Llegamos a un punto que pensábamos impensable hace una década. Nuestra situación fiscal se encuentra en un estado de deterioro tal, que se agotaron las soluciones fáciles para salir de ella. A pesar de haber contado con un discurso político alineado con la responsabilidad fiscal, durante la última década hemos gastado prácticamente todos los años más de lo que recaudamos. Este déficit se ha financiado en gran medida por medio de un mayor endeudamiento —entre los años 2008 y 2019 la deuda bruta del gobierno central en relación al PIB subió de casi un 5% a aproximadamente un 28%— adicionalmente a las cuatro reformas tributarias que hemos tenido desde el año 2010 en adelante. A ello se suman ahora las demandas por mayor gasto público instaladas con fuerza desde octubre pasado, las que de no encontrarse debidamente financiadas solo generarán una mayor tensión social a futuro. Entonces, ¿cómo volvemos a recuperar la sostenibilidad fiscal que en el pasado nos ha caracterizado? El camino no se ve fácil.

Antes de octubre de 2019 las autoridades fiscales proyectaban que la deuda bruta del gobierno central al año 2024 iba a ser algo más del 29% del PIB. Pero hoy, considerando el gasto ya comprometido, se estima que esta será superior al 38%. De acuerdo a estimaciones propias, esta seguirá subiendo al menos hasta un 45% para el año 2030, incluso asumiendo el escenario “optimista” planteado por las autoridades en cuanto al crecimiento del gasto público (9,2% para el 2020 y un promedio de 1,2% para los años 2021-2024, cifra muy inferior al crecimiento promedio de 4,7% de los cinco años previos).

Dado que vía endeudamiento no tenemos espacio para aumentar el gasto público ya se ha planteado la necesidad de aumentar los ingresos fiscales a partir de una nueva —una quinta— reforma tributaria (como siempre, votos para ello en el Congreso siempre hay). ¿Resulta razonable? Luego del alza tributaria recientemente aprobada —que se estima que recaudará US$ 2.500 millones al año— la carga tributaria en relación al PIB será de aproximadamente un 20%.

Algunos querrán justificar más impuestos recordando la carga tributaria promedio en los países de la OCDE, de 25% del PIB. Pero ese promedio esconde una realidad de infinitos matices. Entre los cinco países más ricos de la OCDE, dos tienen una carga tributaria en relación a su producto del 19% (Estados Unidos y Suiza), uno del 21% (Irlanda) y dos cercanos al 29% (Luxemburgo y Noruega). Y entre los cinco más pobres —sin considerar a Chile— tenemos a México, Turquía, Letonia, Hungría y Grecia con ingresos tributarios en relación a su producto de 14%, 17%, 22%, 24% y 27%, respectivamente.

Como vemos, el promedio por sí mismo dice muy poco, especialmente tratándose de un grupo de países en que el producto per cápita es casi el doble del chileno. ¿Cuántos países de la OCDE requieren como Chile recuperar el dinamismo perdido de su economía, tienen el vaso igual de lleno hasta el borde de incertidumbres políticas, con un marco constitucional incierto, con un Estado de Derecho en parte desbordado por la violencia… y se dan el lujo de discutir un quinto cambio de reglas tributarias en pocos años?

El camino fácil seguido hasta ahora para aumentar el gasto público —más deuda y más impuestos— tiene un final. Luego solo queda el camino más complejo, tanto desde un punto de vista económico como político: volver a mayores tasas de crecimiento económico, reasignar gasto público y hacerlo más eficiente.

Una economía que no crece es una economía que no genera mayores ingresos fiscales. Entre septiembre y enero pasado, producto del ajuste a la baja de las proyecciones de crecimiento económico, consecuencia del estallido de violencia para los próximos cinco años (2020-2024) se proyecta recaudar US$ 17.300 millones menos. Así, incluso luego de la recientemente aprobada reforma tributaria, el fisco durante los próximos 5 años será mucho más pobre que hace cuatro meses.

Hace unas semanas, el ministro de Hacienda convocó a una mesa de trabajo para “un mejor gasto” y está por verse si los resultados contarán con apoyo político para llevarlas a cabo. Además de un mejor gasto, se debe también tomar la determinación de reducir el gasto en burocracia en el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, ¿se van a seguir creando ministerios? ¿No queremos parecernos en esto a la OCDE? Lo digo porque Chile, con sus 24 ministerios, tiene más que cualquier país de dicho grupo. España, por ejemplo, se las arregla con 18.

Pero claro, este tipo de reformas son mucho más ingratas para el mundo político que el camino fácil de simplemente aumentar impuestos o aumentar la deuda. El problema es que la política de pronto descubre que en poco rato ha llevado al país al final del camino fácil, a ese punto en que seguir gastando y subiendo impuestos crea muchos más problemas de los que soluciona.