“Todo es igual… nada es mejor…” dice el tango. Permítame preguntarle algo: ¿es usted de los que creen que para producir progreso económico da exactamente lo mismo, por ejemplo, vivir en la realidad sindical de Argentina que en la de Chile?

No escribo esta columna para hablar de temas laboral-sindicales, sino para referirme a la afirmación de algunos analistas que dicen no ver riesgo alguno para nuestro país en el proyecto de Constitución.

¿Da lo mismo que todo el sector público tenga derecho a huelga o no? ¿Da lo mismo que los sindicatos tengan el monopolio de la representación laboral y se transformen, en la práctica, en obligatorios? ¿Da lo mismo que la negociación colectiva sea entre la empresa y sus trabajadores o que, sea por sector de la economía o, incluso, por región territorial? ¿Da lo mismo que la huelga pueda declararse por cualquier interés que definan los sindicatos —y sin límite de tiempo— y que la ley no pueda limitar ese derecho?

Las preguntas anteriores no son meramente retóricas, pues todo aquello está en el proyecto constitucional. Asumo que si alguien piensa que nada de aquello implica problema alguno para el futuro económico de las personas, seguramente no podré hacer mucho por convencerlo. Pero vale la pena darle una mirada de conjunto a otras normas que, de manera concreta o potencial, implican riesgo para la libertad económica y nos inclinan hacia las recetas que tanto daño han causado a América Latina.

Es un hecho que los países que gozan de mayor libertad económica, certeza en relación a las normas básicas de un Estado de Derecho y horizontes de estabilidad en las que afectan la inversión, no solo progresan a mejores niveles de ingresos para las personas sino también para el Estado y el financiamiento de las promesas de un “Estado Social”. Los países libres en materia económica tienen en promedio un nivel de ingreso per cápita de US$ 50.620, mientras que en los países no libres el nivel de ingreso promedio es de US$ 5.910. El 10% de la población de menores ingresos en los países libres tienen un ingreso promedio de US$ 14.400, mientras que en los no libres es de tan solo US$ 1.549.

¿Es la libertad económica un lujo que se pueden dar solo los países cuando ya alcanzan mayores niveles de ingresos o es ella necesaria para alcanzarlos? Si no se quiere mirar la realidad chilena, es evidente desde China a Venezuela, la correlación entre grados de libertad y desarrollo. Entre 1980 y 2019, China fue liberalizando su economía, mientras que Venezuela bajó del lugar 16 al último en el ranking mundial.

La propuesta constitucional, al menos en 10 áreas distintas, implica retrocesos en materia de libertad económica.

¿Dará lo mismo que se elimine de la Constitución la exigencia de que las empresas públicas estén sometidas a las mismas reglas que las privadas?

El derecho de propiedad se debilita cuando se elimina la garantía de pagar por el daño patrimonial efectivamente causado por una expropiación y al eliminarse la obligación de pago al contado. Supongo que los que propusieron esas eliminaciones están de acuerdo conmigo, que no dan lo mismo… por algo lo aprobaron. En la misma línea, los cambios en materia de derechos para el uso de agua y de concesiones mineras también crean áreas de borrosa falta de certidumbre respecto a la propiedad o derechos sobre recursos esenciales para una parte importante de nuestra economía.

Asimismo, me remito a lo que muchos han advertido en cuanto al debilitamiento de la autonomía del Poder Judicial, a las propuestas de restitución de territorios que crean dudas absolutas sobre la propiedad de una parte enorme de las tierras del país, sobre costas, montañas y todo lo que está entremedio, en el contexto de propuestas de devolución.

¿Es indiferente para la libertad de comercio y nuestras relaciones comerciales que la Constitución declare a América Latina y el Caribe como zonas prioritarias en sus relaciones internacionales?

Y obviamente no da lo mismo la eliminación de la norma —de apoyo históricamente transversal— que limita al Presidente de la República la iniciativa legal en materia de gasto fiscal, ni tampoco la creación de empresas públicas, tanto a nivel regional como municipal, sin mayores restricciones que una ley de quorum simple y la posibilidad de endeudarse de los gobiernos subnacionales.

Recientemente, el ministro de Hacienda señaló que “si se inició este proceso no es para hacer una Constitución igual a la anterior, es para hacer algo diferente”. Tiene razón, es para hacer algo diferente… pero mejor.