A solo semanas de que concluya el trabajo de la Convención Constituyente, son cada vez más quienes ya tienen su voto decidido para el plebiscito de salida. A decir verdad, muchos lo decidieron hace tiempo, desde antes de que comenzara el proceso. Sin embargo, es interesante que los que aún no lo deciden son quienes inclinarán la balanza el próximo 4 de septiembre. Sostienen, razonablemente, que quieren ver un texto terminado para evaluar su calidad. Y, asimismo, verificar qué posiciones toman los distintos liderazgos relevantes para ellos.

Si bien aún no conocemos el producto final, hay contornos del proceso que van quedando claros.

Como han comentado algunos analistas, la Constitución tendrá una serie de elementos de las Constituciones de Bolivia, Colombia y Ecuador. Más allá de los detalles aún en construcción (y que, sin duda, son relevantes), el texto será abundante en derechos sociales garantizados, profundamente descentralizador al punto de proponer autonomías, particularmente estricto en protección medioambiental y dará un tratamiento exclusivo al mundo indígena. La incertidumbre respecto a la intensidad con la cual se apliquen estos cambios alarman al sector privado.

Aunque son solo tres los casos, es útil examinar cómo les fue a esos países luego de instalar sus respectivas constituciones, por ejemplo, comparando la década posterior y la década previa a su nuevo texto y, también, en relación con otros países.

Si bien el crecimiento promedio disminuyó un poco comparado con la década previa a cada Constitución, se mantuvo estable respecto del crecimiento del mundo y de la región. Incluso, la inversión como porcentaje del producto aumentó bastante, tanto en términos absolutos como en comparación al mundo o la región. No hubo un colapso, como algunos pesimistas podrían haber imaginado.

Más aún, la distribución del ingreso, según el índice de Gini publicado por el Banco Mundial, mejoró varios puntos entre ambas décadas, tanto en Bolivia como en Ecuador (la información de Colombia no está disponible). Fue un avance por encima del que se vio en general en la región. Aunque esos países mantienen distribuciones más desiguales a la nuestra, se trata, sin duda, de un logro.

No fueron constituciones tímidas en gasto público. La razón gasto fiscal a PIB aumentó en promedio 10 puntos porcentuales entre la década previa y la siguiente. Más de la mitad de estos mayores gastos se solventó con mayores ingresos fiscales, pero también hubo un mayor déficit.

Fueron cambios profundos, pero que no hundieron a esos países. Tampoco los llevaron a ser desarrollados.

Más preocupante es que el nuevo sistema político que tendrá la Constitución no parece garantizar una mejor democracia. Los convencionales no lograron acordar el crucial sistema eleccionario ni el rol central que deben jugar los partidos políticos. Aunque se avanzó, al menos, en no reproducir el sistema que llevó a la Convención, la excesiva fragmentación continuará.

Lo acordado —presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico— necesita mayores detalles, pero ya está claro que una mayoría transitoria tendrá mayor poder. Sin ningún quorum calificado, con una asamblea fuerte, una serie de reglas que atenúan el poder del Ejecutivo y la mencionada fragmentación, no es claro que nuestra democracia se vea robustecida. Dejan muchas dudas, también, los cambios al Poder Judicial.

Es cierto, lo que tenemos hoy está funcionando pésimo. Basta con ver las votaciones sobre los retiros de pensiones. Pero lo que se ofrece como alternativa tampoco parece garantizar un sistema político robusto.

Según Samuel Huntington, “la esencia de la democracia radica en la posibilidad de que los gobernantes en ejercicio puedan ser desplazados del poder en las elecciones siguientes”. En el ampliamente utilizado proyecto Polity V, que intenta medir el grado de democracia, Chile obtiene el indicador máximo de 10 desde 2006. Si se comparan las décadas anteriores y posteriores, tanto Bolivia como Ecuador retrocedieron con sus nuevas constituciones (de 9,5 a 7 y de 6,6 a 5, respectivamente). Y tuvieron a Morales y Correa por un tiempo prolongado. Es clave que nuestras nuevas reglas eviten un resultado de este tipo.

Por último, algo no muy alentador es que es casi seguro que, sea cual sea el resultado del plebiscito, este será estrecho. El resultado de la elección de los constituyentes y la dinámica propia que tomó la Convención dejaron fuera de la mesa a un sector de la sociedad. La compleja situación económica y de seguridad pública, así como la pérdida de apoyo del gobierno, también afectarán el resultado.

Es probable que estemos muy lejos de la aprobación por 88,5% que logró la Constitución española, y bastante abajo de los 61,4% y 63,9% que lograron, respectivamente, las de Bolivia y Ecuador. Por lo mismo, el asunto constitucional seguirá acompañándonos por un buen tiempo, ya sea por su compleja implementación, ya sea por la necesidad de enmendar errores, o, en el otro extremo, por la necesidad de iniciar otro proceso.

Un proverbio chino dice que hay tres cosas que no pueden volver atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Todo indica que se perdió la oportunidad de tener una Constitución moderna, apoyada transversalmente. Probablemente no será catastrófico. Pero eso no es suficiente.