El 18-O, por medio de una acción tan violenta como coordinada, le fue arrebatado el poder a la Presidencia.

El poder de jure continuó estando en La Moneda, pero el de facto pasó a la calle —en el sur a los campos— y desde allí, con el oportunismo irresponsable de congresistas de oposición, devino en un parlamentarismo propio de los períodos más decadentes de nuestra historia republicana. La “Primera Línea”, a rostro cubierto, fue recibida y homenajeada en las dependencias de nuestro antiguo Congreso Nacional. Desde el mismo Congreso se terminarían luego propiciando mociones para indultar a violentistas, rebautizados como presos políticos.

“Las rebeliones suceden, pero las revoluciones se hacen”, nos recuerda Richard Pipes. La izquierda más radical procuró hacer de la asonada una revolución, sobreinterpretando el descontento respecto de temas específicos —pensiones en particular— como un rechazo a todo nuestro ordenamiento jurídico y económico. Pretendió así propagar la idea que “los 30 años” de progreso más macizo de nuestra historia independiente no eran más que una ilusión, un malabarismo estadístico de economistas. La centroizquierda, elemento central de estabilidad política en dicho período histórico, agachó la cabeza y miró a otro lado cuando se trató de detener la escalada de violencia que terminaría haciéndose crónica. El punto cúlmine de este proceso revolucionario fue la elección de constituyentes, donde una derecha zigzagueante, una centroizquierda dubitativa y una concesión inexcusable de “escaños reservados”, devendría finalmente en una composición de la Convención propicia al cambio total. En eso consisten las revoluciones.

Pero la izquierda radical, conocedora de las dinámicas revolucionarias, quiso incluso cambiar la Constitución sobre la marcha. Hecha del poder de facto, e ignorando prerrogativas presidenciales, propició tres retiros previsionales, con el apoyo oportunista de congresistas “de derecha”. También, doblándole la mano al Ejecutivo en lo que respecta a la potestad sobre el gasto público, empujó una política de transferencias que dejaría al déficit público como porcentaje el PIB en el rango más alto de los últimos 50 años, solo superado por el de 1972. Y en toda ocasión que tuvo, se opuso a cualquier medida tendiente al restablecimiento del orden público.

Las consecuencias de estas políticas —propias de la izquierda radical— no se han hecho esperar: aguda depreciación de la moneda, aumento de inflación, aumento de tasas de créditos hipotecarios, etc. El intento sistemático por destruir el mercado de capitales —porque de eso tratan los retiros y no de otra cosa— ha terminado causando un flagelo a la clase media, hija de los “30 años”, que lejos de ser un invento es quizá el resultado más remarcable de dicho período.

Los resultados eleccionarios conocidos ayer, entonces, bien pueden leerse como un plebiscito por partida doble: 1) Plebiscito a lo que podría calificarse como un gobierno de izquierda radical, que es lo que hemos tenido en la práctica y 2) Plebiscito a nuestros últimos “30 años”. La respuesta fue contundente; huelgan comentarios.

Desde luego, la partida aún no termina. Boric aún tiene chances, pero cuenta con un muy breve período de tiempo para modificar su discurso revolucionario por otro de corte reformista: deberá ensayar un transformismo que dejará perplejo a sus compañeros de ruta. Por su parte, José Antonio Kast deberá hacerse cargo de descontentos genuinos que existen; cometería un error si ahora él sobreinterpretase los resultados como una aprobación acrítica de todo el ordenamiento jurídico económico imperante: los “30 años” tienen varios bemoles que atender. Y en cuanto a la centroizquierda, es de esperar, por el bien del país, que ahora sepa leer por qué palpita el alma nacional.