Una onda de perplejidad recorre a las universidades. Recientemente la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) les consultó sobre un conjunto de nuevos criterios y estándares que serían usados para acreditarlas y evaluar sus programas de pregrado, sus carreras de pedagogía, medicina y odontología, sus programas de doctorado, maestrías profesionales y académicas, y las especialidades médicas y odontológicas que ofrecen.

La nueva propuesta contiene una minuciosa regulación burocrática para el sector universitario; constituye un intento por controlarlas en 360º grados. Serían evaluadas en todas las dimensiones de su quehacer —docencia, investigación, vinculación con el entorno, gestión y recursos, aseguramiento interno de la calidad— y en cada aspecto de aquellas, mediante numerosos criterios (algunos considerados críticos y otros no), cuya satisfacción deben demostrar mediante el logro de unos estándares (cualitativos y cuantitativos) para recibir una acreditación básica, avanzada o de excelencia.

Pues bien, los criterios que una universidad completa y relativamente compleja necesitará tener presentes a la hora de evaluarse a sí misma o de ser acreditada son 103 en total. Respecto de cada uno, la CNA determinaría periódicamente en qué nivel de logro —1, 2 o 3— se encuentra esa universidad, para lo cual debe aplicar unos estándares muchas veces de difícil comprensión, no claramente justificados, con definiciones que admiten múltiples interpretaciones, de muy desigual importancia entre sí y con una variedad de elementos cada uno. ¡Una verdadera pesadilla kafkiana!

¿Con qué objeto la CNA, sus autoridades y miembros, y el íntegro Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Sinaces) han concebido tan complicado y engorroso dispositivo?

La explicación más probable es imponer al sistema universitario un control panóptico, o sea, un edificio burocrático diseñado de modo tal que toda su parte interior pueda ser vista desde un solo punto; en este caso, la agencia acreditadora.

Tal objetivo, a su vez, solo puede responder a una incomprensible desconfianza en las universidades. Estas solo podrían funcionar bajo estricta supervisión, dando cumplimiento a un centenar de reglas nacidas de la imaginación burocrática.

Esta perspectiva es por completo ajena a los modelos contemporáneos de aseguramiento de la calidad que se inspiran en la confianza hacia las instituciones y descansan en su propia capacidad interna para autoevaluar y gestionar su calidad. La autoridad pública se concentra en auditar este último aspecto, sin aplastar a las instituciones bajo una tupida malla administrativa.

En cambio, la propuesta de la CNA levanta su edificio panóptico sobre un grave malentendido.

En vez de acreditar periódicamente a las universidades en función de un umbral crítico que todas deben alcanzar para poder expedir títulos y grados académicos mediante un juicio dicotómico (sí o no), introduce una acreditación escalonada (básica, avanzada o de excelencia) de múltiples aspectos y niveles.

Al mismo tiempo, en vez de velar por el mejoramiento académico continuo de las instituciones —sobre todo, la calidad de la experiencia formativa que ofrecen a sus estudiantes— aquel complicado diseño de control administrativo define un modelo abstracto de excelencia hacia el cual deberían encaminarse las muy diversas instituciones que componen nuestro sistema universitario. Tal modelo puede colegirse fácilmente de la lectura de los 103 criterios en su nivel 3, o sea, de excelencia. Quien se dé el trabajo de hacer este ejercicio concluirá rápido que aquel modelo de calidad es perfectamente absurdo.

¿En qué consiste?

En una universidad altamente compleja e híper racionalizada, con una organización armónica y sin ninguna disfuncionalidad, que en cada uno de los 103 criterios alcanza la máxima perfección. Un espejismo burocrático costosísimo que nada tiene que ver con la realidad.

En efecto, como muestra la literatura especializada, las universidades son organizaciones más parecidas a ‘anarquías organizadas', integradas por múltiples comunidades de saber, que funcionan en un ambiente intensamente deliberativo, donde hay una constante interacción —muchas veces conflictiva— entre generaciones y donde imperan la libertad, la creatividad, la búsqueda de la razón y también, a veces, la vanagloria, el dogmatismo de las ideas y la incomunicación entre los especialistas.

Por eso, un paradigma de excelencia más parecido a una jaula burocrática ahogaría la diversidad de las universidades. Pues hay múltiples modelos posibles según cual sea la misión, historia, aspiraciones, recursos y características de cada universidad. Lo que debe exigirse de cualquiera institución es que cumpla con los estándares críticos, cuente con un potente esquema de aseguramiento interno de la calidad y demuestre una trayectoria consistente de mejoramiento.

Tal es también lo que cabe esperar de una directiva pública en estos asuntos; no un engorroso edificio panóptico coronado por un extravagante modelo único de universidad.

Por todo esto es urgente que la CNA rehaga su propuesta con un enfoque distinto, responsabilidad que debe ser compartida con los demás miembros del Sinaces: Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación y Superintendencia de Educación Superior. No podría comprenderse que estas autoridades avalen tan disparatada propuesta o no logren corregirla prontamente.