En los próximos años, es muy probable que el gasto fiscal aumente bastante, al menos respecto de 2019. Será un tema en la elección presidencial y en la Convención Constitucional. Hay buenas razones para que sea así. El país está construyendo un nuevo pacto social que demanda mayor acceso a servicios públicos, más seguridades y mejor distribución.

Sin embargo, como cualquier familia, enfrentamos una restricción: no podemos gastar por encima de nuestros medios todo el tiempo. La restricción presupuestaria, bien lo sabe una madre o un padre, no es un invento, sino algo tan concreto como la ley de gravedad. Y suponer que la podemos esquivar con algún truco, ya sea en el hogar o en la nación, produce consecuencias parecidas.

Nuestra situación fiscal es delicada. Por un lado, están los abultados y tardíos gastos derivados de la pandemia y, por el otro, las poco halagüeñas perspectivas de crecimiento de mediano plazo. El reciente Informe de Finanzas Públicas señala que este año tendremos un gran déficit, equivalente aun 7,1% del PIB y un 9,5% si se mide en términos estructurales. Es decir, por cada tres pesos que el fisco recibe, gasta cuatro.

Como los mayores gastos están asociados a la pandemia, el informe también supone que el gasto del próximo año disminuirá 19,6% respecto del gasto efectivo en 2020 y 4,4% respecto del presupuesto aprobado inicialmente. Después de este ajuste titánico, se supone que el gasto crecerá apenas 0,4% promedio anual entre 2023 y 2025; lo que, unido a un crecimiento del PIB de casi 3% por año, permitirá que la deuda pública se estacione, cómodamente, en un 38,5% del PIB.

Lamentablemente, este escenario es una ilusión. En los últimos 30 años, el gasto creció en promedio 6,2% al año y, cuando menos lo hizo, en 2003, creció 1,5%. También, como la economía perderá vigor, habrá presiones para un gran plan reactivador. Y, por supuesto, no será fácil retirar ayudas si el desempleo es elevado. No cuesta nada proyectar que la razón deuda a PIB sobrepase un 50% en pocos años.

¿Cómo nos afecta?

Hay quienes perciben la idea de tener cuentas fiscales sanas como un tecnicismo abstracto y etéreo, un propósito sin demasiadas consecuencias. Otros creen que podemos endeudarnos como país europeo, como si Chile estuviera allá. Para algunos, se trataría incluso de una defensa de la “perspectiva neoliberal”, que solo le pone cortapisas a un “enfoque de derechos”. Lamentablemente, no es un tecnicismo, es sentido común.

Un déficit amplio y persistente tiene consecuencias en nuestro diario vivir: los niveles de deuda pública que se avizoran significarán tener tasas de interés como las de Colombia o Uruguay. Y eso afecta a todos, porque las tasas de interés para una pyme, un crédito de consumo o uno hipotecario se calculan a partir de la tasa a la que accede el gobierno más una prima de riesgo.

Quizás el aspecto más palpable para una familia sea el impacto del mayor costo de un crédito hipotecario.

Si hoy en Chile se pide un crédito a 20 años para adquirir una casa de UF 2.000 y con un pie de 20%, se puede obtener una tasa de 3,5%, lo que implica un dividendo de $277 mil (más seguros). En promedio, ese monto se divide en $200 mil para pagar la deuda cada mes y $77 mil en intereses. El mismo crédito en Uruguay tendría un interés de $120 mil (tasa indexada de 5,25%) y en Colombia de $153.000 (tasa indexada 6,5%). En concreto, son dividendos más altos.

¿Quién gana con esos mayores intereses? Por supuesto, aquellos con más capital, lo que no ayuda al esfuerzo que tenemos que hacer para mejorar la distribución del ingreso.

El riesgo de llegar a destiempo

En el fútbol, una fracción de segundo puede hacer una gran diferencia. Llegar tarde a la pelota puede provocar una infracción.

En política fiscal los tiempos son otros, como si la tarjeta roja llegara años después de la infracción. Pero llegar tarde tiene consecuencias.

Si exigimos al Estado chileno mayores gastos y transferencias, es crucial que ello vaya acompañado de una mayor recaudación. Demorarse excesivamente y acumular deuda en el intertanto no solo generará el problema de mayores tasas de interés (ejemplificado más arriba), sino que dejará al país desprotegido para gastar en contingencias (como un terremoto o una nueva pandemia) y obligará a destinar una parte cada vez mayor de los ingresos del fisco a pagar intereses por la deuda adquirida.

Existen buenos ejemplos de países que aumentaron su carga tributaria en la medida que se desarrollaban. Pero también hay casos que demuestran los peligros de llegar a destiempo, es decir, de gastar en exceso sin tener los ingresos. En los últimos cinco años, Brasil logró ingresos por poco más de 30% del PIB (7 pp por encima de Chile), pero destinó más de 5% a pagar intereses por su deuda.

Es necesario aumentar las capacidades del Estado, la urgencia del nuevo pacto social lo exige. Ello no constituye un problema si el gasto requerido avanza gradualmente y de la mano de nuevos ingresos. Porque si no es así, vaya lío fiscal que tendremos.