Hoy vence el plazo para ingresar las iniciativas populares para la nueva Constitución. Se presentaron más de 50 mil iniciativas. La página web habilitada para este fin destaca que 1.853 fueron aceptadas. De este total, llevan la delantera los derechos fundamentales, con 736 iniciativas. Pero, para pasar a ser discutidas, deben superar la valla de las 15 mil firmas. Mientras escribo esta columna, solo 12 cumplen con este requisito. De estas iniciativas, dos tercios corresponden a derechos fundamentales, tres se relacionan con medio ambiente, y una promueve un Banco Central autónomo. Lo más sorprendente es que las iniciativas que más firmas han logrado son “Con mi plata No. Defiende tus ahorros previsionales” (38.440) y “Cannabis a la Constitución ahora” (36.735). Es la era de los derechos o, mejor dicho, del derecho.

La palabra derecho no solo se refiere a la disciplina que hoy lidera la Convención —no olvidemos que hay solo un economista y 66 abogados—. Un “derecho” también dice relación con lo propio, con el individualismo y con un emergente individualismo identitario.

Hace 60 años, James Buchanan y Gordon Tullock publicaron su clásico e influyente “Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy”. Este libro inició lo que hoy se conoce como el “public choice”. Esta disciplina dentro de la economía, que está muy relacionada con la ciencia política, pretende explicar y comprender el comportamiento y la toma de decisiones en la arena política. Para ponerlo en simple, la política puede entenderse a la luz de la racionalidad económica, del individualismo metodológico. Aunque por cierto la realidad es más compleja, somos individuos de carne y hueso. Y el resultado de este proceso finalmente dependerá de 154 convencionales.

Ese individualismo clásico se ha convertido en un individualismo identitario. La irrupción de los independientes, en un esquema electoral que promovió la paridad, los escaños reservados y los nuevos rostros, creó un grupo diverso y distinto. En la Convención no se habla de bancadas, como en el Congreso, sino de colectivos. Algunos tampoco hablan de diversidad, sino de disidencias. Y como ocurre en cualquier grupo humano, se crearon facciones y nuevas facciones dentro de esas facciones. A la luz del “public choice”, todo esto no debe sorprendernos.

Pero a ratos asoma un impulso tribal. Lo propio, lo subjetivo, lo que en mi mundo es bueno y correcto —baste recordar el “buen vivir”— se impone por sobre la razón y la moral. Esta tendencia a imponer las culturas, los deseos y anhelos, a soslayar lo objetivo para proyectar lo subjetivo, a desacreditar al otro sacrificando la tolerancia, es preocupante. Bajo el imperio de lo propio, donde lo particular ignora lo general y lo que yo creo es lo que vale, emerge este nuevo individualismo identitario.

En su último libro, Carlos Peña expone con implacable claridad los eslabones de la política de la identidad. En nuestro proceso “todos quienes comparecen en el debate parecen más bien individuos divididos por género, etnia o clase, más animados por una orgullosa voluntad de autoafirmación que por una de diálogo” (p. 149). Como plantea nuestro más lúcido intelectual público, las identidades deben participar del debate público persuadiendo, pero no imponiendo sus puntos de vista. La amenaza de lo que debe hacerse o decirse atenta contra la libertad. Y la arrogancia intelectual, contra ese necesario patriotismo constitucional.

Los constructores de la nueva Constitución fraguan el cemento de esa sociedad que somos todos. El derecho sobre lo propio no es lo mismo que imponer lo propio como un derecho. Las identidades son una condición de la libertad, pero no una imposición contra ella. En fin, el individualismo, como suponían Buchanan y Tullock, sigue haciendo de las suyas