En un último año de Gobierno y con 336 días de campañas electorales por delante, quizás algunos creerán que es un mal momento para impulsar una reforma al empleo público. Pero la verdad es que este es el tipo de reformas para las cuales nunca hay un buen momento.

A pesar de haber en determinados temas un acuerdo transversal de las reformas necesarias que se deben implementar, el avance ha sido nulo. La modernización del Estado es una sentida demanda de la ciudadanía, en la cual, sin duda que los funcionarios públicos juegan un rol esencial. Presentar y tramitar cambios en esta materia tiene altos costos. Asociaciones de funcionarios bien organizadas y con alto poder de paralización de los servicios pueden ahuyentar incluso a los más convencidos.

Para romper la inercia, recientemente el Gobierno presentó para consulta ciudadana un anteproyecto de reforma del empleo público (https://empleopublico.consultahacienda.cl/) y como era de esperar, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ya emitió su opinión al respecto: rechaza la realización de esta instancia de participación ciudadana, dejando claro quiénes están del lado del problema y quiénes del lado de la solución. Nadie puede sentirse con el derecho a tener el monopolio en relación con lo que se puede o bien debe reformar, y qué no.

Recordemos que la única gran reforma en la materia se gatilló luego de uno de los mayores escándalos de las últimas dos décadas, cuando se hizo público que determinados funcionarios recibían un adicional a su sueldo vía sobres con efectivo, lo que algunos recordarán como el caso MOP-Gate. Además de aumentar en forma considerable el sueldo de determinadas autoridades y funcionarios públicos, se creó nuestro actual Servicio Civil y la Alta Dirección Pública. Con ello se instaló un mecanismo de selección basado en el mérito para gran parte de los directores de servicio y su plana profesional de segunda línea. Si bien en muchos casos aún es la autoridad política la que determina los nombramientos en buena parte de esos cargos, al menos se avanzó en que esa “dedocracia” solo se puede ejercer entre un número acotado de posibles candidatos, luego de un riguroso sistema de selección basado en el mérito.

Si bien se han dado pasos en cuanto a que el mérito se ha hecho cada vez más relevante para ingresar y ascender al interior del Estado, aún un 36% de los funcionarios declara que la ayuda de familiares, amigos o políticos fue importante para obtener su primer empleo en el Estado (resultados Encuesta Nacional de Funcionarios en Chile realizada por el Servicio Civil, con investigadores de University College London y la Universidad de Chile).

El Estado necesariamente debe transformarse en un empleador competitivo, entregando similares posibilidades de desarrollo y crecimiento que las que ofrece buena parte del sector privado. Para ello es esencial, entre otros aspectos, separar claramente lo que son funciones de gobierno de las de Estado, equilibrando la tensión existente entre la necesaria flexibilidad que requiere cada administración para impulsar las reformas priorizadas, con la histórica inamovilidad existente para los funcionarios de planta, que se ha ido extendiendo también a los funcionarios a contrata.

Los principales ejes que aborda la propuesta presentada a consulta pública se pueden resumir en:

1.- Para los que hoy desempeñan labores permanentes y cuyo vínculo laboral es con un contrato a honorarios o a contrata, se crea un nuevo régimen de contratación, pasando a tener una relación laboral indefinida con el Estado, pero con indemnización por egreso no voluntario en determinadas circunstancias.

2.- Todo nuevo funcionario que ingrese a la administración pública lo deberá hacer en este nuevo régimen laboral propuesto, mediante un proceso competitivo y abierto a la ciudadanía. Con ello, si bien no se cambian las actuales condiciones de contrato de los funcionarios de planta, en la práctica esta modalidad de contratación se iría extendiendo en el tiempo, dando paso a un solo tipo de contrato.

3.- Se abre la posibilidad para que los funcionarios puedan moverse entre instituciones, permitiendo así que su desarrollo laboral no esté solamente limitado a las oportunidades que tienen al interior de un determinado servicio.

4.- Se acotan los cargos de confianza de cada Gobierno, creando una nueva categoría de funcionarios denominada “asesores de Gobierno” que corresponde a personal de confianza del Gobierno de turno. Además de acotarlo a un porcentaje de la dotación máxima fijada para cada servicio, se explicita que la relación laboral termina junto con el cese de funciones de la autoridad que los contrató inicialmente, sin derecho a indemnización.

5.- Se regula el teletrabajo en el Estado, permitiendo que cada jefe de servicio determine las funciones y funcionarios que pueden acogerse a esta modalidad.

Llegó el momento en que desde la política se tomen posiciones al respecto. Hay una propuesta concreta sobre la mesa, es de esperar que quienes reiteradamente han planteado la necesidad de impulsar una reforma en este ámbito no se sigan haciendo los lesos.