El título de esta columna le ha sido robado a un libro del genial Quino, uno de los grandes del humor. Los humoristas debieran recibir premios. No pocas veces son más agudos que los ensayistas para tratar la política y otras, cuando se ríen de nosotros mismos, nos hacen menos engreídos, menos censuradores y más tolerantes. ¿No es esa acaso una gran contribución a la paz?

En los últimos días hemos descubierto que hay maldad entre algunos carabineros y militares. Los unos destruyendo evidencia, los otros quedándose con el vuelto de los pasajes y vendiendo armas a los narcos. Las redes sociales de los buenos estallan en sorpresa e indignación. ¡Qué mala es la gente!

Hace siglos, la democracia dejó atrás la ingenuidad adolescente de los buenos y viene recomendando transparencia y controles para todos los que manejan dineros públicos o detentan poder y sanciones para los que las transgreden.

Entre nosotros, los controles sobre uniformados se relajaron en razón del secretismo con que la dictadura cubrió los asuntos castrenses. Luego, al principio de la democracia, no se pudo restablecerlos, después el asunto se olvidó y algunos, tal vez, prefirieron no revisarlo. Nuevamente los buenos, poniendo los ojos en blanco, acusarán a quienes hicieron la transición de tibieza, cuando no de pactos secretos. ¡Qué mala es la gente! Pero cómo no hay mejor manera de pedir disculpas que reparando el daño, y ahora ningún legislador puede asilarse en que no sabía cuán mala era la gente, lo que debemos reclamar de la política es que existan reglas, para que también en esos ámbitos reine la transparencia y el control. No se trata de dar manotazos, como el de dejar a Carabineros sin gastos reservados, sino de establecer sofisticados sistemas, que sean compatibles con el orden interno y la seguridad exterior.

La opinión pública tiene derecho a escandalizarse, pero la tarea de los políticos no es ser guaripola en el voceo de tan nobles sentimientos, sino la de establecer sistemas de transparencia, de control y de sanciones adecuados, que nos den las mejores perspectivas de hacer que la corrupción sea la excepción y no la constante.

Mantener la corrupción a raya es indispensable para el desarrollo y la democracia. Los países se desfondan cuando los dineros públicos se escabullen en bolsillos privados. El mejor ejemplo es Venezuela. Hace cuatro décadas estaba en el primer lugar del PIB per cápita de América del Sur y gozaba de estabilidad democrática. Hoy es colista en ambos rankings. El descenso no lo explica el precio del petróleo ni la intrínseca ineptitud del Estado (si no, déle una mirada a China). El populismo de Bolsonaro tampoco viene de una tendencia mundial inevitable, como nos quieren hacer creer algunos cientistas sociales. Lo que lo llevó al poder es la misma corrupción que permitió el gobierno de Chávez.

Estos ángeles defectuosos somos y seguiremos siendo malos, al menos un poco, o en parte. Escandalizarse no está de más, pero es aún mejor reconocer que estos accesos de repudio público enfocan poco rato en un mismo tema; ya vendrán nuevas situaciones poco edificantes donde tan nobles emociones irán a posarse. Dejar los males sin remedio sí que es irresponsable.

La principal y persistente demanda debiera ser primero por verdad y justicia, y luego debemos reclamar vigilantes la adopción de nuevas y mejores reglas, pues las que existen se han mostrado insuficientes. Verdad, justicia, reglas de transparencia y de control son los mecanismos de la democracia para prevenir la maldad de la gente; en este caso, para prevenir la corrupción, uno de los peores males que pueden infectar las instituciones públicas. Hasta los más buenos y los más ingenuos quedan ahora advertidos.