Estamos acostumbrados a que el debate en torno al aumento del salario mínimo se argumente como un trade-off entre el beneficio a los contratados y el daño a los cesantes y los que perderán su empleo. Pero en el caso del anunciado aumento del salario mínimo el “beneficio a los contratados” no será necesariamente tal y solo subsistirá el potencial de daño.

Recordemos que anteriormente la promesa de llevar el salario mínimo a $500.000, además de ser central en el discurso de campaña del Presidente Boric, se planteó revestida del carácter de un imperativo ético. Supongo evidente que, cualquiera sea la visión política desde la que se opine, también es un imperativo ético lograr que la menor cantidad de chilenos estén condenados a no poder soñar ni con salarios mínimos, reajustados o no, porque simplemente están cesantes u obligados a migrar a un empleo informal.

El camino para elevar este salario de los actuales $350.000 a $400.000 este año —y si la inflación sigue subiendo, llegar hasta los $410.000—, de alguna manera grafica que es más fácil cambiar un guarismo en una ley que aumentar los salarios en el mundo real y que la realidad es más cruda que las buenas intenciones plasmadas en la legislación. En efecto, a pesar de que el sueldo mínimo el año 2019 era de $301.000, la mitad de la población ocupada recibía un ingreso igual o inferior a $401.000. Este sueldo promedio solo considera a los que tienen un trabajo, ya sea formal o informal, porque para los que no tienen un empleo su ingreso es cero.

Compartiendo con el Gobierno la necesidad de mejorar los ingresos del trabajo, discrepo respecto del camino que han decidido tomar. Con un mercado laboral que sigue deprimido y una economía que no muestra señales de recuperar la capacidad de crecimiento, me parece que optar por profundizar y ampliar el programa de Ingreso Mínimo Garantizado —una alternativa que no encarece la contratación de trabajadores y que se hace cargo de los dos imperativos éticos involucrados en este tema— es el camino a seguir.

Es sabido que el aumento del salario mínimo le impone costos adicionales a la generación de empleo y afectará la decisión de mantener o realizar nuevas contrataciones. Eso lo sabe este gobierno, a tal punto que anuncia se entregará un subsidio ($22.000) transitorio a las empresas de menor tamaño que en parte compense este mayor costo.

La prioridad debe seguir siendo la creación de empleo. Hace cuatro años tuvimos la más alta tasa de ocupación en nuestra economía, 58,7% durante el trimestre enero-marzo del 2018. Hoy la tasa de ocupación es cuatro puntos más baja, alcanzando un 54,9%. Dado que la población en edad de trabajar ha aumentado en estos años, para mantener esa tasa de ocupación se requiere crear más de 600.000 nuevos puestos de trabajo. Si lo vemos por sexo, el desafío se hace aún más patente. En el caso de las mujeres, para alcanzar la ocupación de hace 4 años, se requiere crear 260.000 nuevos puestos de trabajo, esto es un 7% más de los que tenemos hoy. Y en el caso de los hombres, se requieren casi 350.000 puestos de trabajo adicionales.

Si de planteamientos “éticos” se trata, la meta en materia de empleo debería ser incluso más ambiciosa. Si queremos llegar al nivel de los países de la OCDE, el empleo debe aumentar en un 11%, esto es un millón de puestos de trabajo adicionales.

Distintos anuncios del Gobierno nos anticipan un creciente costo de contratación. Reducir el límite máximo de la jornada laboral a 40 horas, aumentar el pago obligatorio de las gratificaciones que la empresa paga a sus empleadores, así como generar un nuevo impuesto por trabajador que deberá pagar la empresa a un fondo de ahorro colectivo previsional, apuntan en esa dirección. Todas estas, mientras nada se anuncia en cuanto a medidas que permitan atraer nuevas inversiones, desarrollar nuevos negocios o facilitar el emprendimiento.

En este contexto, la realidad es que para los trabajadores el aumento del salario mínimo a $410.000 no representará mayormente mejora alguna, pues con un subsidio actual del orden de $60.000 desde el programa de Ingreso Mínimo Garantizado (que se suma al salario mínimo actual), hoy ya reciben $410.000. Lo que se está haciendo es simplemente transferir el costo del subsidio a los empleadores.

Habiendo escaso cambio material para los trabajadores, difícilmente se puede argumentar desde una perspectiva ética en defensa de este aumento, especialmente cuando “la cuenta” la van a pagar muchos que hoy están y seguirán simplemente al margen, o bien desempleados o bien trabajando en forma informal.