La realización de la COP25 en Chile gatilla fervor en algunos y temor en otros. Estos últimos apuntan al riesgo de que como país asumamos compromisos sin tener una real evaluación del impacto que puedan generar sobre nuestro desarrollo, sobre la situación económica de los chilenos y, sobre todo, que se asuman sin tener siquiera certeza del impacto real que en materia de cambio climático vayan a tener las políticas que eventualmente se implementen. En pocas palabras, que se asuman compromisos de cuestionable impacto en lo medioambiental, pero de importante impacto en la capacidad de progreso del país.

De hecho, sin darnos cuenta -incluso sin COP25-, hace rato que estamos en presencia de distintas discusiones que pueden frenar el desarrollo de la inversión en el país. Hablo de variadas iniciativas legislativas, en trámite o pendientes de implementación, cada una de las cuales genera su propia cuota de incertidumbre.

Por ejemplo, bajo la premisa de proteger nuestros glaciares, está avanzando una reforma legal que limita la actividad económica en sectores de glaciares y ambientes periglaciares (áreas de suelo congelado). En ausencia de una evaluación sobre la pertinencia de una real conservación de cada uno de ellos, o de la compatibilidad de dicho objetivo con desarrollos cercanos, es razonable suponer que dicha reforma hará prácticamente inviable cualquier desarrollo de proyectos de inversión y de conectividad en distintas zonas de la cordillera y precordillera. Pero no solo afectaría el desarrollo de futuros proyectos, sino que también los que ya existen, y se estima que ello podría tener un efecto en más de 35.000 empleos directos y 90.000 indirectos, tan solo en el sector minero.

Otro ejemplo es el proyecto de ley relativo a "Zonas latentes y saturadas", que impone restricciones adicionales al desarrollo de proyectos en áreas declaradas como tales. Con ello se busca establecer la obligatoriedad de que todo proyecto deba contar con un estudio de impacto ambiental, eliminándose la opción de la tramitación de una declaración de impacto ambiental, incluso para todos aquellos proyectos que no aportan mayormente a la contaminación. Esta mayor carga regulatoria alarga innecesariamente los tiempos y costos asociados a la tramitación y desarrollo de los proyectos, sin que ello afecte los niveles de contaminación en la zona.

La lista continúa. La pronta creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, tal como hoy está concebido, también genera dudas. Contará con facultades que se extienden más allá de las áreas declaradas como protegidas, otorgándole atribuciones de fiscalización y sanción que se superponen al rol que hoy cumple la Superintendencia del Medio Ambiente. Dichas superposiciones resultan difícilmente constructivas.

También hay que tomar nota del proyecto de ley que busca proteger los humedales urbanos, el que, obviamente, afectará áreas urbanas o cercanas a ellas. El problema evidente es la falta de claridad sobre el concepto mismo de humedal. Todo un "detalle" que genera dudas, entre otras, respecto de la aplicación y alcance de la norma. El desarrollo de proyectos portuarios y aeroportuarios probablemente se vea fuertemente cuestionado.

En este listado no se puede dejar de mencionar la reforma legal presentada por el Gobierno al Congreso que establece sanciones penales a los delitos ambientales. Preocupa que en esta discusión el foco no parece estar puesto en cómo evitar daños ambientales ni en el fortalecimiento de medidas reparatorias, sino en la necesidad política de encontrar culpables.

Y para cerrar la lista, está por verse en qué se traducirán los "Planes Regionales de Ordenamiento Territorial", instrumentos creados hace poco en nuestra legislación y que deben ser elaborados por los gobiernos regionales encabezados por los próximos primeros gobernadores regionales electos. Estos planes, en términos generales, implican una zonificación de las áreas rurales, que definirán el tipo de actividades que pueden desarrollarse en ellas. Es decir, sin un análisis en profundidad, el nuevo sistema político regional definirá en un mapa cuáles actividades son compatibles entre ellas.

En fin. Al razonable temor respecto de lo que la COP25 podría potencialmente representar en materia de "incertidumbre", se debe tomar conciencia de una realidad que ya está planteada a través de variadas iniciativas que tienen el mismo efecto. Cada vez más la discusión se aleja de lo que se pudiera llamar un desarrollo sustentable, acercándose a posiciones de proteccionismo a ultranza, que no evalúan el impacto regulatorio que ello conlleva. Los avances tecnológicos y, a partir de ello, nuevas formas de desarrollar proyectos hacen compatibles iniciativas que en el pasado no se podía imaginar que pudieran coexistir. Ojalá la COP25 no venga a amplificar la mirada que ya está instalada en diversos sectores del Parlamento y del mundo político, mirada que difícilmente contribuye al clima de certezas y estímulos a la inversión que los chilenos necesitamos para volver al camino del progreso.