Justo 40 años después que se implementara en Chile un sistema de pensiones que en su corazón tenía la promesa y la garantía de que la plata que se tomara del sueldo del trabajador para pensiones efectivamente estaría disponible el día que jubilara, el Gobierno del Presidente Piñera ha propuesto una reforma en que esa promesa, parcialmente, se relativiza.

En los últimos años y con motivo de diversas propuestas, se han discutido ampliamente distintos aspectos del sistema, en sí mismos muy importantes y en los cuales voces técnicas de gobierno y oposición han debatido sobre cuál es la mejor fórmula, cuál el guarismo apropiado. ¿Cuánto aumentar la cotización? ¿Quién paga el aumento? ¿Ente o no ente? Pero hasta hace unos días, desde el Gobierno actual (e incluso antes, desde la oposición al gobierno de la presidenta Bachelet) nunca se ofreció una propuesta que relativizara esa promesa central: la cotización previsional se mantenía en una cuenta personal amparada por el derecho de propiedad. Puesta en un contexto histórico, nacional o internacional, considerando la experiencia de nuestro barrio latinoamericano, por ejemplo, esa promesa tenía y lamentablemente sigue teniendo un profundo sentido de realismo práctico para los trabajadores.

Sobre la importancia sustantiva y política del tema poco se puede agregar a la realidad dibujada por los números que al respecto ofreció la encuesta CEP hecha pública esta semana. No es coincidencia que el proyecto anunciado sea el tercer intento en tres años (y dos gobiernos) de modificar el sistema de pensiones. Pero es llamativo cómo ha fluctuado el eje del debate político en torno al tema en estos años.

No cabe duda de la centralidad de la cuestión de las cotizaciones previsionales en sí. Hay realidades obvias e ineludibles: desde que se creó el sistema, la expectativa de vida ha aumentado en forma importante (se espera que hombres y mujeres vivan 8 y 10 años más, respectivamente, que cuando se diseñó originalmente el sistema), y si vivimos más años, necesitamos más ahorros.

Pero con motivo de la propuesta de la entonces presidenta Bachelet, la discusión se centró en la introducción de un elemento “de reparto” (2%) y en la creación de un nuevo “ente” estatal responsable de administrar el 3% de mayor cotización que se destinaba a ahorro individual. La propuesta fue duramente criticada tanto por el elemento de reparto como por la creación de un ente que carecía de justificación técnica, encarecía el sistema y por ende, afectaba negativamente las pensiones. Dicha reforma no prosperó.

El Gobierno del Presidente Piñera propuso inicialmente aumentar en 4% la cotización obligatoria destinándola íntegramente a las cuentas de ahorro personal y mejorar las actuales pensiones por medio de un mayor aporte de recursos fiscales. En torno a la administración de esa cotización adicional, la propuesta respetaba la libertad de elección del afiliado y ofrecía alternativas a las AFP. Luego el Gobierno abandonó su propuesta y —sin aportar justificación técnica— abrazó al “ente” que antes criticó y se sumó a la prohibición de que las AFP administrasen dicha cotización adicional.

Ahora en esta nueva propuesta recién dada a conocer, como es sabido, el Gobierno insiste en el Ente, crea un impuesto al trabajo y abraza el sistema de reparto. Cuesta reconocer en ella alguno de los criterios técnicos y principios desde los que argumentó en el pasado.

Para justificar la creación de un impuesto al trabajo, financiando así un sistema de reparto, probablemente se aluda a la estrecha situación fiscal. Pero no solo las arcas fiscales están estresadas, también el mercado del trabajo, en una economía debilitada y afectada por incertidumbres. ¿Estará calculado el impacto neto de esta realidad en materia de las propias pensiones? Porque sabemos exactamente cuánto contribuyen a una cuenta individual o a un fondo de reparto las cotizaciones de un puesto de trabajo que deja de existir: cero.

Al comienzo de esta columna dije que el proyecto del Gobierno relativiza una promesa central del sistema de pensiones actual. Pero alguien, con razón, me podría decir que las “promesas relativas” simplemente no son promesas, que por más seria que sea la intención con que se plantean hoy, por sincera que sea la voluntad con que la autoridad política gira hoy a cuenta de los recursos públicos de mañana, todo trabajador sabe que nadie le garantiza y que no puede girar a cuenta de esa promesa política, porque esa plata simple y jurídicamente va a dejar de ser suya.

El punto es válido y si usé la expresión “relativa” fue como sinónimo de “parcial”, dado que la propuesta del Gobierno en este punto afecta al 50% de la cotización adicional propuesta y no al total.

Porque además la propuesta de crear un componente de reparto por parte del Gobierno abre un riesgo de relativización política total de esa promesa esencial del sistema a los trabajadores: la propiedad de sus ahorros previsionales. Así previsiblemente lo entendieron quienes, desde la oposición, en menos de 24 horas, reaccionaron invitando a no limitarse a cuestionar “cuánto va a la cuenta individual y cuánto no, sino la lógica total del sistema”.