La educación, por décadas un objeto prioritario del discurso presidencial, un eje fundamental de los programas de gobierno, y un asunto prominente de la agenda pública, ocupa ahora, en la práctica, un lugar modesto.

La Cuenta Pública del Presidente en días pasados lo confirma. El programa del actual Gobierno, que se esfumó tempranamente, tampoco giraba en torno a este tópico ni le otorgaba mayor importancia. Y en la comunicación pública, durante los últimos tres años, la educación se ha convertido —para desgracia del país— en un tema de continua controversia entre el ministro del ramo y el presidente del Colegio de Profesores.

La disputa sobre retornar o no a clases terminó excluyendo los demás aspectos que requieren urgente atención. Por lo pronto, ¿cómo reconstruir el sistema y sus funciones esenciales tras el “terremoto” declarado por el Mineduc al conocerse el resultado de los aprendizajes correspondientes al año 2020?

¿Acaso alguien podía razonablemente esperar algo distinto? Más bien, llama la atención que los datos entregados no estuviesen acompañados de un informe analítico que permita diseñar un plan de reconstrucción y estimar sus costos. Y el ministro, en vez de transformar el “terremoto” en un trampolín para el retorno a clases, llevando aguas a su molino, desaprovechó un momento propicio para convocar al país a una tarea educacional que nos debería comprometer a todos.

Es cierto que la resistencia del gremio docente frente a la posibilidad de un regreso gradual y reglado de los estudiantes a los colegios resulta exasperante.

Esta es la otra cara de un juego de suma cero entre el ministerio y el magisterio, donde las y los alumnos son los mayores perjudicados, pero donde también ambas partes beligerantes resultan perdedoras.

Agudiza aún más esta riña de palabras el hecho de que el presidente del Colegio de Profesores haya solicitado a los diputados opositores acusar constitucionalmente al ministro, incluso fabricando un motivo para suplir su falta de fundamento. Es una petición oportunista y odiosa.

La preocupación por la educación propiamente, en tanto, no aparece por ningún lado. Hay una completa ausencia de planes y proyectos ambiciosos; los temas de futuro —cada vez más próximos, como el currículo orientado a las habilidades del siglo XXI, la educación basada en proyectos, la formación humanista— no encuentran cabida. Tampoco los retos inmediatos son abordados.

¿Qué hacer, por ejemplo, con la mala conexión a internet de muchas escuelas y hogares? ¿Y con las brechas de equipamiento tecnológico, alfabetización digital y autoaprendizaje que se han revelado con la pandemia?

A su turno, la investigación académica sobre enseñanza y aprendizaje recibe escaso apoyo en un cuadro general donde las ciencias —ahora con su propio ministerio de elevado nombre— tienen una posición desmedrada en el aparato burocrático financiero del Estado.

El repudio manifestado recientemente por el Instituto de Chile y sus academias hacia la nueva política del Fondecyt —de reconocer proyectos de calidad sin financiarlos— cuenta seguramente con un amplísimo apoyo de las comunidades científicas. Muestra que el país llegó al punto en que ni siquiera está en condiciones de sustentar y aprovechar las capacidades de investigación disponibles.

La educación superior en su integridad —al cumplirse tres años desde la aprobación de la nueva ley que la regula— ha entrado en una fase de generalizada pérdida de dinamismo. La estrategia nacional prometida por dicha ley no se ha concretado ni se han consultado sus contenidos con las partes interesadas: las instituciones de educación superior en su conjunto.

En materia de aseguramiento de la calidad reina la confusión y el atraso. La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) se descapitalizó y no logra recuperarse. El sistema creado para coordinar los órganos y funciones del aseguramiento no parece funcionar ni rinde cuentas de sus actuaciones.

La fijación de precios públicos para los aranceles opera como en una cámara oscura, sin accountability alguna, aunque sus errores, según empieza a notarse, podrían socavar la estabilidad del sistema. Este, sin mayores posibilidades de crecer, y en tensión por el confinamiento y la estrechez de medios, ha sido puesto en modo de pausa.

Los fines expansivos de las pasadas décadas deben dar paso, ahora, a crecimientos en las dimensiones de calidad, complejidad y contribución al desarrollo económico y social. Todo esto supone, sin embargo, elaborar una nueva visión y conducción que ni siquiera ha comenzado a discutirse.

De modo que uno arriba a la inevitable conclusión de que en un momento particularmente grave de nuestra trayectoria como nación —cuando más necesitamos aprender, formarnos y educar a las generaciones que construirán el futuro—nuestro sistema educacional carece de una efectiva dirección.

Se halla entrampado en querellas subordinadas, sin un plan de reconstrucción para la catástrofe de los aprendizajes, con una educación superior frenada y desorientada, y en manos de autoridades que parecen superadas por la gravedad y dificultad de los problemas.

Por todo esto, la retórica empleada por el Presidente en su Cuenta Pública de que “la educación es el instrumento más poderoso para el progreso y desarrollo material y espiritual de las personas y también de los países” resuena como un eco de frases que caen en el vacío.