La Convención se entusiasma consagrando, ya de manera inamovible, “regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales”. Precisa que esas regiones, comunas y territorios indígenas y especiales estarán dotados de “autonomía política, administrativa y financiera”. Asimismo, se ha aprobado que estos territorios tendrán patrimonio y personalidad jurídica propios. También que habrá en ellos participación política vinculante de sus habitantes, sin más límites que el respeto a la Constitución, a los derechos fundamentales y a la naturaleza.

Autonomía es una expresión que significa que una persona u organización, al menos para hacer ciertas cosas, no depende de nadie. La Convención no ha definido esas ciertas cosas que esos territorios podrán hacer sin depender de nadie, limitándose a listar las amplias materias que cubrirá: autonomía política, administrativa y financiera, características que solo tienen los Estados. Los límites específicos no son a las competencias de estos territorios sino una prohibición de atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile y no permitir la secesión territorial.

Tras estas propuestas, me parece, está el legítimo impulso de descentralizar, aunque se vaya más allá de lo que conviene a un Estado con la fuerza y competencia necesaria para solucionar los problemas de la gente.

En el caso de los territorios indígenas, creo percibir en los convencionales también la idea de que esas comunidades alcanzarán mejor su plena realización (su buen vivir) en la medida que se autogobiernen, incluso con su propia justicia. El año 2016, en una visita a la región, el actual Presidente declaraba: “Hoy estuvimos en el territorio liberado de Temucuicui …”.

En Chile hay y ha habido territorios autónomos liberados del Estado: Colonia Dignidad fue uno. Otras son las poblaciones en las que domina el narcotráfico. Temucuicui autónomo es una tercera. No digo que sean lo mismo, ni que en su interior ocurran los mismos delitos. Pero tienen en común que en ellas no hay presencia del Estado o esta es muy débil; la ley chilena no impera; en su interior se cometen delitos e incluso se vive de ellos, y los extraños no pueden ingresar a ellos sin la autorización de quienes ejercen allí el poder. A propósito del intento de la ministra del Interior de ingresar a Temucuicui, el lonko de su comunidad “autónoma”, Víctor Queipul, afirmó que esas autoridades nacionales estaban “equivocadas porque no saben con quién deben hablar”, dejando claro que si no lo hacen con su venia y bajo sus condiciones, serán repelidos por las armas.

La mirada identitaria romántica imagina que basta que las pequeñas comunidades territoriales se autonomicen y autogobiernen para que reinen en ellas una efectiva igualdad, una perfecta democracia y todos gocen de buen vivir. La realidad es muy otra y Temucuicui lo demuestra. Allí donde una comunidad se libera del Estado, alguien toma el poder, alguien manda, al punto de decidir quién puede entrar a “su” territorio. Hay suficientes casos de condena judicial a miembros de esa comunidad para aseverar que el tráfico de drogas cunde en ella. ¿Qué otros abusos se cometen en esa comunidad en contra de los hombres y especialmente de las mujeres que la habitan? No lo sabemos, pues allí no reina la libertad de expresión y de información, sino el temor. Como lo experimentó la ministra Siches, allí se impone el poder de las armas (automáticas) y ese poder, no sujeto a la ley, tiende al abuso y a la corrupción, según está más que acreditado en la historia.

Con todos sus defectos, la república democrática, con sus leyes iguales para todos los habitantes de la Nación, su libertad de expresión, su transparencia y su Poder Judicial único, es una mejor y mayor garantía de libertad, de respeto a los derechos humanos y de buen vivir que la ley de los territorios “liberados”.

La Convención no va a imponer un país dividido, pero sí uno segmentado, con todas las dificultades que eso va a tener para que el Estado solucione con eficacia los problemas sociales, pero sobre todo, con el riesgo cierto de que en esos territorios autónomos y liberados reine el abuso y la corrupción. Lo prueba Temucuicui, con sus leyes internas, su justicia, sus autoridades y sus armas. Aunque sean distintas, lo prueban también las poblaciones tomadas por el narco, y antes, Colonia Dignidad.