Voltaire recomendaba juzgar a una persona por sus preguntas más que por sus respuestas. ¿No será razonable decir lo mismo respecto de los países? ¿No tienen la impresión de que en Chile hoy parece haber preguntas que ya no se pueden hacer? De hacerlas, se es tildado de dogmático, o bien que no se ha entendido nada de lo que ha pasado en las últimas semanas en el país. Es como si el estallido de violencia que hemos vivido desde el 18 de octubre, las manifestaciones sociales y la crisis económica a la que estamos ad portas de entrar hubieran borrado de un plumazo preguntas esenciales que se deben tener presentes en la construcción de políticas públicas que nos permitan dar soluciones responsables y sostenibles en el tiempo.

Acá va una selección de las que ya no se pueden hacer, pero que al menos yo de manera responsable no puedo dejar de plantear.

¿Cuál será el costo para los chilenos, en sus posibilidades de trabajo, en sus ingresos, de la suma del estallido de violencia? De acuerdo al reciente Informe de Política Monetaria del Banco Central, la estimación de crecimiento para este año se redujo desde un rango de entre 2,25% y 2,75% a un 1,0% para este año, y de un rango de entre 2,75% y 3,75% a uno de entre 0,5% y 1,5% para el próximo. ¿Qué significa ello? Que hacia fines del próximo año nuestra economía habrá producido US$ 13.600 millones menos que lo que era posible hasta el 17 de octubre, y significa que en promedio los hogares en Chile hacia fines del 2020 tendrán menores ingresos por US$ 2.795.

¿Cómo retomaremos la senda de crecimiento económico, del empleo, del crecimiento de los sueldos? Hablar hoy de crecimiento económico es tildado de dogmático. Pero no podemos dejar de recordar su importancia para efectos de seguir reduciendo la pobreza y fortalecer nuestra clase media. Además, solo así se contará con los recursos necesarios para poder financiar las expansiones a la política social que se están debatiendo hoy. La frase “no fueron 30 pesos, fueron 30 años” instala la sensación de que nuestra época de oro en términos de crecimiento económico fue un error. Para corregir el error, ¿tenemos que volver al Chile de 1990? Algunas cifras para ilustrar lo que ello significa: pasar de la actual tasa de pobreza de 8,6% a la del 68,5% del 90, volver a un gasto social del año 92 de $454.000 por habitante, desde el actual gasto social por habitante que fue el año pasado de $1.648.926 (cifras en pesos del 2018), volver a una cobertura de la educación superior del 16% en vez del actual 55%.

¿Qué más habremos sacrificado cuando en estas semanas la clase política decidió subirse ella misma al altar de sacrificios y rebajar sus dietas? La calle enojada con nuestra clase política aplaude con fuerza una rebaja a la mitad de las remuneraciones del Presidente de la República, ministros, subsecretarios, diputados y senadores. Con ello volveremos a niveles similares a los que se pagaban hace ya casi dos décadas atrás y que dieron origen, al menos en el caso de los ministros, a los tristes “sobresueldos”. Para los que no lo recuerdan, estos eran sobres con efectivo provenientes de gastos reservados que “complementaban” las remuneraciones fijadas por ley. Esta reducción será mientras que una comisión que se viene creando determine cuáles debieran ser los sueldos a pagarse a las altas autoridades de la administración del Estado. Pero, como techo, a futuro nadie podrá ganar más que el Presidente de la Republica. Si la discusión se centra en cuánto ganan las altas autoridades en relación con el ingreso promedio de la economía, difícilmente el Estado podrá ser un empleador competitivo respecto del sector privado. Y este es un aspecto esencial cuando estamos pensando en cargos tales como jefes de servicio o bien gerentes generales, o presidentes ejecutivos de empresas públicas. Las remuneraciones en el sector público deben fijarse con relación a la responsabilidad y complejidad de cada cargo, para al menos equiparar las rentas que pudieran obtener en el sector privado. De lo contrario, la calle no solo habrá sacrificado a los “políticos”, sino que también a todos los que demandan un Estado ágil y moderno, capaz de dar una atención y soluciones de calidad.

¿Cuándo terminaremos con el saco roto del gasto público? Es un imperativo social emprender una reforma que modernice el Estado. El gasto público en término reales se ha quintuplicado durante los últimos 30 años, pero a pesar de ello continúan las demandas por una mejor salud, educación, mejores ciudades. En salud, en buena parte capturada por sus gremios, a pesar de los cuantiosos recursos inyectados al sistema, el trato recibido por la inmensa mayoría que se atiende en el sector público no ve mejoras. En educación pública, también capturada por sus gremios y luego ya de varias reformas más bien estructurales, en términos generales las brechas no se reducen entre los distintos sectores de la población. Y en nuestras ciudades, el Estado a través de los municipios no ha sido capaz de cerrar las brechas entre comunas en relación con el entorno urbano en el cual se desarrollan nuestros barrios.