El acontecimiento más relevante de este último tiempo —más incluso que el mismo 18 de octubre— lo constituye la regla de paridad que se acaba de convenir. De haber nueva Constitución, el órgano encargado de deliberarla estará integrado por igual número de hombres que de mujeres.

Si se deja aparte lo inédito de esa regla (en el mundo no parece haber casos que la remeden) y sus complicaciones electorales (entre ellas, la corrección de la decisión popular que supone), lo más relevante de ella es su dimensión cultural.

Sin embargo, esa regla no es el resultado de una evolución espontánea, el precipitado de una transformación lenta y silenciosa de la cultura chilena, el abandono casi en puntillas del machismo y del prejuicio de género.

No, de ningún modo.

La cultura chilena sigue siendo una cultura en la que están alojados prejuicios que desvalorizan el papel de las mujeres y que proveen múltiples y a veces enrevesados pretextos para mantener diversas formas de subordinación. La dominación de un género por otro —en este caso, la dominación masculina— adopta múltiples formas, algunas de las cuales se mimetizan con argumentos religiosos (como cuando se define el rol femenino desde María), o incluso económicos (como cuando se argumenta que la división sexual del trabajo es más eficiente).

Creer que la regla de paridad recién adoptada es una prueba de que esos prejuicios y esos pretextos han desaparecido, sería un error de grandes proporciones.

La importancia de esa regla no proviene del hecho de que ella acredite el desvanecimiento del prejuicio.

Su importancia deriva del hecho de que esa regla, al incorporarse a la cultura explícita, provee una medida ineludible a la que se podrá volver una y otra vez para someter a examen y a evaluación otras múltiples esferas del quehacer social.

A contar de ahora, todas las decisiones colectivas habrán de ser miradas a través de ese criterio.

Una vez que se consideró que a la hora de redactar una Constitución las mujeres deben participar en la misma proporción que los hombres; luego que se decidió que las bases mismas de la convivencia debían evitar, hasta donde eso es posible, el sesgo de género; una vez que se creyó que para disminuir ese sesgo había incluso que disponerse a corregir los resultados electorales como única forma de asegurar que la paridad se produzca, ¿qué razón podría esgrimirse para que algo semejante no comenzara a ocurrir en los directorios de las empresas, los consejos de las universidades, las escuelas, los sindicatos, las organizaciones gremiales o las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo explicar de aquí en adelante que una actividad pública, desde la presentación de un libro a un seminario sobre esto o aquello, no cuente con la participación de mujeres? Resultaría inexplicable que a la hora de decidir la fisonomía de la vida en común, de la vida ciudadana, se adoptara la paridad y que, más tarde, se la negara en otras formas menores, y organizadas, de la vida social como una empresa, una oficina de abogados o una facultad universitaria.

Así entonces, puede afirmarse que la regla de paridad no es una regla meramente procedimental, una regla meramente formal que establece cómo se adopta una decisión sin que ella misma contenga decisión alguna.

No.

La regla de paridad es, sin exageración, la primera regla constitucional que se ha adoptado y que seguirá rigiendo sea cual fuere el resultado del plebiscito. Y esa primera regla constitucional es que las decisiones que atingen a todos, y en todos los intersticios de la vida social, deben contar con la participación igual de hombres y de mujeres. Una regla que quiere corregir esa desigualdad de género que en tantas esferas de la vida tantos hombres y tantas mujeres la viven con la naturalidad de la respiración.

No cabe duda.

Sin ofensiva ideológica, ni asalto utópico, ni primera línea, ni comentaristas complacientes, la semilla para un cambio de la cultura, uno de los más relevantes que se pudiera imaginar, ha comenzado.