El referéndum del 4 de septiembre está supeditado a voto obligatorio, con el objeto de evitar o disminuir al máximo la abstención —particularmente alta en la elección de convencionales—, y procurar que participe el mayor número de conciudadanos. Según el padrón electoral, hay aproximadamente 15 millones de chilenos en condiciones de votar.

A diferencia de elecciones presidenciales o parlamentarias ordinarias, donde comúnmente se elige al candidato teniendo en cuenta sus cualidades personales y su pensamiento, a lo más, este referéndum requiere de una preparación distinta, porque se trata de un texto que tiene complejidades y requiere ser comprendido lo más posible. Se compone de diferentes partes. A saber: las bases de la institucionalidad, donde figura la normativa y principios básicos; los derechos y deberes constitucionales, que corresponden a los derechos fundamentales; la estructura institucional, que comprende los tres poderes del Estado y otras instituciones gravitantes en regiones y ciudades. Todo, señalado en lenguaje disciplinar y una conceptualización de carácter intelectual.

Un alto porcentaje de compatriotas cuenta con el capital educacional suficiente como para entender la propuesta en cuestión, pero también debemos advertir la existencia de otra proporción igual o superior de chilenos a los cuales les será difícil. Sabemos que se lee poco en nuestro país y también que no siempre se asimila lo que se lee. Es cierto, hay diversas iniciativas gubernamentales, partidarias, televisivas, universitarias, etc., tendientes a explicar de manera clara y habla sencilla la extensa normativa del texto y sus implicaciones, pero no es seguro que la audiencia —a la cual preferentemente se dirige el mensaje— alcance un nivel de entendimiento suficiente sobre el impacto de la normativa propuesta en la vida personal, comunitaria y el desenvolvimiento general de la nación. Por su parte, se han planificado “campañas” en favor de las opciones en juego y mediante ellas puede circular información deshonesta en algún grado, tendenciosa, que solo el saber ayuda a contrastar, máxime las realizadas presencialmente o por redes sociales, cuyo uso y abuso es masivo.

En este tiempo, una Constitución, para que adquiera legitimidad transversal y represente un auténtico consenso nacional, debe contar con un apoyo superlativo, una mayoría convencida racionalmente de su beneficio. Y es aquí donde la cuestión señalada interpela al Estado de Chile, a todos nosotros, porque representa la brecha social más vergonzosa que arrastramos desde hace décadas: la mala educación pública que reciben la mayoría de los niños y adolescentes de nuestro país. Una formación escolar de calidad es la “llave” suprema que permite superar las estrecheces, desarrolla los países y propicia la estabilidad democrática e institucional. Ciudadanos criteriosos suelen sufragar con detenimiento. De ser así, el proceso que vivimos sería muy diferente.

¿Por qué no realizar una reestructuración educacional asumida como pacto nacional, vigente hasta concluirla a cabalidad? Todo el país debería estar de acuerdo.