El Frente Amplio ha decidido aliarse con el Partido Comunista. La fuerza centrífuga propia de los procesos electorales obliga a tomar decisiones difíciles y esta traerá a sus autores no pocos coletazos. Desde luego, ya dos de sus diputados han renunciado y el Partido Liberal se ha retirado del conglomerado.

El diputado Giorgio Jackson defendió el pacto, explicando que, puestos en la disyuntiva de optar, lo hicieron por una alianza más parecida a la del 2017, cuando emergieron como una fuerza contrapuesta a la Nueva Mayoría. Agregó que, para sus bases, resultaría muy difícil entender que los partidos de la ex Concertación que habían administrado el poder durante la mayoría de los últimos 30 años puedan ser quienes interpreten el reclamo de los últimos 30 años.

De sus palabras queda en evidencia la voluntad de continuar siendo una fuerza esencialmente contestataria, que se define a sí misma no por una propuesta de futuro sino por un reclamo acerca del pasado; más como un movimiento rebelde que uno constructor.

Preguntado si esa coalición podía ser exitosa, recordó que el 2017 tuvieron un 20% con Beatriz Sánchez, mientras Guillier obtuvo un 22% de los votos, con el PC apoyando a esta última candidatura. A ello agregó su parecer de que el eje político se había movido desde del 18 de octubre hacia demandas mucho más parecidas a las que representó Beatriz Sánchez.

El cálculo, así simplificado, olvida varios factores que también debieran ser considerados. El primero es que no ha sido feliz el desempeño del FA en la Cámara de Diputados. De 20 diputados electos ya hay 9 que han renunciado a la coalición. La segunda es que esta vez el abanderado presidencial más probable saldrá del PC y no del FA. El tercero es la fatiga del entusiasmo inicial. Nada lo refleja más elocuentemente que el bajísimo número de electores en sus recientes primarias internas. Menos de 69.000 votantes para gobernadores en 4 regiones y algunas primarias para alcaldes. En la Región Metropolitana Claudio Orrego sacó más votos que todo el Frente Amplio.

Todo indica que, a diferencia de 2017, el FA será ahora el acompañante de una alianza liderada por el PC.

Pero el problema mayor para el FA tiene que ver con las definiciones de sus nuevos aliados. Éstos no se la harán fácil. A un mismo tiempo que el FA anunciaba su decisión, el PC felicitó al Presidente de Venezuela, a su gobierno y al pueblo venezolano por la victoria obtenida el 6 de diciembre. No se trata de caricaturas de “chilezuela” o de Corea del Norte. Es el propio PC quien alaba como impecable y ejemplar; es decir, como digno de imitación, un proceso electoral que se da en medio de masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos y donde no existe división de poderes. Ese modelo ejemplar de democracia y de elecciones para el PC, ciertamente no lo es para el Frente Amplio. Beatriz Sánchez alguna vez sostuvo que Maduro debía renunciar por su responsabilidad en violaciones de DD.HH.; Boric llamó a la izquierda a condenar a Venezuela y varios de los diputados del FA se refirieron a él como dictador.

Ante las declaraciones del PC sobre Venezuela, las presidentas de RD y de Convergencia Social tomaron distancia, señalando que mantenían diferencias con el PC en esta materia, pues sus partidos tenían un compromiso inamovible con los derechos humanos, pero que eso no les llevaba a descartar un pacto para la Convención, pues debían ponerse de acuerdo en un tema tan importante. El pequeño detalle que esas declaraciones omiten es que el acuerdo constituyente es precisamente para escribir un texto acerca de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Esa y no otra es la materia en la que es necesario ponerse de acuerdo a la hora de convenir una Constitución. Me temo entonces que la pregunta acerca del respeto de los DD.HH. perseguirá a la nueva alianza, incomodando a los frenteamplistas que se sumen a ella. No se trata de Venezuela. Se trata del modelo de democracia a la que se aspira y lo que se entiende por derechos humanos. Una Constitución ciertamente debe partir de un cierto diagnóstico del funcionamiento político en los últimos 30 años; pero su objeto no es sostener un reclamo en contra del mismo, sino ver el modo de asegurar la vigencia de los DD.HH. por los próximos 30 años. Sobre ello, el PC chileno ha destacado lo que debe tenerse como “impecable”.