Por momentos, en los últimos días hemos contemplado —e intuyo que a ratos hemos incluso caminado sin darnos plenamente cuenta por el borde mismo—, abismos insondables de violencia y de fractura institucional. La semana termina con acuerdos grandes, casi tan grandes como las esperanzas que los chilenos tienen de que los mismos encaucen un futuro de racionalidad y normalidad democrática.

Sería un error histórico igual de grande que el entusiasmo por los acuerdos políticos alcanzados hiciera olvidar que la crisis se gatilló, inflamó y aceleró por consideraciones básicamente sociales. No pensemos que una nueva Constitución será capaz de dar respuestas a una buena parte de estas demandas. Hay ámbitos en que todos los actores del debate público deberemos asumir con la honestidad y sobriedad que exige el momento, que hay problemas que no podemos seguir “chuteando” hacia adelante, decorándolos con parches, optando por complacer a grupos de presión y postergando impúdicamente la solución real esperada por la gente.

Ejemplo perfecto de lo anterior es la situación de la salud pública en Chile.

Humana y vitalmente, es de los ámbitos que más situaciones de angustia personal causan. En la práctica, fuente diaria de situaciones de trato indigno para millones de chilenos.

Miren cualquier encuesta. Por ya décadas señalada como una de las tres principales prioridades y demandas de la gente. Sólo para mencionar alguna, al menos desde 2006 en las encuestas elaboradas por el Centro de Estudios Públicos, frente a la pregunta ¿cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar mayor esfuerzo en solucionar el Gobierno? Salud siempre ha estado entre los tres primeros.

Miren las leyes de presupuestos. Al menos desde el año 2005 en materia de salud el gasto público ha crecido a una tasa anual del 12,7%. Hoy representa más del 20% del total del presupuesto de la nación.

Miren los resultados. De acuerdo a un estudio presentado la semana pasada ante el Congreso en el marco de la discusión del presupuesto del Ministerio de Salud para el próximo año, entre 2011 y 2015 la eficiencia del gasto disminuyó a una tasa de -8,7% al año, con una caída en la producción acumulada del 1%. Todo sigue igual, e incluso retrocede.

Es un saco roto. Es un caso en que no ha faltado “voluntad fiscal”. Lo que ha faltado es voluntad política para solucionar el problema de la población en lugar de acomodarse a los grupos de presión.

Ha sido más cómodo “negociar” con sindicatos controlados en buena parte por el Partido Comunista y grupos afines, meterle plata al saco roto, y dejar a la gente esperando. Hay pocos casos en que resulte más evidente que la “reforma del Estado” es una necesidad SOCIAL, no económica.

A su vez también están aquellos que aprovechan la situación para defender sus privilegios y monopolios que hoy les otorga la ley, tal como lo han hecho los gremios de taxistas y colectiveros, movilizándose para evitar la legalización de las plataformas digitales para el transporte.

Y por último están los que bloquean las autopistas urbanas e interurbanas por parte de quienes hoy respaldan el movimiento “No+Tag”. Más allá de los ajustes que pueden ser hechos al sistema de concesiones después de la experiencia acumulada en estos 20 años, no se puede olvidar que el total de recursos invertidos en infraestructura vial concesionada es del orden de los UF 420 millones, cifra equivalente a siete años del presupuesto del Ministerio de la Vivienda destinado a la mantención, mejoramiento de viviendas y subsidios habitacionales. Más que apoyar las demandas sociales por un país más justo, esto huele más bien a imponer por la fuerza privilegios para algunos y profundizar la captura del Estado por parte de grupos organizados.

A Chile lo han destruido unos pocos, pero deberá ser reconstruido por todos. En los difíciles meses que tenemos por delante, sabremos quiénes están del lado de la paz y el progreso y de un Estado que se hace cargo de las demandas ciudadanas y quiénes están del lado de los grupos minoritarios que quieren mantener sus privilegios.