Después de leer los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), cuyo trabajo de campo se realizó entre el 28 de noviembre y el 6 de enero, pareciera que no queda títere con cabeza. Aunque hace ya tiempo que se observaba la tendencia de la ciudadanía a confiar cada vez menos en nuestras instituciones, la magnitud de la caída mostrada por los datos que se dieron a conocer la semana pasada es impactante. Todas las instituciones descienden. La confianza en el Gobierno baja de un 10% a un 5%, y la confianza en el Congreso y los partidos se reduce de un 6% a un 3% y un 2%, respectivamente.

Las expectativas respecto de la economía también se desploman. Asimismo, el golpe de la crisis ha generado un desencuentro generacional: un 57% de los encuestados considera que esta situación ha gatillado tensiones entre las personas de mayor edad y los jóvenes. Es inevitable una sensación de desaliento y pesimismo.

De cara al futuro, la gran pregunta tras los resultados de la última encuesta CEP es cómo recuperar la confianza en las instituciones. Es evidente que tenemos un generalizado problema institucional. Y hace ya tiempo sabemos que el Estado no está a la altura.

En el plano político no surgen liderazgos. Todos los personajes políticos bajan en su evaluación positiva, y nadie se salva de aumentar sus niveles de rechazo. Las élites políticas se perciben alejadas de lo que demanda la ciudadanía, y toda la clase dirigente no ha estado a la altura. El 81% sostiene que el Gobierno ha gestionado mal el estallido; el 80% aduce lo mismo del Congreso; el 72% lo dice de la oposición; el 67% lo afirma respecto de Carabineros, y el 61% lo expresa en relación a los militares. Incluso el 50% también considera que ni siquiera los alcaldes han dado el ancho.

No cabe duda que este escenario es desolador. Sin embargo, hay señales esperanzadoras que nos muestran que los chilenos quieren una salida institucional de esta crisis. El porcentaje de apoyo a la democracia es alto y ha subido desde 2017. De hecho, un 64% considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y este apoyo es transversal a todos los grupos etarios. En esta misma línea, es notable que, pese al desprestigio de los partidos políticos, un 37% prefiriera que la nueva Constitución sea elaborada por un grupo de parlamentarios y personas elegidas específicamente para ello, es decir, por una convención mixta.

Sin lugar a dudas, lo más importante de esta encuesta es que un 78% espera que se privilegien los acuerdos entre líderes políticos. Este es un llamado fuerte y potente que debe hacernos reaccionar a todos, en especial a la clase dirigente. No parece ser el momento para discursos disruptivos, sino para apoyar a nuestra institucionalidad democrática. La ciudadanía ahora exige acción en todos los estamentos que tienen responsabilidad en la dirección de nuestro país. Y hoy, tras el estallido social, las prioridades para la ciudadanía son pensiones, salud, educación y sueldos.

Es decir, a pesar de la desconfianza generalizada, hay una gran esperanza. Quizás es esa esperanza la que hace que la mitad de quienes consideran que la democracia hoy en día funciona mal o muy mal crean que funcionará mejor en cinco años más. Para ello, resulta fundamental que los políticos sigan trabajando y buscando fórmulas que hagan posible una salida institucional a la crisis en la que estamos estancados desde hace tres meses. La propia gente nos indica la salida: que se privilegien los acuerdos. Y que se respete la democracia.