Al costo de impulsar un proyecto casi idéntico al que venía criticando como malo e inconstitucional, el Presidente va logrando ordenar a sus filas y salvar la apariencia de mantener la iniciativa política. La concesión es una muestra de la debilidad en la que se encuentra.

Hace tiempo el Gobierno viene jugando de visita y a la defensiva en el Congreso Nacional, haciendo poco más que defender sus prerrogativas constitucionales o la continuidad de sus ministros. Por cierto, ese ambiente de tensión, y la consiguiente parálisis legislativa que acarrea, debilita a ambos poderes del Estado, dificultando que se avoquen a las políticas que podrían reactivar, asegurar más empleo formal y el mayor goce de los derechos económicos sociales.

Es en ese ambiente que el PC y sus aliados proponen adelantar elecciones. La iniciativa resulta tan marginal, extrema y maximalista que no merecería el revuelo que ha causado, pero ocurre que el propio Presidente salió a criticarla, como si no tuviera ministros que se hicieran cargo de propuestas indignas de su pronunciamiento. Por su parte, los partidos de derecha enviaron una carta desafiando a los de centroizquierda a oponerse a la iniciativa, a sabiendas que ya lo habían hecho. Así, la propia derecha le ha subido el perfil a la iniciativa, ayudando a que el PC logre exactamente lo que buscaba: aumentar la sensación de crisis.

La Constitución solo admite desbancar al Presidente por medio de una acusación constitucional o de su inhabilitación, en razón de afectarle un impedimento físico o mental que le impida el ejercicio de sus funciones. En ambos casos, la Carta Fundamental regula la sucesión. En cambio, no existen reglas para el caso de elecciones anticipadas. Destituir a un Presidente al margen de la Constitución muy probablemente conduciría a un período de desgobierno y a una seguidilla de presidentes, como ha ocurrido en países vecinos. Al igual que los retiros previsionales, la destitución de gobiernos, sobre todo si se verifican al margen de la institucionalidad, no ocurren por única vez. Partidos con representación parlamentaria y larga trayectoria política no pueden sino saber que su propuesta amenaza con esas consecuencias, por lo que no puede prosperar. Lo que parece buscarse es otra cosa: crispar el ambiente y aumentar la sensación de crisis.

Quienes no concurrieron al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución no parecen conformarse con que ella necesite alcanzar acuerdos por las dos terceras partes de sus miembros. Recién logrado el acuerdo, presentaron una acusación constitucional contra el Presidente. Luego consultaron por el procedimiento para inhabilitarlo. La tercera embestida fue la propuesta de que la Convención desconociera la regla de los 2/3 y proclamara que adoptaría sus acuerdos por mayoría. Ahora se suma la de adelantar elecciones. Ninguna ha prosperado y esta tampoco lo hará. Sus promotores lo saben. ¿Por qué o para qué entonces hacer propuestas como las que comentamos? ¿Están intentando el PC y sus aliados lograr debilitar el funcionamiento regular de las instituciones para así alterar el proceso de elaboración de una nueva Constitución conforme a las reglas acordadas y ratificadas en el plebiscito?

Aunque nada haga probable que prospere la idea de adelantar elecciones, ella ha logrado exacerbar los ánimos, generando un clima que hace más difícil el entendimiento y concordia que necesitará la Convención Constituyente para arribar a acuerdos por las dos terceras partes de sus integrantes. La Convención podrá crear un cierto microclima de entendimiento, pero no funcionará en el vacío político.

La continuidad regular del proceso democrático y el respeto de la institucionalidad constitucional, hasta que ella sea modificada conforme a las reglas ratificadas en el reciente plebiscito, parecen indisolublemente unidas. Quienes debiliten lo primero están también poniendo en riesgo lo segundo.

En nuestro peculiar parlamentarismo de facto, una de las cuestiones más dañinas es que las ideas más extremas logran poner la música a cuyo son bailan el resto de los actores. Para salir de ello, no queda otra alternativa que un acuerdo para debatir no solo medidas de emergencia, sino también legislación que materialice políticas públicas, como la de la reforma a las pensiones, que promuevan un mayor goce de los derechos económicos sociales. Eludir y seguir postergando esos debates de fondo es lo que permite que nos entrampemos en cuestiones vanas que aumentan la sensación de crisis terminal de la política.