¿Cuántas veces hemos comprado en el comercio informal, o mirado hacia el lado cuando se sabe que se está imponiendo por un salario menor al pagado, o bien aceptado el trabajo de quienes para efectos formales no están trabajando?

Es difícil poder afirmar que nunca se ha caído en alguna de las conductas mencionadas, ya sea porque lo que estaba en la calle era justo lo que se necesitaba, o bien porque “para no perder” determinados beneficios conviene registrar en el sistema menores ingresos.

La informalidad se traduce en una menor recaudación de impuestos y en un freno a la capacidad de desarrollo de los países. Pero para el propio trabajador, que es lo más importante, significa una menor contribución al sistema de pensiones y, por ende, menores pensiones en el futuro y una mayor desprotección ante eventos de salud y desempleo, por mencionar solo algunos.

Si bien destacamos en el contexto regional en cuanto a tener una baja tasa de informalidad laboral en Chile (28%), en relación a un promedio superior al 60%, con países como Bolivia, cuya tasa alcanza el 80%, nos encontramos estancados en ese nivel. Si bien en las economías desarrolladas la tasa de informalidad es cercana al 10%, en Chile a pesar de haber más que duplicado nuestro ingreso per cápita en las últimas décadas, nuestra tasa de informalidad se ha mantenido más bien estable.

Ahora en pandemia, la informalidad nuevamente se ha hecho presente en el debate como obstáculo para llegar en forma más oportuna y certera a los hogares que han tenido una caída en sus ingresos. Pero este tema no es nuevo. Y si bien es antiguo, lamentablemente no ha estado en el centro del debate ni en el diseño e implementación de políticas públicas desde hace muchos años.

Las causas de la informalidad son diversas. Están aquellos trabajadores que al no encontrar empleos que les resulten convenientes, deciden trabajar por cuenta propia y emprenden un negocio informal. Están los que no logran encontrar un trabajo formal, mayoritariamente por causa de su nivel de estudios, y son “empleados” al margen de la legislación vigente. Y por último, están los que prefieren mantenerse en la informalidad o al menos una parte de sus ingresos, ya que así pueden acceder a beneficios del Estado que en caso de contar con ingresos más altos registrados en el “sistema” los perderían.

Es sobre todo en relación a estos dos últimos grupos de trabajadores donde cobran relevancia las políticas públicas. Por un lado, nuestra legislación laboral y por otro, nuestra política social.

En materia de legislación laboral, de acuerdo al Índice de Competitividad Global realizado anualmente por el World Economic Forum, nos ubicamos en el lugar 33 de 141 países del mundo. Pero en relación al mercado laboral, nuestra posición desciende al lugar 53, y específicamente en materia de flexibilidad caemos al 89. Estos resultados necesariamente deben tomarse en consideración al momento de evaluar políticas que incentiven una mayor formalización del trabajo, removiendo aquellas trabas legales que hoy dificultan la contratación de distintos trabajadores, sobre todo los con menor capacitación.

En cuanto a nuestra política social, es necesario revisar los múltiples programas existentes desde una óptica de los incentivos que generan para permanecer, si no totalmente, al menos en parte en la informalidad, tema recientemente planteado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. En ningún caso se debe entender con ello que los programas sociales deben ser universales —todos reciben lo mismo sin importar sus carencias—, sino que mantener criterios de focalización en los más necesitados, pero que el retiro de los beneficios en la medida que las personas vayan generando sus propios ingresos contemple una cierta gradualidad.

Mientras se espera que este año nuestra economía se contraiga —de acuerdo al Banco Central, en aproximadamente un 6%—, el empleo se estima que en promedio habrá caído en un 14%. Hemos aprendido que el crecimiento económico de la mano de la generación de empleo es prácticamente el único camino para consolidar el progreso alcanzado por la clase media y avanzar en reducir la pobreza en nuestro país. La recuperación económica esperada para el 2021 y 2022, pero también pensando en volver a retomar la capacidad de crecimiento de mediano plazo, debe colocar el foco no solo en generar más empleo, sino que también se dé en conjunto con una mayor formalización. Para ello, repensar nuestra legislación laboral y política social son aspectos fundamentales.