La administración Boric y su ministro de Educación tienen frente a sí una complicada agenda en este sector. Hay seis asuntos que demandan especial atención.

Por lo pronto, el verdadero desastre —mayor a todo lo esperado—, según la información disponible, se habría producido en el terreno de los aprendizajes de infantes, niñas, niños y jóvenes por la interrupción de la escolarización durante dos años. Se observan rezagos generalizados en áreas cognitivas esenciales. En paralelo, alteraciones socioemocionales entre los alumnos que se manifiestan en dificultades de convivencia, retraimiento, exasperación, conflictos entre pares y con los profesores, inestabilidad del ánimo y deterioro de las relaciones familiares.

La reacción del ministro frente a este cuadro ha sido correcta. Ha llamado a perseverar en el retorno a clases, no cerrar escuelas y cuidar la presencialidad, base imprescindible de los procesos formativos. Pero se requiere más de las autoridades del sector. El sistema escolar necesita orientaciones, prioridades, apoyos, medios y recursos. Sobre todo confianza del ministerio, de modo que cada colegio pueda trabajar sin interferencia y trabas.

Un segundo asunto son las situaciones latentes y abiertas de violencia y sus desbordes en los colegios, alimentadas en parte por los ajustes a la pospandemia. Las causas de fondo van más allá de la coyuntura, sin embargo. Apuntan a fenómenos sociológicos de envergadura como disolución de lazos familiares y comunitarios, desconfianza en las instituciones, cultura posmoderna del todo va, reacciones ante estados de anomia, brotes anarquistas, afirmación de identidades disidentes, sectarismo de las redes sociales y una dificultad patente del Estado para mantener el orden frente a los comportamientos hobbesianos.

En relación con los dos asuntos anteriores, la agenda de desafíos reclama con urgencia más y mejor información, medir y reunir evidencia, echar a andar estudios, convocar la experticia disponible y concebir y diseñar acciones más sofisticadas frente a los desajustes pospandémicos y a las expresiones de violencia entre los jóvenes. El gobierno de Boric se precia de tener, y tiene, personal altamente calificado; una generación de jóvenes doctores (Phd) portadores de una impronta científico-tecnocrática. No podría entenderse, por lo mismo, que no movilizase esa masa crítica de inteligencia para hacer frente a los problemas más complejos de la sociedad. Sería una tragedia repetir el ciclo fatal de desatención, ignorancia y falta de movilización intelectual, pedagógica y técnica que terminó por arrollar al Instituto Nacional y a los demás colegios emblemáticos de la educación pública.

La delicada cuestión del empleo juvenil es un cuarto asunto que el Ministerio de Educación debe abordar en conjunto con otros ministerios y agencias gubernamentales. Es un desafío permanente pero más urgente ahora que la situación laboral de los jóvenes muestra signos de deterioro y se encamina hacia un horizonte poco halagüeño, particularmente para los egresados de la enseñanza secundaria y los graduados de la educación terciaria. Las condiciones internas para el crecimiento del empleo son poco favorables. Y los riesgos de las revoluciones tecnológicas en curso vuelven aún menos propicio el futuro. Hay pues suficientes señales de alerta que obligan a tomar en serio este asunto y a actuar en consonancia.

Corremos el riesgo de una extendida frustración de expectativas que, ciertamente, puede multiplicar las situaciones de anomia y las reacciones agresivas. Desde hace rato hay síntomas alarmantes de subempleo de habilidades y pérdida de valor de las credenciales. Las instituciones de educación superior no parecen preocuparse; los empresarios reclaman pero no inciden en las políticas; los sindicatos no asumen las realidades del capitalismo híper tecnológico y el gobierno se focaliza en los deudores CAE, insuflando la espiral de expectativas. Es un cuadro negativo. Falta realismo y no distraerse con cantos de sirena. Urge poner el crecimiento del empleo como prioridad absoluta del Gobierno o no llegaremos a puerto.

El Gobierno mantiene un relativo silencio frente al quinto asunto crucial de la agenda, cual es, el de la educación temprana y el cuidado de los niños. Esta mudez resulta un contrasentido en una generación dirigencial que se supone aspira a echar las bases para un nuevo ciclo de políticas de equidad en el sector educativo. Existe un amplio consenso social y técnico de que cualquiera política seria para igualar oportunidades debe partir por los infantes, en las salas cunas y jardines infantiles. ¿Cuáles son las prioridades del ministerio? ¿Qué metas ha definido? ¿Cómo espera financiar sus propuestas? ¿Cuándo entrarán en operación?

El último asunto relevante que debe preocupar al Gobierno y a la sociedad es cómo serán incorporados el derecho a la educación y la libertad de enseñanza en la Carta Fundamental. El articulado respectivo, aprobado ya en la comisión, será discutido próximamente en el pleno. Más allá de la enrevesada retórica convencional, muestran una razonable continuidad con la trayectoria de nuestro sistema educacional. Hay excesos de adjetivación y aún persisten imprecisiones y ambigüedades que, de mantenerse en el texto, deberán aclarase después por vía legislativa. Con todo, la redacción propuesta garantiza el derecho a la educación y la libertad de enseñanza dentro de los parámetros propios de un sistema mixto de provisión que, sin nombrarlo como sí hace la Ley General de Educación, seguirá siendo conformado por establecimientos estatales y no estatales. La idea que solo lo estatal es público y que lo público es necesaria y únicamente estatal queda flotando en el espacio discursivo, pero no aparece (por ahora) en la Carta Fundamental. En cambio, algunas autoridades de Gobierno parecen no entender aún que tienen a su cargo el sistema nacional en su conjunto y no solo una parte del mismo con el cual sienten afinidad ideológica. Todos los establecimientos que forman parte del régimen público de educación deben ser tratados con igual responsabilidad, al igual que sus estudiantes. Los mismos principios de igualdad de trato, responsabilidad y régimen público valen también en el caso de la educación superior, sin perjuicio de las diferentes modalidades de gestión institucional reconocidas por la ley.