La senadora Rincón y sus colegas Araya, Flores y Walker han presentado un proyecto para reformar la Constitución vigente, permitiendo que ella pueda ser modificada por cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, en vez de las dos terceras y tres quintas partes que hoy exige el texto para alterar sus diversos capítulos. El hecho de que el Presidente de la República, desde el extranjero y en visita oficial, haya decidido aludir críticamente a esta iniciativa demuestra que estamos ante un acto político relevante.

Las críticas a la iniciativa acusan que ella favorece la opción Rechazo e insisten en que las alternativas se reducen a dos: o se aprueba el texto de la Convención o nos quedamos indefectiblemente y para siempre regidos por la Constitución vigente. (La de los cuatro generales dijo antes el Presidente, en una caricatura que revela nuevamente hasta qué punto la iniciativa es relevante). La moción de los senadores efectivamente puede sumar a la opción Rechazo a personas críticas del texto que se nos propone y también del que nos rige. Ellas verán en esta iniciativa una mayor esperanza de que, triunfando el Rechazo, igual nos encaminaremos —con más facilidad— hacia un nuevo texto constitucional.

¿Estamos ante una pura maniobra de campaña, que solo merece un debate táctico áspero entre quienes están por el Apruebo y el Rechazo? No lo estimo así. Lo primero que cabe tener presente es que, al margen de las preferencias de cada cual, es posible que el texto de la Convención sea rechazado. En tal caso, efectivamente nos mantendremos regidos, sin solución de continuidad, por la Constitución vigente, la que solo podría ser modificada por los tres quintos o los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, según se trate de reformar unos u otros de sus capítulos. Para alterar los mecanismos de reforma se requieren dos tercios. La Constitución vigente, al margen de sus aciertos y errores, se encuentra desfondada, ha perdido su legitimidad. No resulta razonable que, si gana el Rechazo, con la probable crisis que ello traerá, el país la enfrente por mucho tiempo regido por una Constitución carente de legitimidad social.

Los presidentes de los tres partidos de derecha han comprometido su apoyo a esta iniciativa. Los quorum de reforma fueron el gran modo que tuvo la Constitución del 80 de imponer un modelo económico y social. Si bien el texto constitucional tuvo y mantiene algunos rasgos ideológicos, especialmente en materia de educación, salud y seguridad social, no estuvo allí la clave de su potencia para limitar el avance de proyectos económico-sociales divergentes a los del gobierno militar y perfectamente democráticos. El cerrojo estuvo y está en los quorum. Primero, porque las principales leyes que avanzaron el modelo económico-social neoliberal fueron dictadas antes de 1990 y protegidas por un quorum especial supramayoritario. Por años ese quorum resultó inalcanzable para las fuerzas gobernantes, aun cuando contaran con mayorías, por el sistema electoral y los senadores designados, los que tampoco podían ser suprimidos por el alto quorum que se requería para ello.

La historia de la transición chilena hasta hoy, como puede verse, es una historia de quorum y la derecha ha entendido siempre su importancia para la mantención de su ideario. Que ahora se declare dispuesta a renunciarlos no es entonces un hecho menor o baladí. ¿Mantendrá esa promesa inalterable si gana el Rechazo por un margen apreciable? Bajar los quorum ahora asegura una fecha de término de la Constitución vigente, cualquiera sea el resultado del plebiscito de septiembre, pues sin ellos no habrá fuerza política capaz de sostenerla.

Aprobar ahora la propuesta de los cuatro séptimos presentada por los tres senadores democratacristianos es adquirir un seguro para un camino razonable en el evento de que gane el Rechazo. La Constitución vigente debe ser reemplazada tarde o temprano y más vale facilitar desde ya ese camino. Resistirse a bajar los quorum para cambiar la actual Constitución, implica anteponer cálculos electorales al bien de Chile, pues implica favorecer el Apruebo, no en base a los méritos del proyecto de la Convención, sino en razón de los defectos de la Constitución que existe y a costa de mantenerlos.