El sistema, que funcionó mal para el nombramiento de Dobra Lusic a la Corte Suprema, amenaza con hacerlo peor con M. Angélica Repetto. Los jueces gravitan crecientemente no solo en la mantención sino también en la configuración de nuestro orden político, social, económico y cultural. Nombrar jueces ha pasado a ser una de las prerrogativas más importantes de las autoridades electas y la opinión pública, con razón, está atenta a su ejercicio.

Los senadores de oposición afirman que la Sra. Repetto es apta para el cargo, pero que no votarían su ratificación, por cuanto el nombre no les fue consultado de antemano. El Gobierno, que el sistema anterior, con lobby y cabildeo no transparente, ya no es aceptable, por lo que no volverá a él. El vocero de la Suprema y la de Gobierno le meten sus propios pelos a la sopa. Entretanto, el Gobierno anuncia reformas el sistema de nombramiento de los restantes jueces. Me temo que los desacomodos institucionales no se solucionarán y las reformas pueden terminar empeorando las cosas si antes no tenemos claridad del papel que corresponde al Senado y más generalmente a autoridades políticas en la designación de los jueces.

Nuestra regla tradicional confiere al Presidente la facultad de nombrar a los jueces, escogiéndolos de entre unos pocos candidatos que le proponen los mismos jueces. En el caso de los Supremos, el Senado debe ratificar por 2/3 la elección del Presidente. Los jueces deben confeccionar la lista de candidatos según antigüedad y méritos. El Presidente escoger con entera discreción política. ¿Y qué hace nombrando jueces el Presidente? Si la ideología, cosmovisión o valores de los jueces gravitan en su forma de entender y aplicar el derecho, entonces se justifica que el Presidente, por sus títulos democráticos, pueda escoger entre personas ya calificadas como profesionalmente aptas.

Si el sistema funciona bien, la selección judicial previa debiera garantizar que solo asciendan personas meritorias, mientras que la elección final del Presidente asegurar que los valores socialmente dominantes vayan permeando la cultura judicial. Si el país elige presidentes conservadores, debieran ir ascendiendo jueces conservadores. Y así con el garantismo, el liberalismo, el igualitarismo y otros valores que van primando y tensionándose entre nosotros.

Este sistema dual es perfectible o cambiable. El Gobierno ha anunciado cambios radicales para el nombramiento de jueces no supremos. Nos propone que, en vez del Presidente, la elección la haga una comisión integrada por el ministro de Justicia, la alta dirección pública y representantes de algunas corporaciones. ¿De verdad quieren hacernos creer que la tarea de un ministro de Justicia es la de medir el mérito y no la de hacer política? ¿De verdad alguien cree que la alta dirección pública conoce mejor que las cortes la trayectoria de un juez? ¿Es que la política ha llegado a tal grado de descrédito que los políticos deben disfrazarse de tecnócratas caza talentos?

Vamos a los ministros de la Suprema. En la lógica descrita, donde los jueces miden el mérito y el Presidente elige por razones políticas, ¿cuál es la función del Senado? El Senado no participó de la designación de los supremos hasta 1997, en que, para renovar una Suprema desprestigiada, aceptó una reforma constitucional que abrió 10 cupos en esa Corte. Si, hasta esa fecha, la alternancia en el poder garantizaba razonablemente el pluralismo del máximo tribunal, era demasiado poder que un solo Presidente nombrara casi la mitad de la Corte. El Senado puso como condición su ratificación y Frei aceptó. Lo que se justificaba para un momento se adoptó como norma permanente y de ahí en más la participación del Senado ha venido tropezando hasta terminar en el actual enredo.

Si se trata de que la participación del Senado asegure pluralismo en la Suprema, su tarea no consiste en ratificar, sino en negociar antes del nombramiento y eso no puede hacerse en una audiencia pública; pues no se trata que el Senado mida de nuevo el mérito o la idoneidad, sino de cuotear. El fin del binominal; la dificultad de poder cargar un juez claramente al bando y a la cuenta de una tendencia política, lo que hizo difícil determinar a quién le toca cada vez; la demanda popular por mayor transparencia, y las prácticas oscuras que se fueron necesariamente produciendo en una negociación previa, donde naturalmente los candidatos querían hacerse oír y los Senadores escuchar, pero en privado, ha terminado por matar lo que existió.

¿Por dónde salir? En el papel parece simple: Restar al Senado y volver a confiar en la alternancia de la Presidencia como garantía de pluralismo en la Suprema. La moneda de cambio podría estar en los nombramientos de los 5 abogados ajenos a la carrera judicial. Respecto de ellos puede eliminarse la participación de la Suprema y ponerse al Senado en un papel aún más preponderante.