Uno de los conceptos que Weber acuñó —lo hizo en sus escritos sobre metodología— fue “profetas de cátedra”. Llamó así a quienes formulaban puntos de vista políticos respaldándolos en la supuesta autoridad de una disciplina científica o universitaria.

Eso es lo que acaba de hacer el Consejo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, al rechazar el proyecto constitucional: deslizarse hacia ese quehacer profético que Weber aconsejaba evitar.

En opinión de Max Weber, la tarea de la ciencia consistía en iluminar con la sobriedad de la razón los datos o hechos; dejando al debate ciudadano decidir cómo estimarlos o desestimarlos. La valoración de esos datos o esos hechos era la tarea del ciudadano, del político o del religioso, pero no del universitario en cuanto tal. El catedrático no debía arrogarse el derecho a emitir desde la cátedra unos veredictos decisivos, menos “en nombre de la ciencia”.

No se trata, por supuesto, observó Weber, de que quien tiene una cátedra se abstenga de tomar posición en el debate, solo que no debe hacerlo esgrimiendo su autoridad de profesor o de universitario. Para propagar sus puntos de vista prácticos o políticos, sugiere Max Weber, el catedrático dispone de otros foros distintos a la institución donde cultiva su disciplina: la prensa, el púlpito, las reuniones públicas, los ensayos, todos esos espacios abiertos a la crítica y al debate donde quien escucha o lee es un igual a aquel que perora o escribe. Emitir opiniones políticas o ideológicas desde la cátedra o el puesto de profesor conlleva el equívoco, por ejemplo ante los estudiantes, de que es la ciencia la que las está dictando y autorizando. No es correcto que el profesor promueva sus puntos de vista en calidad de tal, porque en cuestiones ideológicas la ciencia enmudece. Y menos ha de hacerlo en la universidad y sus aulas, puesto que estas conceden (a los profesores) un silencio aparentemente objetivo, incontrolable, que los protege de la discusión y, en consecuencia —concluye Weber—, de las contradicciones.

Las palabras de Max Weber han de ser repetidas estos días en que los universitarios se sienten tentados de envolver su punto de vista con el prestigio del saber universitario. Fue el caso de esa declaración de la Pontificia Universidad Católica. En ella, un conjunto de profesores afirma que el proyecto constitucional no merece su apoyo porque vulnera “la dignidad y libertad de las personas, la unidad del país y la paz social”. ¿Significa entonces que los estudiantes o los profesores que (en contra de lo que ese Consejo declara) aprueban el proyecto están socavando la dignidad y la libertad de las personas o la unidad del país o están dispuestos a consentir se las socave? ¿Se trata quizá de ciegos o ignorantes incapaces de ver lo que los integrantes de ese Consejo ven con total claridad?

Desde luego, esos profesores —todos de merecido prestigio— tienen el pleno derecho de rechazar el proyecto y no cabe duda de que, desde su punto de vista, cuentan con argumentos para hacerlo. El problema es si estos los provee la disciplina que profesan al interior de la universidad o si, en cambio, solo provienen del punto de vista que, en tanto ciudadanos o creyentes, poseen. Porque no se trata de que no planteen su punto de vista: se trata de que no deben hacerlo en el carácter de un órgano oficial de la universidad porque de esa manera, implícita o tácitamente, esgrimen en su favor la autoridad de la disciplina que enseñan.

Pero se trata, se dirá, de una Universidad Católica, ¿acaso eso no los autoriza a formular esa declaración? Por supuesto que sí; pero en tal caso, ella debe hacerse explícitamente en nombre de la catolicidad o de los ideales que inspiran a esa institución, no en nombre del derecho como ciencia. Una cosa es emitir una opinión institucional en nombre de la misión valórica o religiosa que inspira a la universidad, y otra cosa hacerlo en nombre de una disciplina y de la Facultad que la imparte. Una cosa es hablar como funcionario o creyente, otra como académico que sabe que la disciplina que enseña no inclina la balanza de la política.

Lo que vale para la Pontificia Universidad Católica vale también para la Universidad de Chile o cualquier otra.

Estas últimas también incurrirían en esa profecía de cátedra si emitieran declaraciones oficiales de sus órganos en favor de una opción ideológica. Si lo hicieran, o si ya lo hubieren hecho, también estarían sirviéndose del prestigio de la cátedra y de la disciplina que profesan para promover puntos de vista prácticos o políticos y de paso deslegitimando, en nombre del saber, otras opciones igualmente legítimas de sus estudiantes y sus profesores.

La universidad no confiere nombramientos para desenvolver la profecía personal ni debe otorgar privilegio alguno para promoverla. Los profesores no llevan en sus maletines el bastón de mando del estadista.

En suma, tan malo es que el Presidente de la República emplee recursos públicos para promover su punto de vista, como que los profesores esgriman la disciplina que se les ha encargado enseñar para esparcir el suyo.