La caída de los ingresos fiscales para este año se estima que será de17% —incluso pudiera ser mayor—, pero solo un 3,8% del gasto aprobado en la actual Ley de Presupuestos se ha podido reasignar hacia áreas ahora más prioritarias, en relación con las contempladas al momento de su tramitación. ¿Poco o no?

Ello viene a corroborar lo difícil que es reasignar recursos ya comprometidos a distintas iniciativas, pero la estrecha situación fiscal y las nuevas necesidades de gasto que deberemos enfrentar este año y los próximos nos obligan a cambiar la forma en cómo se ha abordado hasta ahora. Nos hemos mal acostumbrado en el pasado, cuando las nuevas necesidades de gasto eran cubiertas con recursos fiscales adicionales, principalmente generados por mayores tasas de crecimiento de la economía a las proyectadas para los próximos años. Los espacios para una mayor reasignación han sido más bien limitados.

Durante los años dorados de nuestra economía (1990-1999), el gasto fiscal aumentó en promedio en términos reales en un 6,6%; durante los últimos cuatro años lo hizo en promedio en un 3,9% y para los años 2021-2014 se estimaba en enero que solo tenía espacio para crecer en un 1,5%. Ante esta realidad, la posibilidad de poder reasignar recursos hacia nuevas necesidades y mejorar su gasto se hace cada vez más urgente.

Me imagino que, con ello en mente, el Ministerio de Hacienda comenzó a elaborar el presupuesto para el próximo año utilizando una herramienta conocida bajo el nombre Presupuesto Base Cero. A partir de ello, se le exige a cada Ministerio que, a diferencia de años anteriores, no solo fundamentar la necesidad de mayores recursos para sus carteras, sino que también justificar mantener los recursos y programas que hoy ejecutan.

Pero se deben realizar mayores esfuerzos, aun más allá de la reasignación. Que los recursos no solo se destinen a las nuevas prioridades, sino que también se gasten bien. Cambios más estructurales, más profundos y anticipando que reformas mal implementadas pudieran terminar por encarecer los programas e iniciativas que hoy se ejecutan. Algunas reflexiones al respecto.

Primero, se debe evaluar, corregir y reenfocar. En términos generales se evalúa poco el gasto público. La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social evalúan todos los años un número acotado de proyectos. El año 2018, por ejemplo, se evaluó solo un 3,7% del total del gasto. Y de lo evaluado, una parte mayoritaria de los programas fueron evaluados con mala nota, mientras que, en otros casos, se concluyó que no podían ser evaluados, ya que no se contaba con información suficiente para ello. No obstante, la mayoría sigue recibiendo cuantiosos recursos.

Luego, es necesario retroalimentar el proceso de evaluación social de los proyectos de inversión. Hoy, los proyectos de inversión en infraestructura deben contar con una evaluación social favorable para ser financiados, pero una vez entregada la obra, ya no se evalúa si efectivamente tuvo el impacto que se esperaba. Si, por ejemplo, la tasa de utilización estimada al momento de su evaluación inicial efectivamente fue tal, o si los costos de mantención estimados fueron los correctos.

Adicionalmente se requiere ampliar la mirada, no solo centrarse en ir programa a programa, línea por línea. ¿Cuán eficiente es la forma como se estructura el Estado? Hoy llegamos a tener 24 ministerios y varios más que pudieran crearse si se aprueban los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso. De los actuales 24, 6 se han creado en los últimos 10 años. Dos de ellos se encuentran entre los con menos recursos asignados. Pero cada uno fue creado con su respectiva subsecretaría y sus 16 secretarías regionales ministeriales. Del total de recursos que solo son gestionados por estos dos ministerios, descontando los recursos administrados por los servicios que dependen de ellos, un 90% se destina a gasto en funcionamiento (personal, bienes y servicios).

Finalmente, se debe tener cuidado al descentralizar. A partir de la elección de gobernadores regionales y la eventual transferencia de mayores competencias desde el nivel central al regional, se corre el riesgo de que, en vez de descentralizar, se dupliquen funciones y programas, con el consecuente mayor gasto para el Estado en su conjunto.

Si bien este es un proceso que aún no está en curso, más allá de las buenas intenciones, producto de las tensiones propias entre quien tiene que traspasar la capacidad de decisión y ejecución de determinados programas —gobierno central— y quien quiere contar con mayores competencias —gobierno regional—, se corre el riesgo que se termine por adoptar medidas que dejen a todos contentos: duplicar los recursos y burocracia asignados a una misma tarea.

Sin duda que reasignar gasto público; corregir e incluso terminar programas mal evaluados; pensar en volver a fusionar ministerios o al menos su desconcentración territorial, y avanzar en descentralización sin que ello se traduzca en duplicar funciones requieren de voluntad política. No solo por parte de la autoridad fiscal, sino que también del Congreso. La situación fiscal en la que nos encontramos, la más estrecha que les haya tocado vivir a la mayoría de quienes hoy están en cargos que deben tomar definiciones al respecto, requiere que se tome este tema en serio.