Ayer terminó el plazo para hacer efectivo el primer “único y excepcional” retiro del 10% desde los fondos de pensiones. Si no alcanzó a hacerlo, no se preocupe. Aún tiene hasta el 10 de diciembre para solicitar el segundo retiro y también tiene hasta el 28 de abril del próximo año para efectuar el tercero, libre de impuestos al igual que el primero.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales, ya se han retirado y pagado US$ 50 mil millones, un 25% del total de los fondos acumulados a junio del año pasado, antes que se abriera esta posibilidad. Esto significa que un 35% de los afiliados quedaron sin fondos previsionales y otros tantos con ahorros muy bajos. Ello implica una caída del total de fondos en relación con el PIB de un 81,7% en junio del 2020 a un 68,3% para este año, solo considerando lo ya solicitado y pagado.

Ya corren fuertes rumores que desde el Congreso se empujará un cuarto retiro y de concretarse, un 40% de los afiliados quedarán sin ahorros. Un cuarto retiro pudiera significar una salida de US$ 15 mil millones adicionales, lo que sumado a lo que aún pudiera retirarse en el marco del tercer retiro, podría alcanzar los US$ 70 mil millones, un 35% de los recursos acumulados hasta mediados del año pasado.

Menores ahorros previsionales implican menores pensiones hoy y mañana, las que deberán ser, al menos en parte, complementadas con mayor gasto fiscal en el marco del Pilar Solidario.

Al mes de mayo, del total de pensiones pagadas por las AFP, compañías de seguro e ISP, considerando tanto el componente autofinanciado como los recursos fiscales entregados en el marco del Aporte Previsional Solidario (APS), un 16% del total pagado corresponden a aportes fiscales, mientras que el 84% restante corresponde a ahorros de los propios afiliados. Si a ello se suma el aporte fiscal en el marco de la Pensión Básica Solidaria, se tiene que el aporte fiscal asciende a un 27% del total de recursos pagados en pensiones. Lo anterior deja de manifiesto la importancia de los ahorros previsionales, lo que de seguir drenándose con consecutivos retiros requerirá de cada vez mayores aportes fiscales.

Mientras que por un lado se apoyan iniciativas que siguen drenando los fondos previsionales, en paralelo todo indica que se está cerrando la discusión en torno a la reforma previsional impulsada por este gobierno, lo que probablemente termine luego de ya casi tres años de tramitación en una nueva mejora del Pilar Solidario. Así, quedarían sin cambios los temas más de fondo de nuestro sistema de pensiones, y por ello también menos populares, como lo es el aumento de la tasa de cotización. Por ello, dada la restricción política que ha enfrentado una reforma más integral, no solo de este gobierno, sino que también del anterior, pudiera ser que llegó el momento de cambiar el eje de la discusión centrada hoy en el mito de que si se termina con la administración y gestión privada de los fondos, mejorarán nuestras pensiones.

Robustecer el Pilar Solidario no solo puede abordarse con una mirada de corto plazo o de un ciclo electoral. Ello depende de la disponibilidad de recursos fiscales también hacia el futuro, ya que el envejecimiento de la población se traduce en que habrá un mayor número de pensiones que se deberán financiar. Hoy la población mayor a 65 años alcanza los 2,5 millones, al año 2050 se estima que esta cifra aumentará a 5,4 millones, representando en un futuro el 25% del total de la población proyectada para el país.

Distintos programas de gobierno para las elecciones presidenciales de noviembre proponen una pensión básica universal, lo que desde un punto de vista de simplificación del sistema y de incentivos al ahorro, resulta positivo. Pero lo que no queda claro es cómo estas promesas se financiarán en el mediano y largo plazo, lo que pasa a ser su principal debilidad.

En las conversaciones de cómo seguir mejorando el Pilar Solidario se debe también considerar la creación de una pensión mínima, que hoy en la reforma impulsada por el Gobierno es del orden de $330.000 para quienes hayan cotizado 30 años. Pero esta pensión mínima debiera ser financiada con impuestos generales y no con un impuesto al trabajo, tal como se ha propuesto. Ello para mantener el concepto de solidaridad de nuestro sistema de pensiones entre todos los contribuyentes en su conjunto y no solo entre aquellos que reciben ingresos por su trabajo formal.

Por último, reconociendo la debilidad de nuestro mercado laboral, que se ha resentido aún más luego de esta pandemia, se debe reenfocar la discusión de una reforma más integral a nuestro sistema de pensiones hacia el fortalecimiento del ahorro voluntario, generando los incentivos para que trabajadores junto a sus empleadores aumenten los ahorros para la vejez.

Es necesario sincerar el debate previsional, considerando la reiterada amenaza populista de mayores retiros de fondos, con la restricción política de no poder modificar aspectos más estructurales, así como también considerar la presión fiscal que las distintas propuestas significan.