La discusión sobre el impuesto a la minería privada avanza en dos frentes: con un proyecto mal diseñado e imprudente, aprobado por la Cámara de Diputados y, afortunadamente, de manera reflexiva entre académicos y expertos tributarios. Es necesario que ambas perspectivas confluyan.

Hace tres meses, en una columna llamada “Impuestos a la minería: merecemos más”, sostuve que parecía necesario aumentar la fracción de la renta minera que captura el Estado, pero que la discusión se hacía sobre una base peligrosamente feble y poco informada (una excepción: el trabajo de B. Leiva de 2020, que en ese momento no conocía).

Tres meses después, la situación es otra. Tenemos más información, pero también algunos pasos en falso.

Las universidades han aportado el aspecto positivo organizando seminarios, acumulando información valiosa y gatillando fructíferas discusiones. Destaca la conferencia coorganizada por las universidades Católica, Católica del Norte y de Chile, la cual contó con la presencia de James Otto, el mayor experto mundial en tributación minera.

Uno de los aportes fue el trabajo de M. Jorrat en el que calcula que las rentas de la minería del cobre privada fueron del orden de 2,2% del PIB anual en 2010-19 (en la década previa fueron mayores) y el Estado se apropió prácticamente de la mitad de esas rentas (en la década previa fue 30%). Leiva, con un método diferente, llegó a estimaciones no tan distintas.

Ha quedado claro que la renta es muy heterogénea entre yacimientos, además de volátil en el tiempo. Definir un nuevo royalty sin tomar esto en cuenta podría tener graves consecuencias para la inversión. Lo mismo sucedería si el análisis se focaliza solo en períodos de precios elevados.

En su conferencia magistral, Otto hizo ver su sorpresa por la falta de estudios que acompañen el proceso legislativo. Sostuvo que era imprescindible tener una discusión más informada. También, que se debía avanzar en transparencia y que las concesiones de exploración debían usarse o perderse, nunca acapararse.

Respecto del royalty mismo, Otto alertó del dilema entre recaudar más hoy y tener una base tributaria menor futura (uno de los mecanismos es qué parte de una mina eventualmente se explota, como explicó L.F. Castillo en Ciper). En su experiencia, los países deben apuntar a una tasa de impuesto efectivo del orden de 40 a 50% para maximizar la recaudación en el tiempo. Menos, sería regalar recursos; más, arriesgaría el desarrollo de la industria.

Es importante no confundir la tasa de impuesto efectiva con la renta que se apropia el Estado. La renta es, por definición, una fracción de las utilidades. Así, los impuestos a los que apunta Otto podrían ser coherentes con apropiar algo así como 3/4 de la verdadera renta (ricardiana).

La consultora EY presentó sus cálculos de tasa de impuesto efectiva en Chile actualizando algunos supuestos que se habían criticado en versiones previas. En mi lectura, la tasa efectiva en Chile está unos puntos por debajo de 39%.

Recientemente, aprendimos que las estimaciones de renta minera, de López, Sturla y coautores, están muy sobrestimadas. Los datos que utilizan, calculados originalmente por el Banco Mundial, fueron revisados fuertemente a la baja, resolviendo el puzle que la renta sea mayor que el propio PIB minero. Para 2010-17, la nueva renta del BM es menos de la mitad que la reportada previamente.

Por último, cabe felicitar al Consejo Minero por publicar las fechas en que terminan las invariabilidades tributarias (¿no debería ser tarea del Gobierno esto?).

Sin embargo, la sensatez no ha predominado en todas partes. El nuevo royalty aprobado por la Cámara de Diputados es un ejemplo. Además de intentar disimular su inconstitucionalidad llamándolo “compensación”, se trata de un proyecto lleno de problemas.

El más grave es que la escala de impuestos propuesta es completamente desmesurada. Parte cobrando 3% de la venta, desde un precio en que en promedio la minería tiene pérdidas, para luego aumentar rápidamente. En US$ 4 por libra, llega a 22% de las ventas, algo no visto en otros países. Además, al anclarse en precios nominales, solo aumentará en el tiempo, sin considerar si hay o no renta.

Basta con un par de cálculos para darse cuenta de cuán absurda es la propuesta de la Cámara. Leiva estimó que, si se hubiese aplicado en la década pasada, la mayoría de los yacimientos habrían tenido una rentabilidad muy por debajo de lo que se espera al invertir en esta industria. Nosotros calculamos que la recaudación anual del royalty en 2012-19 habría sido 13% del PIB minero, en vez del 1,4% efectivo. En Australia, que tiene las jurisdicciones con mayores impuestos mineros del mundo, fue 7% de su PIB minero, en el mismo período.

En estos tres meses se ratificó que hay espacio para aumentar el royalty actual, especialmente para recaudar más en períodos de precios elevados. También aprendimos que las chapucerías en este sector clave pueden suceder y ser muy costosas. El Gobierno y el Senado tienen la palabra.