Da un campanazo la Primera Ministra de Noruega, Erna Solberg, en un artículo en Nature del jueves pasado, al celebrar el acuerdo de 14 países —entre ellos Chile, representado por el Presidente Sebastián Piñera—, de concentrarse en la sustentabilidad de las zonas económicas oceánicas exclusivas.

Comprende “una superficie como África” publicó “Vida, Ciencia y Tecnología”, el mismo día.

Los firmantes han puesto como meta el 2025: terminarán de limpiar el mar exclusivo (https://bit.ly/37rCtk8).

Se empieza por lo cercano, aunque el alta mar, advierte la Primera Ministra, está desprotegido. “Los países necesitan asumir, unos ante otros, sus responsabilidades” y pide —entre otras cosas— compartir datos y tecnología para vigilar la pesca ilegal y la contaminación.

Despliega un estudio de 250 expertos (go.nature.com/3kyd0dx) que diagnostica y pronostica la situación.

Chile es socio clave. La Presidenta Michelle Bachelet en 2015 encabezó la cita “Nuestro Océano” en Valparaíso, donde presentó nuestras futuras áreas marinas protegidas. Allí, un adalid de la sustentabilidad de los océanos, el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, puso en juego su influencia a favor de los puentes internacionales pro océano.

Amanecían entonces tecnologías para la vigilancia oceánica. Se avanza. Cinco años después, he visto en televisión cómo el SHOA de nuestra Armada mantiene a la vista las flotas pesqueras cercanas, especialmente la china.

Pero, “el crimen organizado en el campo de la pesca amenaza la posibilidad de una economía sustentable en el mar” (https://go.nature.com/2VAmoTV).

El delito puede estar en la preparación previa en pandillas de cuello blanco; la coima a funcionarios; la pesca misma, a veces por trabajadores secuestrados; la comercialización a escondidas; el elegante blanqueo de dineros negros.

Un caso: la Armada indonesia interceptó en 2016 la nave Viking, que cambiaba continuamente de identidad, nacionalidad, y acreditaba su pertenencia con documentos falsificados. Transportaban y vendían bacalao de profundidad obtenido ilegalmente en los mares del sur. Cuando fueron enjuiciados, llevaban diez años de clandestinidad.

Otro caso: la pesquera sudafricana Hout Bay fue descubierta enviando un contenedor a EE.UU. cargado de langostas y bacalao de profundidad. Se descubrieron coimas a funcionarios y el lavado de dinero. El 2018 los culpables tuvieron que pagar 7,5 millones de dólares.

La pesca ilegal debilita la posibilidad de alcanzar por lo menos cinco de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible declarados por Naciones Unidas, según el estudio.

Pero tecnologías avanzadas, de datos, de vigilancia espacial, de inteligencia artificial, desnudan más delitos; el intercambio de información se hace cada vez más posible. Y, a partir del 20 de enero, John Kerry asume como delegado especial del Presidente de EE.UU., Joseph Biden, para el clima.

El mar, en la mira.