El martes pasado tuvo lugar un atentado del grupo Weichan Auka Mapu en Paredones, Región de O'Higgins. Con este hecho, lo que en Santiago llaman “violencia de La Araucanía”, a cargo de la CAM y otras agrupaciones afines, ahora se extiende a seis regiones chilenas. Anote la fecha: 9 de agosto de 2022, porque me temo que será importante.

Hasta ahora, en la psicología capitalina estas cosas estaban todavía muy lejos. Las élites políticas aún miran para otro lado y el atentado no ha sido la noticia más importante de la semana. Por su parte, los ciudadanos corrientes simplemente deploran estos actos de violencia, pero están lejos de ponerse nerviosos. Sin embargo, el acto incendiario se produjo a 240 km de La Moneda. Se acercan.

Hasta ahora, todos los planes para resolver los problemas de La Araucanía han fracasado. A veces la culpa es de la frivolidad santiaguina, que promueve planes que luego no se ejecutan; en el caso del que tenía mayores posibilidades de éxito, impulsado por el exministro Alfredo Moreno, se vio frustrado por un hecho gravísimo: esa fatídica bala que le llegó a la cabeza al comunero Camilo Catrillanca. De todas formas, parece haber un cierto acuerdo sobre que el problema de La Araucanía tiene muchas facetas y que su solución incluye medidas económicas, promoción social, mucho diálogo y también el uso de la fuerza para poner coto a esa creciente mezcla de narcotráfico y terrorismo. ¿Cómo se hace todo esto en la práctica? No lo sé, pero evidentemente lo grave no es eso, sino que el Gobierno tampoco parece contar con los elementos mínimos para hacerse cargo de él.

De partida, el Frente Amplio tiene graves dificultades en el plano del diagnóstico. De una parte, presenta el problema como un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Repite esta idea una y otra vez, sin el más mínimo sentido crítico. De otra, parece creer que la CAM representa a esa etnia. ¿En qué se basan para pensar algo semejante?

Si atendemos a los incómodos datos, ellos nos dicen que, en esa región, la abrumadora mayoría de los mapuches de carne y hueso vota por la derecha o la centroizquierda. Es decir, muestran una clara preferencia por la democracia representativa tradicional. Y para complicar aún más las cosas, en la última elección de convencionales constituyentes un número aplastante de ellos (77%) eligió sufragar no en la lista propia de los pueblos originarios, sino como el resto de los chilenos. Además, esos compatriotas nuestros son cristianos, lo que, por supuesto, no calza con la idea frenteamplista/PC de que ellos son víctimas de la opresión de una religión europea, a menos que, en un acto de arrogancia intelectual, digan que están alienados, que en realidad no son conscientes de sus deseos más profundos. En suma, el análisis de toda esta situación exigiría un instrumental muchísimo más sofisticado del que hasta ahora han empleado la ministra del Interior y otras autoridades gubernativas.

Un segundo problema es que el Frente Amplio y toda esa izquierda que trata con desprecio a la socialdemocracia tienden a mirar con ojos románticos la violencia que se ejerce contra el “sistema”. Se ve, por ejemplo, en cosas tan sencillas como el uso de poleras con la imagen del Che Guevara, un hombre que mató más gente que Jack el Destripador o cualquier otro asesino en serie. También se constata esta falencia en su incapacidad de condenar la violencia octubrista, a la que incluso atribuyen un papel redentor.

De este modo, aunque podamos decir que los frenteamplistas que nos gobiernan son ellos mismos personas de paz, cuando se ven enfrentados a la posibilidad de reprimir a la izquierda violenta se parecen a uno que se viera forzado a golpear a un superhéroe al que siempre ha admirado. Sería algo así como si uno, a causa de un bien superior, se viese forzado a meterle a Superman un puñado de kryptonita debajo de su capa.

Ahora bien, además de su actitud condescendiente frente a la violencia revolucionaria, la izquierda frenteamplista no tiene las herramientas intelectuales que le permitan comprender por qué el Estado debe tener el monopolio de la fuerza legítima y cómo su ejercicio, cumplidas ciertas condiciones, está perfectamente justificado; es más: resulta algo moralmente bueno e incluso obligatorio para un gobernante.

Ellos se precian de ser buenos lectores. Me alegra que suban los escuálidos índices nacionales en esta materia. El problema es que han leído los libros equivocados. Se han dedicado con pasión a devorar una literatura donde se presenta al Estado que hemos conocido a lo largo de nuestra historia como un instrumento de dominación; a los policías como verdugos, y a la ley bajo la forma de una atadura que impide el libre despliegue de la individualidad. Como consecuencia de esa indigestión intelectual ahora no tienen cómo justificar adecuadamente un estado de emergencia o el uso de armas para repeler la destrucción del orden. Harían bien en agregar a Cicerón o cualquier otro clásico para modernizar sus lecturas.

Para ellos, el orden mismo es la injusticia.

Así las cosas, no nos puede extrañar que se queden paralizados ante esta grave y creciente amenaza; o que constantemente den señales contradictorias; o que sus respuestas sean tardías e insuficientes, y que tampoco puedan enfrentar con serenidad los variados aspectos políticos y económicos que incluye este fenómeno, que al parecer no figuran en sus libros.

Es triste decirlo, pero da la impresión de que ni siquiera saben quiénes son sus interlocutores: ¿es Llaitul?, ¿los emprendedores mapuches?, ¿las personas de esa etnia que se encuentran en situación de extrema pobreza?, ¿los empresarios agrícolas?, ¿las forestales? Quizá piensan que el subdesarrollo económico que afecta a la región se arregla con más Estado frenteamplista, pero menos uniformados: precisamente allí donde el Estado no ha sido capaz de asegurar ni siquiera que la gente pueda salir a la calle o trabajar sin sobresaltos.

Ante este panorama, asoman unas preguntas inquietantes. ¿Cuándo llegarán a Santiago los atentados? Supongo que nadie piensa que su límite norte es Paredones. La ETA comenzó a actuar en el País Vasco, pero después pasó a Madrid.

Es más, ¿cuándo empezarán a matar más gente, a matar en serie? Y en ese caso: ¿quiénes serán esas víctimas? ¿“Solo” empresarios agrícolas y comuneros que se oponen a sus designios? ¿O alguna vez elegirán también blancos dentro de la propia izquierda? Entonces se cumplirán las palabras terribles del intelectual colombiano Nicolás Gómez Dávila: “La izquierda no condena la violencia mientras no la oye golpear a su puerta”.