En la película “Poderosa Afrodita”, de Woody Allen, hay una escena tragicómica en que la actriz Mira Sorvino, que actúa de prostituta y aspirante a actriz dramática (rol que le valió un Oscar), relata que encuentra su vocación actoral en su debut en el cine porno, cuando le toca una escena grupal tipo “ménage a trois” con 3 individuos vestidos de policía que la seducen. A pesar de la natural incomodidad de la situación, ella le confiesa a su coprotagonista que es en ese momento en que descubre que la actuación es lo suyo. Por supuesto, no es esa la escena que le valió el Oscar, sino una actuación magistral donde transita con maestría por una delgada línea que separa la inocencia de la sensualidad, la ignorancia de la inteligencia y la candidez de la estupidez.

Confieso que cuando leo el nuevo texto constitucional y escucho a sus defensores, no puedo dejar de comparar a nuestra democracia con la pobre Afrodita y pensar en varios convencionales vestidos de policía. Todos los principios y valores que inspiran una democracia son violados por este proyecto.

El principio de igualdad ante la ley es reemplazado por la creación de un grupo privilegiado, como son los indígenas, que juegan con “doping” en el sistema democrático. Tienen participación reservada en la “Cámara de diputados y diputadas” y en el Consejo de la Justicia que nombra los jueces de los demás chilenos. Ellos tendrán su propia justicia, territorio, cuasi soberanía y no se podrá modificar ninguno de sus privilegios sin preguntarles.

El principio de una persona un voto se altera dándoles escaños reservados en la nueva cámara creada (que concentra todo el poder) y permitiendo por ley que se creen más etnias y, con ello, más privilegios.

El principio de separación de poderes —piedra angular de nuestra democracia— se erosiona gravemente. El Poder Judicial, que debe proteger nuestros derechos con jueces profesionales, independientes y apolíticos, es debilitado por vía de dividirlo; capturar políticamente su nombramiento (Consejo de la Justicia, donde la política es mayoría y la judicatura minoría) y revisar políticamente cada 5 años su desempeño. ¡Imagínese si alguna vez un juez va a votar en contra de un indígena o de un político si después su calificación y promoción depende de ellos!

Se viola el derecho de propiedad porque, salvo declarar que existe, el texto señala que el “contenido” se fijará por ley, dejando así en el limbo a Andrés Bello y el Código Civil. ¿De qué vale un derecho sin contenido conocido, menos cuando este será fijado por una cámara de diputados tramposa con miembros designados y su protección entregada a jueces nombrados y amedrentados por la política? La propiedad privada no es el privilegio de los pocos, sino que el cimiento sobre el que se construye una sociedad libre. Sin propiedad privada no existe intimidad (cualquiera puede invadir su casa); libertad (un ciudadano no existe si por criticar al gobierno le pueden confiscar su casa o echarlo de su trabajo); economía libre (no hay intercambios voluntarios sin bienes propios); ni progreso (nadie trabaja ni invierte si no puede “apropiarse” del fruto de su esfuerzo).

Una Constitución puede ser un documento que inspire a una nación (EE.UU.); una que permita la opresión de un pueblo (Cuba) o una que dificulte su progreso (Argentina). Esta es una combinación de las dos últimas. Y si vota “Apruebo para reformar” le sugiero leer los artículos 66, 191 y 382 y siguientes del texto propuesto para que no se haga ilusiones. La Constitución de Lagos es reformable porque su columna vertebral responde a nuestra tradición política y jurídica y solo se deben corregir deficiencias, llenar omisiones y modernizar contenidos. Pero la de la Convención —si se aprueba— no es reformable porque se debe cambiar su columna vertebral —el sistema político—, que es disfuncional, antidemocrático e impide nuestro desarrollo.

Pablo Neruda dijo que en Chile no habría revolución hasta que no se publicara en el Diario Oficial. De nuestros votos depende que no se publique.