Uno de los prejuicios más arraigados es aquel según el cual hablando se entiende la gente. Como casi todos los prejuicios, este también es falso: las personas se entienden no cuando hablan entre sí, sino cuando asignan a las palabras que emplean el mismo significado.

Si lo anterior no ocurre, en vez de diálogo hay simple desencuentro, apenas una coincidencia de sonidos.

Lo anterior vale especialmente para el debate constitucional que -sea cual fuere el desenlace de la votación de hoy- se iniciará. Para que ese debate sea posible y fructífero es imprescindible un cierto pacto verbal. Solo hay sociedad allí donde existe una lengua compartida. El pacto lingüístico -sugirió Rousseau, el campeón de la democracia- es anterior al pacto social.

¿Cuál debiera ser, a contar de hoy, el contenido de ese pacto?

Desde luego, siendo la exclusión de la violencia la base de la democracia, es imprescindible que todos entiendan por violencia lo mismo. Es necesario llamar violencia a la coacción física o la amenaza de coacción con el propósito de torcer la voluntad ajena. Esto excluye llamar violencia a la injusticia que está plasmada en las estructuras o al maltrato lingüístico o cosas semejantes. Hay muchas cosas repudiables en la vida social, pero no todas son violencia. La violencia es violencia, la injusticia es injusticia. Así, las personas pueden discrepar acerca de la justicia o injusticia de la estructura, pero estar de acuerdo en condenar la violencia.

También es necesario al emplear la palabra diálogo referirse a un intercambio de razones y no a la simple puja por imponer los propios intereses o al juego en el que mediante exageraciones retóricas se intenta promoverlos. Cuando las personas se comprometen en un diálogo se obligan a explicitar las razones que apoyan esos intereses o los argumentos que muestran la necesidad de reconocerlos o concederlos. Convenir esto es imprescindible para lo que, sea cual fuere el resultado de hoy, se avecina. Reconocer que hay intereses, pero que deben primar las razones es a lo que se llama actitud de diálogo.

En tercer lugar, es necesario convenir que la palabra derecho alude ante todo a inmunidades que las personas pueden esgrimir frente al Estado (los llamados derechos civiles), o títulos para participar de la voluntad común (los derechos políticos) o facultades para exigir se promuevan ciertos bienes mínimos imprescindibles para ser miembro pleno de la comunidad (los derechos sociales). Esto supone aceptar que no todo lo deseable o necesario o apetecible o urgente o eficaz o bueno puede ser llamado derecho. Es necesario proteger el bosque, pero no es sensato decir que los árboles deben ser liberados (como se lee en algún grafiti), o sostener que los animales tienen derechos en el mismo sentido que los individuos humanos (como se escuchó en la franja), o que existe el derecho a la felicidad o a un mundo mejor (¿a quién podría reclamarse tal cosa?). Envolver con la palabra derecho todo lo que, con razón o sin ella, se anhela, no favorece la discusión. Hay cosas que son exigibles moralmente pero no son derecho; otras que serían útiles, pero que tampoco equivalen a un derecho. Así como no es verdad que la injusticia es violencia, tampoco es cierto que la justicia se alcanza cuando se distribuyen derechos.

Y en fin, es imprescindible convenir que las reglas limitan la voluntad y no son meros instrumentos para que ella haga su designio. Perseguir reglas constitucionales es reconocer que la voluntad de la mayoría no siempre ha de tener la última palabra y que, por lo mismo, no es cierto que al diálogo constitucional lo anteceda el vacío. Una regla es algo que obliga a la voluntad, no un instrumento al servicio de la misma.

No es todo -hay aún otras palabras que debieran integrar el pacto-, pero quizá basta ponerse de acuerdo en llamar violencia a la fuerza física ejercida contra el prójimo; diálogo, al intercambio de razones; derechos, a los títulos que autorizan a los seres humanos el reclamo de bienes básicos imprescindibles; regla a un enunciado que pone límites a la voluntad.

En uno de sus textos más brillantes, Ortega y Gasset observó que cuando las personas son dóciles al prejuicio inveterado de que hablando se entienden, suelen desencontrarse mucho más que si mudos procurasen adivinarse. Y este es el peligro del debate que se avecina: creer que hablando se entiende la gente sin cerciorarse antes de que comparten el significado de las palabras que emplean. Si no lo hacen, coincidirán los sonidos (el sonido que se hace al pronunciar la palabra violencia o al pronunciar la palabra derecho), pero no el significado (aquello que ese sonido refiere o a lo que apunta).

Y desgraciadamente, la coincidencia de sonidos -de ruidos y de furias- no basta para sentar las bases de un pacto social.