Si bien las decisiones del Gobierno y del Congreso siempre tienen algunas fallas, las malas ideas, errores y traspiés se están acumulando peligrosamente. Los ciclos electorales promueven estas conductas —cómo olvidar, por ejemplo, la reforma laboral previa a la elección Lagos-Lavín. Aunque lo que estamos viviendo no tiene parangón desde el regreso a la democracia. El descuadre fiscal, el riesgo de sobrecalentamiento macroeconómico, las distorsiones de precios y políticas mal diseñadas, entre otros problemas, pueden terminar mal.

¿Chilentina?

Además del abultado déficit fiscal, del fondo soberano para emergencias casi agotado y del aumento de las tasas de interés, hay, al menos, tres problemas “en construcción”.

El primero es haber extendido el IFE universal hasta noviembre, básicamente, porque hay elecciones (y porque se cree que ello podría frenar un cuarto retiro del fondo de pensiones). Es una gran anomalía que se entregue este elevado subsidio de manera universal y en estas circunstancias. Inicialmente, era un suplemento para hacer cuarentenas con tranquilidad. Luego, fue para apoyar a las familias. Pero ya no hay cuarentenas y la reactivación es una realidad. ¿Hasta cuándo se va a prorrogar? ¿Desplegaremos IFE al primer problema que enfrentemos?

Un segundo tema es la fijación de precios a través de subsidios directos o de dudosas ingenierías financieras impuestas al sector privado. Hoy están congelados los precios del transporte público y de la electricidad para los hogares, y se intenta sujetar el precio de las gasolinas (*). Desmontar estas distorsiones será una tarea titánica (Argentina lo vivió) y, lo que es peor, abundarán las voces por incluir otras. Una cosa es apoyar a las familias y otra, congelar precios.

El tercer problema es no tener una guía o ancla fiscal para el presupuesto 2021. Hasta hace dos años, gracias a la regla fiscal, el Gobierno proponía cierto aumento del gasto fiscal y nadie en el Congreso ponía en duda la cifra. Era el resultado de aplicar la regla. El año pasado, el acuerdo de mediados de año por el Fondo Covid dejó amarrado el presupuesto para 2021. Posteriormente, los llamados mínimos comunes aumentaron el gasto a lo que hoy parece ser un máximo absurdo.

Es una incógnita qué sucederá con el presupuesto para 2022. Lo claro es que si el Gobierno decide negociar el aumento de gasto —si propone que caiga en 20%, pero termina aprobando 10%—, le dejará otro presente griego más a los próximos gobiernos. Será el precedente de que la política fiscal se negocia y que la regla fiscal, definitivamente, ha muerto. En este cuadro, retoques metodológicos al balance estructural parecen una broma.

El regreso de los “nerds”

Pero no todo es exceso. Al parecer, estamos dejando atrás la etapa en que cualquier argumento más técnico caía en el vacío o se cancelaba por neoliberal. En las últimas semanas ha habido ejemplos de que un debate más racional aún es posible. Un debate que asuma la existencia de dilemas y restricciones presupuestarias.

Un grupo invitado por la Asociación de AFP analizó, con calma, la idea de truncar las tablas de mortalidad para aprovechar, supuestamente, elevadas herencias que estarían dejando los jubilados por retiro programado (según había argumentado el profesor Basso). Examinados los antecedentes, se concluyó que, bien calculadas, esas herencias no eran significativas. No cabe duda de que el sistema necesita reformas, pero estas deben ser técnicamente sólidas o, más que soluciones, crearán nuevos problemas.

Por su parte, el Senado está buscando un buen equilibrio en la discusión del royalty a la minería. Es evidente que la Cámara de Diputados se pasó varios pueblos y sus autores intelectuales deberían reconocer lo feble de sus cálculos. Varios expertos están trabajando para posibilitar, simultáneamente, más recaudación y un mayor crecimiento de la industria. Ojalá el Gobierno se abriera a participar en una discusión mejor informada.

Sobrecalentamiento, inflación y retiros de AFP

Lo que sí debe preocuparnos es el riesgo de gasto excesivo y de mayor inflación. Producto de la política fiscal de este año, sumado a los US$ 50 mil millones retirados desde las AFP, el consumo ha crecido a tasas que no son sostenibles. Un cuarto retiro profundizará el desbalance (además de dañar aún más las futuras pensiones).

A todo esto, debemos agregarle un importante aumento del tipo de cambio, algo a lo que no estamos acostumbrados. En el pasado, cuando había exceso de gasto, teníamos un peso fuerte que moderaba las presiones inflacionarias. En la actualidad, está pasando lo contrario. El Banco Central no la tiene fácil y deberá evaluar si acelera el ritmo de aumento de tasas.

El Senado, en cambio, podría sorprender y rechazar el cuarto retiro. Sería una decisión impopular, pero de la mejor tradición de seriedad. Parecido a quitarle los fósforos a un niño.

(*) Transparencia: el autor es director de la distribuidora CGE. El segmento de generación es el afectado.