Atención a suscriptores
Su contrato de suscripción digital está por vencer. Para renovar por un año adicional presione aquí.
RenovarColumnistas
Domingo 09 de mayo de 2021
El día después
"A partir del primer día de enero próximo, el apoyo universal se habrá acabado y las familias más pobres de nuestro país volverán a tener que vivir con el ingreso promedio que tenían previo a la pandemia, que es más bien cercano a los $350.000 al mes (...) ¿Se puede esperar que entonces la clase política asuma que, para la era post bonos covid, la única fuente de ingresos estable y creciente en el tiempo es contar con trabajo?”.
Pareciera ser que lo peor de la pandemia, al menos en Chile, podría estar quedando atrás en los próximos meses. ¿Exactamente cuándo? ¿Cuál será el equilibrio real de largo plazo en la relación de nuestro país —del mundo— con este virus? Hay varias preguntas análogas que se pueden hacer, pero más temprano que tarde se viene “el día después”.
El día después de esta pandemia despertaremos en una realidad en que trabajar, ahorrar, invertir y producir volverán a revelarse como realidades ineludibles para la creación de riqueza y hacer retroceder la pobreza.
Pero hoy poco de eso se discute. No son siquiera parte de lo que ahora se ha calificado como los “mínimos comunes”. No hay ideas, no hay propuestas de cómo mejorar los programas de apoyo a la creación de empleo. Tampoco de cómo logramos agilizar la burocracia para reducir los costos de la permisología y así facilitar el emprendimiento, de cómo podemos facilitar que el informal pueda dejar de serlo sin morir en el intento, de qué programas se deben desarrollar para capacitar a los trabajadores menos calificados para enfrentar las nuevas formas de trabajo y una mayor automatización de los proceso productivos, de cómo mejorar el funcionamiento de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, por mencionar solo algunas.
A pesar de que ya estamos entrando en una etapa de desconfinamiento de la economía, que el empleo se ha venido recuperando y que los ingresos de los hogares también han vuelto a recuperar al menos parte de lo perdido, la discusión política sigue centrada únicamente en hasta cuándo y por cuánto se debe ampliar el programa de transferencias a los hogares en el país en el marco del Ingreso Familiar de Emergencia —o como quieran bautizarlo ahora—, insistiendo en que las ayudas deben ser universales aun cuando toda la evidencia refleja que el problema de caída de los ingresos no es universal.
En este afán por la universalidad, pareciera ser que hay consenso en cuanto a que este se entregue al 100% de los hogares inscritos en el Registro Social, lo que en la práctica nos puede llevar a que el 100% de las familias lo reciban. Ello, por cuanto para inscribirse en el registro no existe ninguna limitante, solo ingresar al portal habilitado para tales efectos, y en la medida que viva en una comuna con un municipio diligente, esperar a que un funcionario corrobore la información que usted entregó en línea. Restricciones para inscribirse, ninguna. Pero si, por ejemplo, se adoptan otras propuestas adicionales que han surgido en estos días, que además de aumentar el monto pagado por hogar a $600.000 lo extienden hasta fin de año, se tendrían que destinar del orden de los US$ 47.000 millones, más del 60% del gasto público total de este año. Para financiarlo, habría que no solo gastarse el total de ahorros que van quedando en el Fondo de Estabilización Económico y Social, sino que además elevar la deuda pública a casi el 50% del PIB.
Así, enfrentaremos los años pospandemia con un Estado sin mayor capacidad de endeudamiento, sin ahorros del pasado y retomando una senda de crecimiento de nuestra economía muy por debajo de lo que se requiere para generar los trabajos y fuentes de ingreso necesarios para erradicar la pobreza y consolidar una clase media más robusta y menos vulnerable en nuestro país.
El día después se viene. A partir del primer día de enero próximo, el apoyo universal se habrá acabado y las familias más pobres de nuestro país volverán a tener que vivir con el ingreso promedio que tenían previo a la pandemia, que es más bien cercano a los $350.000 al mes. Muchos, recién entonces, volverán a tomar conciencia que la pobreza no solo no se ha ido, sino que probablemente haya aumentado, que una parte importante de la clase media se encontrará en una situación más vulnerable que hace dos años y que desde el Estado ya no se contará con los recursos necesarios para apoyarlos, porque buena parte de ellos fueron entregados a hogares que no lo necesitaban. ¿Se puede esperar que entonces la clase política asuma que para la era post bonos covid, la única fuente de ingresos estable y creciente en el tiempo es contar con trabajo?
Hoy las proyecciones anticipan un crecimiento de nuestra economía de un 6,5% para este año (entre un 6 y 7% de acuerdo al Banco Central en su último informe de marzo). Pero a pesar del crecimiento esperado, cercano a cifras que no se veían desde el año 2011, la verdad es que nuestra economía será prácticamente similar a la del año 2019 y un 7,5% más pequeña de lo que se proyectaba en septiembre del 2019.
El día después se viene posterior a esa cifra de crecimiento que, sacada de contexto, parece tan alentadora. ¿No sería políticamente ético orientar desde ya las acciones del Estado para que se recuperen los puestos de trabajos perdidos, para volver a crear empleos nuevos y para volver a hacerles posible a las personas progresar y salir adelante?
El día después de esta pandemia despertaremos en una realidad en que trabajar, ahorrar, invertir y producir volverán a revelarse como realidades ineludibles para la creación de riqueza y hacer retroceder la pobreza.
Pero hoy poco de eso se discute. No son siquiera parte de lo que ahora se ha calificado como los “mínimos comunes”. No hay ideas, no hay propuestas de cómo mejorar los programas de apoyo a la creación de empleo. Tampoco de cómo logramos agilizar la burocracia para reducir los costos de la permisología y así facilitar el emprendimiento, de cómo podemos facilitar que el informal pueda dejar de serlo sin morir en el intento, de qué programas se deben desarrollar para capacitar a los trabajadores menos calificados para enfrentar las nuevas formas de trabajo y una mayor automatización de los proceso productivos, de cómo mejorar el funcionamiento de las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral, por mencionar solo algunas.
A pesar de que ya estamos entrando en una etapa de desconfinamiento de la economía, que el empleo se ha venido recuperando y que los ingresos de los hogares también han vuelto a recuperar al menos parte de lo perdido, la discusión política sigue centrada únicamente en hasta cuándo y por cuánto se debe ampliar el programa de transferencias a los hogares en el país en el marco del Ingreso Familiar de Emergencia —o como quieran bautizarlo ahora—, insistiendo en que las ayudas deben ser universales aun cuando toda la evidencia refleja que el problema de caída de los ingresos no es universal.
En este afán por la universalidad, pareciera ser que hay consenso en cuanto a que este se entregue al 100% de los hogares inscritos en el Registro Social, lo que en la práctica nos puede llevar a que el 100% de las familias lo reciban. Ello, por cuanto para inscribirse en el registro no existe ninguna limitante, solo ingresar al portal habilitado para tales efectos, y en la medida que viva en una comuna con un municipio diligente, esperar a que un funcionario corrobore la información que usted entregó en línea. Restricciones para inscribirse, ninguna. Pero si, por ejemplo, se adoptan otras propuestas adicionales que han surgido en estos días, que además de aumentar el monto pagado por hogar a $600.000 lo extienden hasta fin de año, se tendrían que destinar del orden de los US$ 47.000 millones, más del 60% del gasto público total de este año. Para financiarlo, habría que no solo gastarse el total de ahorros que van quedando en el Fondo de Estabilización Económico y Social, sino que además elevar la deuda pública a casi el 50% del PIB.
Así, enfrentaremos los años pospandemia con un Estado sin mayor capacidad de endeudamiento, sin ahorros del pasado y retomando una senda de crecimiento de nuestra economía muy por debajo de lo que se requiere para generar los trabajos y fuentes de ingreso necesarios para erradicar la pobreza y consolidar una clase media más robusta y menos vulnerable en nuestro país.
El día después se viene. A partir del primer día de enero próximo, el apoyo universal se habrá acabado y las familias más pobres de nuestro país volverán a tener que vivir con el ingreso promedio que tenían previo a la pandemia, que es más bien cercano a los $350.000 al mes. Muchos, recién entonces, volverán a tomar conciencia que la pobreza no solo no se ha ido, sino que probablemente haya aumentado, que una parte importante de la clase media se encontrará en una situación más vulnerable que hace dos años y que desde el Estado ya no se contará con los recursos necesarios para apoyarlos, porque buena parte de ellos fueron entregados a hogares que no lo necesitaban. ¿Se puede esperar que entonces la clase política asuma que para la era post bonos covid, la única fuente de ingresos estable y creciente en el tiempo es contar con trabajo?
Hoy las proyecciones anticipan un crecimiento de nuestra economía de un 6,5% para este año (entre un 6 y 7% de acuerdo al Banco Central en su último informe de marzo). Pero a pesar del crecimiento esperado, cercano a cifras que no se veían desde el año 2011, la verdad es que nuestra economía será prácticamente similar a la del año 2019 y un 7,5% más pequeña de lo que se proyectaba en septiembre del 2019.
El día después se viene posterior a esa cifra de crecimiento que, sacada de contexto, parece tan alentadora. ¿No sería políticamente ético orientar desde ya las acciones del Estado para que se recuperen los puestos de trabajos perdidos, para volver a crear empleos nuevos y para volver a hacerles posible a las personas progresar y salir adelante?
