Esta semana, un grupo de senadores ha presentado un proyecto de ley que persigue el indulto general de quienes hubieron cometido delitos “en el marco de las protestas sociales del estallido social (sic), iniciado en octubre de 2019”.

El proyecto incluye el delito de incendio en sus diversas variantes, el alzamiento empleando la fuerza o la violencia y otros actos semejantes.

Los senadores no se ven preocupados por las víctimas de los actos que persiguen indultar, ni por las consecuencias que se seguirían si las razones que esgrimen se aceptaran. Y como se trata de malas razones —cuando se razona mal, se acaba actuando peor—, es bueno poner de manifiesto las falacias en que incurren.

Los senadores y senadoras comienzan por esgrimir el contexto para justificar esos actos. Lo que habría ocurrido en octubre del año 2019 sería el resultado de las “graves desigualdades y abusos que vive la población chilena”. Los actos que aparentan ser dignos de sanción serían reacciones frente a esa situación injusta. Un contexto inaceptable de abusos les permitiría condescender con los actos violentos que, sin embargo, el Estado ahora reprocha. ¿Acaso, sugieren los senadores, es razonable castigar a quien se rebela contra la injusticia?

Para fortalecer ese argumento citan al cura Felipe Berríos:

“Lo que se inició el 18 —explica Berríos— fue un estallido; (…) pero el estallido tenía algo de ético, la gente que salió a las calles algo tenía que decir. Y muchos de quienes estuvieron en la parte violenta, son muchachos a los que el sistema dejó fuera y que no tenían nada que perder, porque no tenían futuro…”.

Así entonces, los incendios y la ejecución de actos violentos no serían reprochables. Habrían sido ejecutados por quienes la sociedad dejó a la vera del camino. Esta última es la responsable y no ellos.

¿Son razonables esos argumentos?

No. Son falacias.

Si bastara la convicción de injusticia para que se pudiera actuar impunemente y con violencia, entonces ninguna comunidad cívica sería posible. ¿Se ha pensado lo que ocurriría si se enseña a respetar la ley, pero solo a condición que se la estime justa? ¿Si se proclamara que ha de obedecerse la ley, pero solo en la proporción que no se la juzgue abusiva? La obediencia a la ley democráticamente formada no puede subordinarse al sentido de justicia que cada uno abriga. Incluso, la abundante literatura que permite rebelarse contra un gobierno tiránico (que obviamente no es el caso, ¿o los senadores piensan que sí?) no llega a los extremos a los que este grupo de legisladores, ojalá sin darse cuenta de lo que dicen, proclama.

La democracia, hay que repetirlo una y otra vez, admite todos los puntos de vista en juego —incluso aquel que considera a la propia democracia una burla—, a condición de que no se los haga valer ejerciendo la violencia.

Quienes ejecutaron actos violentos —incendios, destrucción de la propiedad ajena, amenazas— violaron ese principio básico de la vida democrática. Y salvo que se piense que en Chile no hay democracia —algo que es de suponer los senadores no sostendrán, porque si así fuera ellos serían impostores—, este argumento debe ser desechado.

También debe rechazarse la opinión de Felipe Berríos, a quien los senadores citan en su auxilio.

Berríos piensa que los individuos hoy día en prisión deben ser exonerados de responsabilidad. Serían jóvenes carentes de oportunidades, encerrados en un tiempo sin futuro, y por eso no sería correcto hacerlos responsables. Heridos por la injusticia, no sabrían lo que hacen. Suena bien, pero esconde una consecuencia que ni el mayor fervor evangélico debiera aceptar: desprovee a los pobres y marginados de dignidad personal. Cada individuo es digno porque es agente de sí mismo, porque incluso en las peores circunstancias toma decisiones y acepta las consecuencias. La injusticia no desprovee ni de dignidad ni de responsabilidad. Hay miles y miles de jóvenes pobres cuyo discernimiento no los lleva, al contrario de lo que parece pensar Berríos con un simplismo alarmante, a cometer delitos como forma de protesta. Pero F. Berríos, intoxicado de bondad, presenta una imagen de la pobreza como compuesta de individuos carentes de voluntad, desprovistos de dignidad y de la capacidad de conducirse a sí mismos. El contexto y la situación de que son víctimas los convertiría en hojas movidas por el viento de la injusticia. Todo esto se acerca a un desdén del individuo disfrazado de amor al prójimo. El paternalismo eclesial o político, religioso o no, revela aquí su lado oscuro: la disminución moral de aquel que lo recibe. Hay que repetirlo: todo paternalismo oculta un desprecio.

Díganles a esas decenas de personas detenidas por actos violentos luego del 18 de octubre que este grupo de senadores, inspirados por la bondad de Felipe Berríos, piensa que no sabían lo que hicieron, que ellos eran autómatas, meros productos de la injusticia, seres sin voluntad; que no fueron ellos los que quemaron, amenazaron y violentaron, sino que fue el contexto y que por eso los dejan en libertad.

Lo más probable es que pasado el primer minuto de alegría, se sintieran, con toda razón, insultados.