Dentro de todos los temas que ha de decidir la Convención, uno de los principales es la definición del sistema político y, dentro de él, si acaso habrá de existir una cámara o, en cambio, dos. Si se opta por la primera alternativa, el Senado desaparecerá.

¿Qué es lo que subyace a ese debate?

Lo que parece subyacer es la cuestión del peso que se asigne a las mayorías.

La multiplicidad de órganos con representación y con similares facultades legislativas (como ocurre hoy con la Cámara de Diputados y el Senado) renovados por parcialidades, en tiempos distintos, tiene el efecto de moderar a las mayorías, puesto que se les concede la última palabra; pero solo a condición de que se consoliden o mantengan en el tiempo. O, para decirlo de otro modo, un Legislativo doble no da el poder de decidir a quien obtiene la mayoría en una sola jugada o dos, sino que exige varias jugadas antes de conferirlo.

Es verdad que la existencia de dos cámaras hace más lento el proceso legislativo; pero sus defensores exhiben esa característica como una virtud. Al ralentizar el proceso, se dificultan los cambios bruscos o radicales, los legisladores están obligados a abundar en las razones que poseen (o con el tiempo, a cambiarlas). Y de esa forma, arguyen los partidarios del bicameralismo, se minimiza la posibilidad de cometer errores y de adoptar decisiones injustas.

Así entendido, el debate acerca de si ha de haber una o dos cámaras es relativo al poder de las mayorías. Por eso, los puntos de vista en debate deben examinarse en el contexto más amplio de otras decisiones atinentes al mismo tema.

Entre esas otras instituciones, se encuentra el control constitucional.

El control constitucional del proceso legislativo y de las leyes (al modo en que ocurre en Alemania o Francia) es también una forma de limitar las mayorías, asegurarse de que ellas, por poderosas que sean, no puedan pasar por sobre la Constitución.

Ahora bien, en el actual debate constitucional se ha sugerido entregar a la Corte Suprema el control ex post de la constitucionalidad de las leyes, es decir, que sea esa Corte la que, a propósito de asuntos particulares, pueda declarar inaplicable la ley. Pero al no existir Tribunal Constitucional, el Legislativo debería cuidar por sí mismo su respeto a la Constitución. La producción del derecho legislado carecería de control.

Como es fácil comprender, la suma de una sola cámara legislativa, junto a la ausencia de control constitucional, instituiría a la mayoría con un formidable poder.

Y es sobre ese fondo que ha de juzgarse la cuestión del sistema político: si acaso la mayoría debe ser fortalecida o, en cambio, limitada. Este es el debate subyacente. Y es imprescindible explicitarlo.

Si se miran los últimos treinta años se advierte con facilidad que la mayoría ha estado expuesta a múltiples obstáculos. Quorums supramayoritarios, una Cámara Alta que en sus inicios era en parte designada, un sistema electoral que consideraba que un tercio o poco más era equivalente a los dos restantes, una práctica de distribución del poder entre dos coaliciones, predominancia del saber técnico por sobre la voluntad política, etcétera. Todo esto explica que el tema de las mayorías y el poder que se les conferirá esté en el centro del debate y asome por aquí y por allá.

Plutarco (en sus “Vidas paralelas”) cuenta que, en una alocución ante el Senado, Catón el Viejo dejó caer higos de África que impresionaron a todos por su tamaño y belleza. Entonces dijo que ese fruto crecía en un lugar, se refería a Cartago, que estaba apenas a tres días de navegación. Y entonces exclamó: “Carthago delenda est. ¡Hay que destruir Cartago!”. Hoy no hay higos que dejar caer en la Convención, pero el poder está a la vista de todos, motivo por el cual es fácil comprender que se escuche ¡Senatus delenda est!