Hoy se cumplen 423 días desde que el Gobierno envió al Parlamento en agosto del año pasado la reforma tributaria que se encuentra actualmente en discusión en el Senado. Nuestro código tributario ha experimentado al menos tres reformas importantes desde 2010. Ese año, la reforma que elevaba transitoriamente por dos años la tasa del impuesto a las empresas demoró 85 días en ser aprobada por el Congreso. Cuando dos años más tarde, en 2012, se modificó lo aprobado en 2010 para hacer permanente el aumento supuestamente "transitorio" de los impuestos, el Congreso lo despachó en tan solo 53 días.

La criatura tributaria nacida de la propuesta de la Presidenta Bachelet en 2014 fue aprobada en 178 días, tiempo suficiente para que a la intensa discusión política que generó, se sumara la instalación de una mesa técnica para acercar posiciones. Con esto llevamos en los últimos 10 años más de dos años enteros (739 días) hablando de reforma tributaria. ¿Se habrá inventado mejor manera de frenar y dilatar -o de frentón, matar- proyectos de inversión que estar discutiendo las reglas básicas que afectarán su rentabilidad?

¿Se atrevería alguien a suponer o esperar que de la actual discusión pudiese emerger un acuerdo que constituya un marco tributario positivo y con reglas del juego que imperen por una década? Resulta evidente que esto más que economía, es política.

Durante la época electoral, en el programa de gobierno de la actual administración se planteó la necesidad de reformar el código tributario proponiendo tanto (a) rebajar la tasa del impuesto a las empresas, para hacer converger gradualmente la tasa a los niveles promedio de los países de la OCDE (lo que se traduciría en una rebaja del actual 27% a una del 23%) y (b) volver a reintegrar gradualmente el impuesto a las empresas con los impuestos pagados por las personas. La letra a) nunca salió desde La Moneda al Congreso. La letra b) se debate entre la vida y la muerte en los pasillos entre la Cámara y el Senado.

Luego de más de un año de debate, finalmente la reforma fue aprobada a fines de agosto por la Cámara de Diputados luego de la firma de un acuerdo entre el Gobierno, la Democracia Cristiana -con la firma de su presidente, Fuad Chahin; el presidente de Conapyme, Juan Araya; la presidenta de la Asech, Alejandra Mustakis; el presidente de la asociación de emprendedores, Juan Pablo Swett; y del presidente del Consejo de Dirigentes Sociales del Adulto Mayor, Ramón Aguilar. El apoyo de este último vino luego de haber incorporado normas a favor de los adultos mayores para el pago de contribuciones. El apoyo entregado por las asociaciones gremiales se funda en el hecho de que el actual sistema semiintegrado impone una carga tributaria mayor a quienes buscan emprender y crear nuevas empresas. En efecto, hoy a igualdad de rentas, las personas que han formado una empresa pagan un impuesto adicional del 9,45% en relación a los que sólo pagan impuestos como trabajadores. Volver a una equidad horizontal del sistema tributario (a igual nivel de ingresos igual carga tributaria) está en línea también con lo propuesto inicialmente en la reforma aprobada en 2014.

¿Se acordarán los senadores de oposición que incluso el proyecto enviado por la Presidenta Bachelet en 2014 defendía la integración diciendo que "la mantención del sistema integrado tiene por objeto esencial alcanzar mayores grados de equidad a través del sistema tributario"?

Pero ahora hemos visto cómo el debate iniciado en el Senado nuevamente quiere llevar a fojas cero lo acordado en la Cámara. Al parecer daba lo mismo lo que se aprobó y acordó en la Cámara, lo que al menos deja en entredicho la validez de la firma del presidente de la Democracia Cristiana en el acuerdo alcanzado.

Sorprendentemente, en la hora undécima, voces de oposición (los mismos sectores que inicialmente en 2014 apoyaban la propuesta de mantener un sistema integrado) han planteado que en vez de perseverar en la reintegración del sistema tributario podría ser mejor pensar en bajar la tasa del impuesto a las empresas. Habría que ser muy mal pensado para suponer que este planteamiento es simplemente un elemento más de dilación, otra cuota de confusión. Quizás fuera esperable desde la oposición -ya que al parecer no se les puede pedir consistencia entre lo que planteaban cuando eran gobierno y lo que dicen ahora cuando son oposición- que volviesen a enredar la discusión, a alargar la espera. Lo que no resultaba esperable es que senadores del oficialismo se sumaran tan locuazmente a dicha confusión. El mundo al revés, mientras que desde las filas del oficialismo se plantea no insistir en la reintegración, desde sectores de la oposición se advierte que el gobierno tiene los votos en el Senado para aprobarla.

Concordando con que los técnicos no pueden reemplazar a los políticos, ni los políticos a los técnicos, en este caso resulta evidente que esta confusión se ha cocinado íntegramente en los pasillos políticos.

Mientras tanto, sigamos contando ...., mañana serán 424.