Una manera de entender el proceso político chileno —desde el estallido hasta el presente, con un nuevo gobierno pronto a asumir sus responsabilidades— es como una progresiva expansión del espíritu del 15-N, día en que la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria firmaron un Acuerdo por La Paz Social y la Nueva Constitución.

En efecto, desde entonces, algo más de dos años, ha primado la voluntad de resolver los conflictos de común acuerdo y por mayoría de votos. Es decir, encauzándolos por la vía institucional y manteniéndolos allí. Es un logro notable si se piensa que en los días y las semanas siguientes al 18-O prevaleció el espíritu de revuelta, del desbordamiento de la institucionalidad y de creación de un poder popular paralelo. Esto es, el espíritu del octubrismo.

Una continua prédica contra los acuerdos, confundiéndolos mañosamente con una oscura cocina o con arreglines exentos de cualquier ideal, comienza a ser desplazada por el sano sentido común democrático. Este sostiene que la política consiste justamente en conciliar posiciones discrepantes, buscando atender en lo posible a todas las ideas e intereses en juego. Significa, por lo mismo, la renuncia absoluta al uso de la violencia, para recurrir, en cambio, a la participación, deliberación y votación conforme a reglas preestablecidas.

El regreso a la política de los acuerdos supone revitalizar la democracia, que últimamente ha estado en ebullición. La calle ha tendido a normalizarse; se completó un intenso ciclo electoral a nivel nacional, regional y local; la polarización al interior de la clase política se ha reducido; se eligió un nuevo gobierno que representa un generalizado recambio de las élites del poder y se halla en marcha, con final incierto, un acalorado proceso constituyente. Todo esto, con sorprendente fluidez, continuidad normativa, renovación de ritos republicanos y un grado importante de atención pública.

El octubrismo, en tanto, ahora como un eco evanescente de la revuelta, se mantiene vigente todavía entre algunos sectores de la Convención Constituyente. Se manifiesta allí, ante todo, por un lenguaje rupturista, refundacional, censurador y maximalista. Llama a remover de raíz el orden existente —en abstracto, un “modelo neoliberal”— y a reemplazarlo por una suerte de Estado de colectivos identitarios, moralizantes y horizontales, capaces de autogobernarse en función de unos códigos a los que atribuyen valor absoluto.

El octubrismo es una utopía anacrónica, quizá arcaica, según tituló Vargas Llosa su magnífico libro sobre la obra de José María Arguedas. Es colectivista en un tiempo de individuos, autonomía personal, libertades, opciones y lazos contractuales. Desconfía de la política, los acuerdos y la democracia.