectos puedan ir superándose con sucesivas reformas. El texto es refundacional. Por ello, requerirá de un esfuerzo de implementación tal, que Congreso y Presidente estarán abocados casi exclusivamente a ello por largos años. No veo cómo esa Carta pueda ir reformándose e implementándose a la vez. Esos esfuerzos se contradicen.

Más vale partir de nuevo que partir mal. Es preferible vadear un pantano que meterse a él para tratar de salir avanzando.