El Tribunal Constitucional ha sido objeto de serios y variados cuestionamientos. A veces se deben a que no gustan sus decisiones, cosa habitual en un órgano que, por definición, no puede dejar contentos a todos. En cambio, otras razones de irritación son más atendibles. Es verdad que se trata de un órgano que tiene algo de político y algo de jurídico, pero da la impresión de que, de manera progresiva, el aspecto político del tribunal ha prevalecido sobre el jurídico, y hoy se hace necesario reestablecer un sano equilibrio. Además, las frecuentes informaciones sobre disputas y desavenencias al interior del propio organismo no contribuyen a su prestigio. De ser ciertas, resultan impresentables. Las instituciones deben cuidar su estética.

Preocupado por la situación del TC, un destacado grupo de juristas ha hecho recientemente propuestas muy interesantes y ponderadas. Podemos compartirlas o no, pero ellas constituyen un buen punto de partida para su discusión. El solo hecho de que formen parte de él personas de variadas tendencias políticas constituye una buena noticia para el país. Nos muestra que no todo es tan agrio como parece en nuestra vida ciudadana.

El actual motivo de discordia en el TC es el próximo nombramiento de su presidente. En principio, no debería ser una noticia que acapare la atención de la prensa, salvo por un detalle. Como los miembros del tribunal son diez, en caso de empate dirime el voto de su cabeza. Dicho en otras palabras, quien ocupa ese cargo tiene la extraña capacidad de clonarse, y no en cualquier momento, sino precisamente cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, por una magia constitucional, en los instantes de mayor conflicto su voto vale por dos. Esa extraña facultad de clonar, de crear un juez fantasma que se presenta en los minutos decisivos para producir un desempate, pertenece a los propios miembros de ese tribunal. Según la prensa, la figura que aparece con mayores posibilidades de ser elegida es María Luisa Brahm.

Como el tema de su eventual nombramiento no es pacífico, resulta fundamental enmarcar adecuadamente el problema. En efecto, una persona puede tener características individuales muy positivas, por ejemplo: ser trabajadora, sobria y ordenada, tres atributos que le vienen bien a cualquier tribunal y más cuando tiene muchas causas pendientes. Sin embargo, puede haber otras circunstancias que hagan que su posible elección no resulte prudente.

Sabido es que la ministra Brahm ocupó un papel muy relevante en el primer gobierno de Sebastián Piñera, tanto que era calificada como “los ojos y oídos” del Presidente. Sucede, sin embargo, que entre las atribuciones del TC está la de controlar al Poder Ejecutivo, que en Chile posee muchas atribuciones legislativas.

¿Significa eso que su pasado de “ojos y oídos” presidenciales le impide juzgar con justicia en los conflictos que llegan al TC? ¿Estamos dudando de su idoneidad moral? Nada de eso. Es posible que una persona pueda sobreponerse a una situación que dificulta su imparcialidad y que, a pesar de ella, haga justicia. Es más, todo indica que tal sería el caso de la Sra. Brahm. Pero este es un pésimo argumento para declarar irrelevante su pasada cercanía a una autoridad a la que debe controlar; implica olvidar que Chile es una república y, como tal, se rige por criterios impersonales.

La situación anterior se agrava en el caso de que ella asumiera la presidencia del TC. Si ya era cuestionable que una persona pasara directamente del Segundo Piso de La Moneda al Tribunal Constitucional, ahora ya no sería solo un voto más en un gremio de diez jueces. Por efecto de esa clonación en situaciones extremas (que, en este caso, son las realmente importantes), ese defecto se multiplicaría por dos. Además, si hay instituciones donde la fuerza simbólica resulta especialmente relevante, el TC es una de ellas, y más cuando es objeto de tantas críticas. No es el momento de permitirse el lujo de que pueda decirse, ante algún fallo polémico que se resuelva por su voto dirimente: “obvio que falló así, es la operadora constitucional del Presidente”. Podrá ser injusto; podrá decirse que su elección está conforme a la legalidad, pero difícil será negar que a todo este procedimiento le habrá faltado estética.

Soy el primero en reconocer que discrepo profundamente de uno de sus fallos, el del aborto. Pero la ministra Brahm ha intervenido en infinidad de sentencias y, si la memoria no me falla, no tengo mayores objeciones respecto del resto de sus decisiones que conozco. Además, me parece que ninguno de los argumentos expresados más arriba depende en lo más mínimo de mi personal postura acerca ese fallo en particular.

Difícil decisión espera a los ministros del TC, en especial porque en estos días son objeto de las más variadas presiones. Su tarea se complica, además, por las disputas personales que los dividen. Pero aquí no estamos para pequeñeces, ellos deben pensar en el país.

Quizá, sin embargo, esta delicada situación tenga una salida mucho más sencilla, aunque inesperada, una solución que no depende de mayorías ni minorías, sino solo de una persona: María Luisa Brahm. Quizá sea una decisión difícil para ella, pero muy saludable para el TC.