La abrupta alza del precio del cobre aceleró una discusión pendiente: ¿Qué parte de la renta minera debería quedar en manos del Estado?

En este tema, como en tantos, la falta de información o, derechamente, la información errada, lleva fácilmente a propuestas equivocadas. Lamentablemente estamos medio a ciegas. Es poco claro cuánto recibe el Estado ni cuánto queremos que reciba.

No tenemos respuestas precisas para las preguntas más simples: ¿cuánto es la tributación minera actual? ¿Cómo se compara con la de otros países? Lo que sí sabemos es que lo que algunos dicen —y se repite en Twitter— está equivocado. Veamos por qué.

Del lado de las ventas, es evidente que, como el país produce 5,8 millones de toneladas de cobre al año, por cada centavo de dólar que aumente la libra de cobre se venderían US$ 128 millones adicionales (casi todo al exterior).

Este es el único cálculo que se puede hacer con precisión. Saber quién se queda con esos US$ 128 millones es una maraña que es urgente desentrañar.

Una parte, seguramente, irá a mayores costos. Tal como ha sucedido antes, es de esperar que a los proveedores y trabajadores les crezca su (ya bien afilado) colmillo. Pero dejemos este efecto de lado.

El director de Presupuestos, quizás intentando moderar los apetitos gastadores, dijo que el Estado recibiría poco más de US$ 20 millones por centavo extra. Una cifra muy pequeña que, aunque no es del todo errada, es muy parcial. Solo se refiere al efecto en la caja en 2021 siendo que parte de los mayores recursos los recibe el Estado más adelante.

Si el fisco efectivamente se quedara con solo esa cantidad, sería un escándalo y habría razones de sobra para que Twitter ardiera. Sin embargo, como 30% de la producción minera total es de Codelco, hay un piso de US$ 38 millones. A ello hay que sumarle el aporte de la minería privada. Y es aquí donde empiezan las dudas principales.

Un estudio de la consultora EY concluye que la tasa de impuesto efectiva a la minería privada sería de 43,4%. Con esto, en el ejemplo del centavo adicional, el aporte privado sería US$ 39 millones, y el total llegaría a US$ 77 millones. Así, el Estado se quedaría con 60% del mayor precio. Nada de mal, aunque expertos tributarios han hecho ver que la tasa efectiva de impuestos es menor. Lo preocupante es que nadie sabe con certeza cuánto menos.

Otra fuente de información es el estudio de Gino Sturla y coautores. Usando estimaciones del Banco Mundial, concluyen que el sector privado captó rentas muy elevadas que deberían haber sido capturadas por Chile y no lo fueron: ¡en promedio 5% del PIB por año entre 2005 a 2014!

A partir de estos cálculos, Ramón López y Sturla argumentan a favor de una tasa de impuesto asombrosamente elevada, del orden de 71% en ese período. Recientemente, Sturla propuso como “piso mínimo de dignidad y soberanía” un royalty de 15% sobre las ventas (para orientarse: en Australia, un país de altos impuestos mineros, los royalties llegan hasta 5% de las ventas de material concentrado).

El problema es que esos cálculos dependen críticamente de las estimaciones del BM, las que dejan mucho que desear. Para el caso de Chile, la estimación de rentas de la minería es mayor al PIB minero, lo que es un contrasentido: la renta no puede ser mayor a la producción misma.

En el contexto del proceso constituyente, han aparecido llamados a “recuperar la minería para los chilenos”, un argumento espurio si consideramos que los recursos ya son del Estado y este solo los concesiona. La Constitución actual dice básicamente lo mismo que el texto aprobado en 1971 en la reforma que nacionalizó la minería.

Si, por otro lado, lo que proponen es estatizar la minería, deberían ver el rol del sector privado en la minería de Canadá o Australia, o las limitaciones que ha tenido Codelco para expandir su producción en la última década. Cambiarían de opinión.

Son eslóganes que no están a la altura del desafío.

Pero la percepción de que Chile se queda con una parte de la renta minera menor a lo que debiera, parece correcta. Para tener una discusión informada, necesitamos mejores datos.

El caso australiano sirve como referente. Su PIB minero representa 10% del total. En 2011-12 (año de precios peak para ellos), la recaudación de la minería fue 1,6% del PIB, 0,6% por royalties y 1% por otros impuestos. En 2019 la recaudación alcanzó 2% del PIB. Son números bastante más acotados de lo que algunos sueñan.

Chile tiene una geología privilegiada y ha desarrollado una industria de clase mundial. Necesitamos que esa industria le deje más recursos a Chile. Pero necesitamos que lo haga por muchas décadas, no solo por hoy. También necesitamos que esa industria financie inversiones para producir más y para movernos a una economía verde.

Ese delicado equilibrio se logra con información y realismo, no con realismo mágico. Con varios contratos de invariabilidad tributaria llegando a su fin y dado el precio del cobre, es momento de enfrentar el tema.