De aprobarse la reforma tributaria que comenzamos a conocer, el arrendador de viviendas DFL2 deberá ahora pagar impuestos por el alquiler percibido. ¿Subirá entonces el alquiler? La pregunta es relevante porque solo en la RM habría más de medio millón de arrendatarios potencialmente afectados.

Según el ministro de Economía, Nicolás Grau, los alquileres no subirán y, consecuentemente, todo el impacto tributario recaerá en los propietarios de las viviendas.

¿Tiene razón? Para discernirlo, tenemos que hablar de “rentas”.

En economía se dice que un agente percibe “rentas” en una determinada actividad cuando lo que obtiene a cambio de destinar sus recursos a la misma excede a su “costo de oportunidad”, esto es, lo que podría obtener destinando los mismos recursos a otras actividades.

Desde luego, en cualquier momento del tiempo podrán coexistir dentro de un rubro agentes para los cuales lo que perciben es “renta” —los “rentistas”—, así como otros para los cuales lo que perciben es igual a su costo de oportunidad. A estos últimos, en oposición a los primeros, se les llama “marginales”: son los que, ante una pequeña baja en su retorno, preferirán destinar sus recursos a otras actividades.

La aseveración del ministro supone que todos los arrendadores tendrían “renta”, un margen por sobre su “costo de oportunidad”, que al menos superaría la exención que está siendo eliminada. Solo de ese modo los alquileres no subirían, porque como los “rentistas” no tendrían cosa mejor que hacer con sus recursos, seguirían arrendando al mismo precio y seguirían también, ellos y otros que vengan, comprando viviendas para arrendar, aun después del alza impositiva.

¿Son todos los arrendadores rentistas? Parece que no. En efecto, según ha indicado el ministro de Vivienda, Carlos Montes, habría arrendadores para quienes la eliminación de la exención sí tendrá “algún impacto”, lo que viene a significar, en jerga económica, que habría una fracción de arrendadores “marginales”.

Pues bien. Si hay una fracción de arrendadores marginales, la cosa cambia. Las compras de inmuebles con objetivo de arriendo se reducirán en dicha fracción —los “marginales” preferirán un negocio distinto del arriendo— y, a falta de compras, bajará la construcción de nuevas viviendas. ¿Hasta cuándo bajará? Hasta que las viviendas se hagan lo suficientemente escasas como para que el alquiler suba y retornen los “marginales”, necesarios para completar el mercado.

Así las cosas, mientras en el “mundo de rentas” del ministro Grau los tributos solo afectarán a los propietarios, en el mundo del ministro Montes, bastante más plausible, los efectos impactarán al resto de la economía: subirán, en alguna fracción del impuesto, todos los alquileres —de “rentistas” y “marginales” por igual— y en la transición se desacelerará la construcción, con impacto en la actividad económica.

Preocupantemente, la visión de un “mundo de rentas” del ministro Grau, también subyace a otros aspectos centrales de la reforma tributaria.

En efecto, consideremos, por ejemplo, los nuevos tributos a la minería del cobre. El Ministerio de Hacienda espera que no baje la inversión —del mismo modo a como el ministro Grau espera que no baje la construcción— porque, según sus cálculos, después del aumento de impuestos, la rentabilidad sobre el patrimonio sería de 15% o más, lo que sería “más que suficiente” para seguir invirtiendo. El Ministerio de Hacienda supone, entonces, que en la minería también habría “rentas”: la minería obtendría, incluso después del aumento de impuestos, un retorno que excedería su costo de oportunidad, por lo que, a falta de mejores opciones —análogamente a como lo supone Grau con los arrendadores— la inversión seguiría igual. Pero, se recordará, el “costo de oportunidad” es lo que puede percibirse, con los mismos recursos, en otra actividad. Y, en este caso, la “otra actividad” es seguir haciendo minería, pero en otros países. ¿Cómo lucen esos países?

Veamos. Un reciente informe del FMI indica que la tasa impositiva efectiva promedio a la gran minería en Chile, calculada como la proporción de los ingresos totales de un proyecto que se lleva el gobierno, sería de 38%. Según estimaciones del Consejo Minero, con los nuevos tributos, dicha tasa subiría aproximadamente a 55%. Ello dejaría a Chile con una carga muy por sobre Canadá —Columbia Británica—, que tiene un 40% y también muy por sobre Australia, que tiene un 36%. ¿Por qué seguir invirtiendo en Chile, entonces, si es posible destinar los mismos recursos a esas otras jurisdicciones?

Algo similar ocurre con el novel impuesto a la riqueza. Considere a un empresario afecto al impuesto marginal del 1,8% a la riqueza, que es accionista relevante de una empresa abierta que se transa a 20,4 veces utilidad (promedio IPSA 2017-21). Veamos un nuevo proyecto de inversión desarrollado por la empresa, que genera $100 de utilidad antes de impuesto. De los $100 que reditúa el proyecto, parte entregando $27 al gobierno por impuesto de 1ª categoría. Si retira todos los dividendos, pagará 22% sobre ellos, tributando 22% x $73 = $16,06. El proyecto aumenta la riqueza del inversionista en 73 x 20,4 = $1.489 y sobre eso deberá tributar 1,8%, lo que da $26,8. Sumando los tres componentes, se obtiene que el gobierno se llevará un 69,86% de los réditos del proyecto. ¿Tienen los empresarios tantas “rentas” como para seguir invirtiendo lo mismo después de esa tributación? La respuesta no admite matices.

Se ha dicho que la reforma tributaria solo afectará al 3% más rico del país, sin ulteriores efectos para el resto. Ello descansa en la visión de que habría “rentas” en cada rincón de la economía. Pero ver “rentas” por todos lados se asemeja bastante a ver fantasmas en todas partes, lo que guarda alguna similitud con la paranoia. Y bueno, no se ha inventado aún la “psiquiatría económica”, pero quizá ha llegado la hora de hacerlo.