Hay una marcada mayoría ciudadana que quiere que los trabajadores sean dueños de sus fondos previsionales. La duda sobre si la propiedad sobre esos fondos sobrevivirá se ha instalado en el centro del debate de la reforma previsional del Presidente Boric y de las propuestas que se están trabajando en la Convención Constitucional. Alertas sobre “manotazos” a los ahorros acumulados y acusaciones de fake news se cruzan con las promesas de pensiones dignas.

Desde una realidad en que los trabajadores son dueños de sus fondos, que incluso son heredables en caso de que el afiliado fallezca, en que nadie puede tocar lo ahorrado por un trabajador y en que el componente solidario de nuestro sistema de seguridad se financia íntegramente con impuestos generales, políticamente ya está perfectamente dibujada la amenaza de control político de los fondos previsionales.

El Presidente, sin embargo, ha sido enfático en asegurar que “lo que han ahorrado los trabajadores es de ellos y eso se va a mantener”.

Resulta difícil visualizar cómo aquello es compatible con una reforma que termine con las cotizaciones a las actuales AFP. Recordemos que hoy ellas solo cobran una comisión a quienes están cotizando —se encuentran con un trabajo formal— y no a la totalidad de los afiliados. De los 11.360.000 afiliados, solo les cobra una comisión mensual a los casi 6 millones de cotizantes. Entonces a futuro, ¿cómo se financiará la administración de los fondos si las administradoras ya no recibirán nuevas cotizaciones? ¿Se les permitirá cobrar una comisión en función de los fondos acumulados? ¿A todos por igual? ¿Distinto por saldo en la cuenta de ahorro? ¿Habrá que pagar dos comisiones? ¿Una que administra los ahorros previos y otra por la administración del fondo colectivo nuevo?

¿Se puede descartar que el Gobierno deje extinguirse las AFP para que las personas trasladen “voluntariamente” sus fondos acumulados a este nuevo fondo colectivo? No. En este caso no se podría hablar ni de expropiación ni de manotazo, sino que de “muerte natural” de la propiedad de los fondos al verse los afiliados obligados migrar con sus ahorros al fondo colectivo.

¿En cuanto a dicho fondo de ahorro colectivo, es compatible con que los trabajadores sean propietarios de sus fondos aportados? Difícil.

Si bien no se conocen detalles de los beneficios que se pagarían con los recursos de este fondo colectivo, su creación apunta a pagar pensiones por sobre lo ahorrado a quienes han ahorrado menos y por tanto, pensiones más bajas a quienes han ahorrado más que el promedio. En consecuencia, el trabajador no es dueño de lo que ahorra. Al menos la mitad de los cotizantes recibirán menos de lo que aportan.

A ello se suma la amenaza de control político sobre los fondos. Esta también viene desde la Convención Constitucional. De acuerdo a lo que se está discutiendo, la futura Cámara de Diputados y Diputadas podrá modificar —por mayoría simple— el sistema de seguridad social, sin requerir siquiera el patrocinio del Ejecutivo. Es decir, se termina con la iniciativa presidencial exclusiva en esta materia y con la aprobación por quorum calificado por parte del Congreso. Si se aprueba la reforma previsional que ha planteado la actual administración y se aumenta la cotización para este fondo colectivo a un 18% de las remuneraciones, ello implica que al año se recaudarían cerca de US$ 16 mil millones. Recursos cuyo destino quedará a merced de una mayoría simple de parlamentarios. El riesgo está a la vista, salvo de los que prefieran no ver.

Vale la pena tener presente que de los 15 órganos autónomos cuya incorporación a la Constitución se está discutiendo, ninguno tiene por objeto la administración de los ahorros previsionales. La reforma previsional presentada durante el segundo mandato de la Presidenta Bachelet se hacía cargo de la importancia de blindar la administración de los fondos previsionales de las mayorías políticas de turno. En dicho proyecto, junto con crear un fondo de ahorro colectivo, se creaba también un órgano autónomo de rango constitucional que velaba por la correcta administración de los recursos. Nada de esto está presente en la discusión constitucional actual.

En resumen, no solo está amenazada directamente la propiedad de los fondos ya acumulados por los trabajadores y, desde luego, de sus futuras cotizaciones, sino que también se está pavimentando el camino para el control político de los fondos, sin cortapisas ni freno alguno.

En este contexto, supongo que aquella promesa de entregarles a los trabajadores un “vale por”, técnicamente llamadas “cuentas nocionales” en las que nocionalmente se reconocerían los ahorros individuales, viene a quedar finalmente en evidencia como una promesa vacía y de mal gusto a los trabajadores.

Superada quedará la discusión de si los ahorros de un trabajador son suyos o se los darán a otro, pues la realidad es que los fondos previsionales simplemente no serían de ningún trabajador.