Sea que se le moteje como resquicio o que se le legitime, el hecho cierto, el dato duro, es que el Parlamento ha dado con la llave que abre el cerrojo que le impedía acceder al tesoro público.

Una piedra angular del régimen político que nos ha regido entre 1932 y 1973 y luego, entre 1990 y la semana que termina, ha sido que la billetera fiscal ha tenido un solo dueño. El Presidente ha tenido exclusividad para iniciar los proyectos relacionados con la administración financiera o presupuestaria del Estado; con la creación de empleos públicos y sus remuneraciones; que endeudaran al sector público; los relativos al régimen tributario; los que fijan remuneraciones mínimas o beneficios obligatorios del sector privado, y los relativos a las normas de seguridad social.

Como la Constitución daba por supuesto que esas materias serían reguladas por ley, la iniciativa presidencial exclusiva era para iniciar proyectos legales. La llave que ha abierto el cerrojo consiste en presentar mociones en esas materias como reformas constitucionales, donde no hay iniciativa exclusiva presidencial. Incorporar una nueva regla a la Constitución requiere de la aprobación de 3/5 de los parlamentarios en cada Cámara, a menos que el proyecto haga excepción a alguna norma contenida entre los derechos fundamentales o en un par de otros capítulos de la Constitución, caso en el cual se exigen 2/3. Alcanzados esos quorum, no cabe objetar la validez jurídica de lo que apruebe el Congreso.

Mermados en sus atribuciones y alicaídos en su prestigio y estima pública, los parlamentarios han dado con el mecanismo para otorgar beneficios con recursos públicos. Si hasta ayer los muchos proyectos que iniciaban para beneficiar a sus electores quedaban en el plano testimonial, al ser declarados inadmisibles, ahora les basta presentarlos como proyectos de reforma constitucional para que sean debatidos en su mérito, sin que quepa desestimarlos por falta de competencia.

Unos los alabarán como sensibles a las necesidades sociales, otros los denostarán como populistas. El hecho cierto es que será muy difícil para los parlamentarios resistirse a los impulsos de distribuir beneficios. Argumentos de responsabilidad con el gasto fiscal sonarán siempre a egoísmo e insensibilidad. Crecerán las presiones hacia el Parlamento. Además, a los detractores del “modelo” se les ha abierto una vía para iniciar el “principio del fin” de diversos sistemas que critican como neoliberales.

El escenario parece dejar dos grandes opciones para lo que queda de gobierno y de la actual Constitución: competir o compartir la billetera, el poder y la responsabilidad por los resultados.

La competencia por la billetera es lo que hemos visto las últimas dos semanas. El Gobierno proponiendo unos mecanismos de ayuda y el Congreso otros. Los proyectos más sencillos y generosos captarán la atención mediática y andarán rápido. Los técnicamente complejos se empantanarán. Compartir la billetera fiscal implica, en cambio, alcanzar un acuerdo global entre Presidente y un amplio espectro de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, acerca de los mecanismos de ayuda a los afectados por la pandemia y las medidas de reactivación. Algo de aquello conocimos cuando se puso el marco de los 12 mil millones de dólares. Alcanzado, La Moneda no invitó a los firmantes a la foto ni les mantuvo la convocatoria para compartir la definición de cómo gastar los recursos acordados. En cambio, se encerró a hacer sus propios planes, con consultas esporádicas y acotadas a su coalición. La alternativa parlamentaria terminó por arrastrar a buena parte de los suyos, como probablemente sucederá varias veces en esa lógica.

El Gobierno afirma que quiere dar vuelta la página, pero no sabemos qué lecciones ha sacado de esta página. Si ninguna, estará y estaremos en problemas.

Políticamente, competir implica infligir derrotas al Presidente, lo que creará un clima propicio a su desestabilización cuando se sumen las protestas callejeras, con el consiguiente riesgo para la estabilidad democrática. Compartir, en cambio, pasa por que el Presidente asuma que ya no tiene el poder que tuvieron sus antecesores en La Moneda, que su programa ha quedado limitado a la salida de la crisis y este será el que pueda convenir con fuerzas opositoras.

Para la oposición, compartir es hacerse de parte importante del poder político y de la billetera fiscal, asegurarle estabilidad al Gobierno y compartir la responsabilidad por los éxitos y fracasos de una política nacional de salida a la crisis.

El escenario de colaboración es improbable con el panorama electoral que tenemos. La magnitud de la crisis, sin embargo, apela a gestos extraordinarios. Entre una y otra alternativa se juega no poco de nuestra futura convivencia.